H. Viana - M. A. Cervilla - I. Avalos - A. Balaguer
Este primer ámbito alude al entorno general dentro del que se mueve la empresa. Se parte del supuesto de que, no teniendo un ambiente propicio, la empresa no puede ser competitiva, por más esfuerzos que haga. Así pues, en la configuración de ese entorno entran en juego aspectos cuya modificación queda, en general, fuera del alcance de las empresas, siendo competencia del Estado, bien sea de manera directa o indirecta. En este entido, aun cuando la investigación realizada no tenía como intención explorar este ámbito de la política, cabe hacer mención de los siguientes elementos, tratados con cierta generalidad.
En primer lugar, el entorno se percibe a través de la reglas de juego que guían el comportamiento de las empresas. En este sentido, desde el año 1989 para acá, cuando se inicia el proceso de cambio del modelo de desarrollo en nuestro país, la promulgación de tales reglas ha sido el aspecto que ha recibido mayor atención.
En efecto, en ese período la acción gubernamental se concentró en la elaboración y aplicación de una nueva política económica que se corresponde con la idea de crear una economía de mercado, abierta al mundo, para de esta manera aumentar una sana rivalidad empresarial. Así, al lado de la reforma comercial -el elemento más importante de esa política, junto a las llamadas medidas de ajuste macroeconómica- se promulgaron nuevas leyes, y se revisaron y modificaron otras -la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Protección al Consumidor, la Ley para Promover y Proteger al Ejércicio de la Libre Competencia, la llamada Ley Antidumping, la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Propiedad Industrial-, con el fin de entonar la economía venezolana en función de las nuevas realidades, tanto nacionales como internacionales y hacer que las empresas puedan desarrollar sus planes tecnológicos conforme a normas lo más clara y lo más estables posibles.
Llama la atención, sin embargo, la escasa atención que se le ha prestado, dentro de este programa de modernización de nuestra legislación económica, a la normalización, tanto en lo que se refiere a la revisión y actualización de normas industriales, como a la transformación del aparato institucional encargado de esta tarea. Este hecho es de particular importancia hoy en día, puesto que las normas industriales se han convertido en un elemento crucial dentro del comercio internacional, más importante, inclusive, que los aranceles. La reforma comercial requiere de la reforma, igualmente profunda, de la política en materia de normas industriales. En esta área el Estado tiene una amplia labor por realizar, la cual si bien no le compete de manera exclusiva, es sobre quien recae la mayor responsbilidad.
En segundo término, toca hacer referencia a la infraestructura de comunicaciones. En estos tiempos de globalización de la actividad productiva, todo lo relativo a la infraestructura disponible en materia de comunicaciones resulta un requisito fundamental para la competitividad. Con ésto se está aludiendo a un abanico bastante amplio de aspectos, dentro del que se incluyen carreteras, puertos, correo, redes para la transmisión de datos, etc., en todo lo cual, si bien se están haciendo esfuerzos importantes, siguen siendo insuficientes, a punto de que, en todos los informes que analizan la competitividad de Venezuela, las deficiencias en las comunicaciones aparece siempre diagnosticado como uno de los factores negativos preminentes. Al Estado le compete la modernización de tal infraestructura, lo cua lno quiere decir que tenga que asumir, siempre y en todos los casos, su desarrollo y mantenimiento. Hay diversos esquemas de acuerdo con el sector privado, a través de las cuales puede hacerse.
En tercer lugar, el nivel macro implica acciones sobre lo que, en términos muy amplios, se denomina la infraestructura técnica. En ésta quedan comprendidas todas las instituciones que tradicionalmente han integrado el llamado Sistema Científico y Tecnológico, todo el sistema educativo y de entrenamiento, las redes de bibliotecas y centros de documentación e información, los institutos de patentes, normalización y control de calidad, los servicios de estadísticas y, en general, todos los servicios técnicos, de asesoría y consultoría (Pérez, 1990).
El sistema científico y tecnológico nacional se ha desarrollado desde hace relativamente poco. No obstante los esfuerzos realizados, variables según los distintos gobiernos, se trata de un sistema relativamente pequeño, si se lo mide según los estándares internacionales -monto de la inversión, número de investigadores, etc.-, aun cuando representa una porción significatiav de los recursos de mayor nivel de capacitación existentes en Venezuela. Además, es un sistema que guarda relaciones muy débiles con el sector productivo (Viana y otros, 1993).
El Estado venezolano tiene una misión importante dirigida hacia la consolidación y ampliación del sistema científico y tecnológico, un área en donde el mercado es claramente insuficiente. Tal misión no debe limitarse, al suministro de los recucrsos de toda índole que se requieren, sino que precisa también de ciertas definiciones respecto a su misión dentro de la sociedad nacional. En particular, se advierten actualmente ciertas dudas respecto a la función que deben cumplir los centros de investigación, la mayoría de los cuales dependen del erario público: ¿deben hacer ciencia o tecnología?, ¿deben ser privatizados?, ¿deben autofinanciarse?, ¿cuál debe ser su relación con el sector productivo?, etc. Dudas parecidas surgen en materia de entrenamiento, de sistemas de información, etc.
En general, el Estado debería tener una “filosofía” al respecto, la cual debería descansar en el principio general de que la capacidad tecnológica debe ser creada dentro del sector productivo y que al sistema científico y tecnológico le toca, en función de ese objetivo, una labor complementaria. Debe haber, pues, algunas ideas orientadoras al respecto, así como ciertas reglas de juego derivadas de ellas.
Y, junto a la claridad de la misión, debe procurarse que el sector productivo pueda tener acceso fácil a los diversos servicios que presta el sistema científico y tecnológico del país. Por lo general, nuestras empresas no saben que pueden buscar en él, ni cómo hacerlo en el caso de que lo necesiten.
En este trabajo se ha señalado que la capacidad competitiva de un país no es la suma de las capacidades de que dispone cada empresa individual y que el eje de la actividad productiva no está constituido por la empresa aislada, sino por redes institucionales que agrupan y organizan la actividad de las empresas, tanto horizontal, como verticalmente. Se ha dicho, por tanto, que la competitividad tiene, en ese esntido, un carácter sistémico.
Se ha afirmado, asimismo, que a lo largo de la etapa de sustitución de importaciones se conformó un aparato industrial centrado en las actividades de ensamblaje, muy poco integrado “hacia adentro” y muy integrado “hacia afuera”, lo cual fue dando lugar a una “cultura” dentro de la cual no solamente no existía el hábito de la cooperación entre las empresas nacionales, sino incluso cierto antagonismo creado por desconfianzas recíprocas entre los diversos actores del desarrollo económico.
De lo expuesto se desprenden algunos lineamientos de política pública:
1) La existencia de hábitos contrarios a la colaboración inter-empresarial pone sobre el tapeet una primera labor por parte del Estado. A éste le corresponde desplegar una labor de convencimiento o de “concientización”, a fin de que se vaya conformando una cultura propicia para la colaboración. En tal sentido, al sector público le toca desempeñar un rol de gestor, de catalizador de acuerdos entre los diferentes actores del proceso económico -empresas, centros de investigación, firmas de ingeniería, fabricantes de equipo, agentes comerciales, etc.-, entre ellos y con el gobierno, a fin de asociar intereses e integrar esfuerzos, bien sea a lo largo de lo que tradicionalmente se ha considerado un sector -dimensión horizontal de la cooperación- o de la cadena productiva -dimensión vertical-.
2) La organización de aparato público debe cambiar sustancialmente. A pesar de algunos cambios, éste sigue estructurado en función de las viejas separaciones sectoriales -las cuales se replican en la propia organización empresarial- y disponiendo de mecanismos muy rígidos de intervención, detrás de los cuales sigue estando presente la antinomia entre el sector público y el privado.
En síntesis, para ser competitiva, la empresa moderna debe establecer lazos de interacción y de cooperación técnica con los usuarios y proveedores, así como con toda una red de socios incluidos sus competidores-. Esta interacción implica la posibilidad y la necesidad de que cada empresa se especialice en lo que constituye su capacidad tecnológica básica y busque relaciones estables con proveedores de todo lo demás (Pérez, 1990).
El Estado -bajo la forma de gobierno central o de autoridades locales o de empresas públicas- tiene un importante papel que desempeñar en los siguientes aspectos:
Un aspecto importante en relación con el nivel intermedio es la necesidad de superar las barreras institucionales que separan los diferentes sectores: minero, agrícola, industrial, servicios y la infraestructura. Las interacciones más dinámicas están ocurriendo en la interfase entre estas actividades -a lo largo de cadenas de transformación- y entre todas ellas y el mundo de la tecnología. El desarrollo de “ventajas sistémicas” requiere del establecimiento de fuertes lazos de interacción entre empresas y entes tradicionalmente ubicados en sectores separados y, a menudo, enfrentados en sus intereses (Pérez, 1990).
Se ha señalado varias veces que el cambio en la política económica -la adopción de un nuevo modelo de desarrollo-, no bastan para que la empresa venezolana reaccione positivamente en términos de la elevación de su capacidad tecnológica y, en general, de su competitividad. En este esntido, las encuestas realizadas dentro de esta investigación revelan dos hechos muy claros.
Por una parte, la mayoría de las empresas venezolanas no ha logrado tener una percepción clara de la importancia que reviste para ella el mejoramiento de su capacidad tecnológica, bien sea a través de la contratación de servicios de Investigación y Desarrollo, del entrenamiento de su personal o, por citar otro elemento, de la consulta a servicios de información especializados. A lo más, hay conciencia de la importancia que tiene la compra de maquinarias y equipos, sin que ésta sea asociada a la adquisición de tecnología. En pocas palabras, pues, la empresa venezolana típica, si bien tiene necesidad de elevar sustancialmente su nivel tecnológico a fin de poderse desenvolver dentro de las nuevas realidades económicas, no la traduce en una demanda explícita que, a su vez, se convierte en acciones dirigidas a satisfacerla.
Por otra parte, y ésto también vale paar casi todas las empresas nacionales, conforme a los resultados de la muestra examinada, la empresa evnezolana promedio, aún si tuviera conciencia del problema, no cuenta con los recursos disponibles para encararlo.
Estos dos elementos configuran el punto de partida y la orientación básica según la cual debe ocurrir la intervención estatal. Dos líneas básicas emergen de aquí.
La primera de ellas tiene que apuntar, de nuevo, hacia la concientización y divulgación. Como se vió a lo largo del estudio, las empresas no tienen conciencia de sus necesidades de cpacitación tecnológica, ni de información, ni de su fortaleza competitiva y los requerimientos que necesitan para afrontar con éxito un entorno más competido. En otras palabras, las empresas venezolanas no parecen estar concientes de la importancia de su capital humano para poder competir con éxito, así como de la importancia de forjar alianzas y adquirir nuevas tecnologías tanto gerenciales como de producción. Como se mencionó en la introducción estamos frente a un nuevo “paradigma tecno-económico” que entraña una transformación profunda de las capacidades gerenciales requeridas. Recordando la cita de Carlota Pérez (1992): “El sentido común para la organización eficiente sufre un vuelco total. Lo mismo vale paar los dirigentes sindicales, los distribuidores, los proveedores, los gerentes de bancos y los funcionarios gubernamentales con quienes los empresarios se relacionaban y negociaban”.
En relación con los programas de concientización y divulgación que pueda emprender el Estado, merece especial atención aquellos dirigidos a las PMEs, dado que -como se pudo constatar a lo largo de este estudio- su nivel de conciencia sobre sus necesidades es mucho más bajo que el de la gran empresa. Así mismo, la PMEs requieren mayores recursos financieros, tecnológicos, gerenciales, técnicos calificados y de información que las empresas grandes, lo cual lleva a la segunda línea de intervención.
La segunda línea de intervención tiene que ver con la falta de recursos. Aún partiendo de que es la empresa la que debe tomar la iniciativa y demostar su capacidad en un ambiente competitivo, una empresa innovadora o en proceso de renovación requiere que el entorno le pueda brindar ciertos recursos elementales como son: personal calificado, servicios técnicos y financiamiento para el tipo específico de actividades que constituyen los procesos de modernización.
En relación con el financiamiento, un error muy común es creer que lo más importante es bajar el costo. Diversos estudios (Avalos y Viana, 1991, Pérez, 1992) indican que, contrariamente a lo que usualmente se pensaba, la política de financiamiento al desarrollo tecnológico no estriba, de manera principal, en la disponibilidad de dinero barato. Este es necesario, desde luego, para las actividades más ligadas a la investigación, pero no así para otros “intangibles” (mejoramiento del personal a través de programas de entrenamiento, contratación de servicios de asesoría, cambios en el “lay out” de planta, adaptación o modificación de maquinaria y equipos, etc). En este caso, lo que se necesita es que existan fondos dispuestos para esas actividades, un tanto “heterodoxas” en el medio bancario nacional, que los institutos financieros tengan cierto “know-how” al respecto, que la obtención del crédito no suponga trámites complicados y largos y que haya flexibilidad en la exigencia de las garantías correspondientes.
Por otra parte, lo más usual en los sistemas de financiamiento existentes es que se facilita la inversión en nuevos equipos o la obtención de capital de trabajo a corto plazo. Parte del ambiente facilitador que requiere el aparato productivo para hacerse competitivo, es el acceso a una amplia gama de esquemas para proveer fondos; algunos de los que pueden mencionarse son los siguientes:
Tales fondos deben ser accesibles según un abanico de alternativas más o menos amplio que permita ajustar el crédito a la naturaleza del propósito que se persigue.
Los recursos humanos constituyen otro elemento esencial para facilitar la modernización. Es un hecho que las empresas no podrán mejorar su competitividad si no cuentan con la oferta adecuada de capital humano. Como ha señalado (Pérez, 1992): “es preciso re-examinar y renovar todo el sistema de educación y capacitación. Se necesitan cambios de contenido y métodos pedagógicos para ponerse al día en las nuevas tecnologías y avanzar hacia lo interdisciplinario y hacia el aprendizaje continuo. Quizás sea preciso crear instituciones de capacitación permanente y readiestramiento, así como condiciones para el entrenamiento en el trabajo. Habrá que actualizar las escuelas de ingeniería y de administración de empresas y los servicios de capacitación técnica y secretarial”.
Los esquemas de formación de recursos humanos cumplen varios objetivos:
Sin embargo, es importante señalar que al igual que se requieren esfuerzos destinados a mejorar la cantidad y la calidad de la oferta, igualmente se requerirán cambios a nivel de la organización de la empresa que permitan consolidar el proceso de aprendizaje organizacional, que fomente la actividad innovadora y que permita una eficiente administración de los conocimientos de la empresa. Hacia esto apunta toda la asistencia que pueda ofrecerse en materia de diseño organizacional y su relación con los procesos de aprendizaje e innovación.
En el área de recursos humanos existen necesidades de apoyo en consultoría externa en diferentes aspectos, así como requerimientos de entrenamiento que cubren una amplia gama de habilidades, tanto generales como específicas. En relación con las necesidades de apoyo en consultoría externa pueden señalarse las siguientes áreas:
Por otra parte, se requiere un especial apoyo en el campo de lo que se denomina la Gestión Tecnológica, es decir, en el manejo gerencial de los diversos aspectos que tienen que ver con la adquisición y uso de la tecnología: selección y evaluación de tecnologías, negociación de tecnologías, asimilación, adaptación y mejoras de tecnología, gerencia de las actividades de Investigación y Desarrollo,comercialización de tecnologías, etc.
El tercer gran bloque de recursos para apoyar la reconversión empresarial lo constituyen los servicios técnicos y de información. Estos incluyen:
A partir de los datos que arroja el presente estudio, es claro que existen necesidades relacionadas con las siguientes áreas de información: información de mercado, especialmente de mercados foráneos; arranque y asistencia en la actividad de exportación; educación gerencial, especialmente en el área de gerencia de tecnología; información sobre las tendencias económicas que pueden influenciar el desarrollo de futuros mercados; asistencia en el cumplimiento de los estándares y regulaciones tanto locales como en los mercados foráneos; asistencia con el patentamiento y con los contratos de licencia en tecnología y en productos; etc.
Cada uno de estos renglones tiene aspectos generales y otros que afectan a una industria o empresa de manera específica. Por ello, “sería inútil intentar montar un sistema completo de información centralizada para suplir esas necesidades. El reto sería el facilitar el desarrollo de una red de múltiples entes y muchos actores públicos y privados, nacionales y regionales grandes y pequeños, por servicio o por actividad económica con diversas maneras de captar, procesar y difundir información (Pérez, 1990). En este proceso el Estado podría colaborar con:
En síntesis, el Estado debe apoyar firmemente la reconversión del aparato productivo venezolano, en el entendido de que éste no puede hacerlo por sí sólo. Tal apoyo debe orientarse principalmente hacia el financiamiento, la capacitación de los recursos humanos y la disponibilidad de recursos técnicos y de información y en su implementación debe tratarse de cumplir con tres condiciones.
En primer lugar, desde el punto de vista administrativo, el apoyo del sector público debe concretarse de manera descentralizada, insertándose de esta manera en lo que es, sin duda, una de las tendencias más claras de la política estatal venezolana. Esto quiere decir que para la prestación de este apoyo no debe caerse en la tentación de crear organismos de carácter nacional, centralizadores de todas las acciones y de todos los recursos, los cuales se convierten, en consecuencia, en aparatos pesados y lentos, poco flexibles, excesivamente burocatizados y alejados de los usuarios a quienes pretenden servir.
En segundo término, el apoyo público debe hacerse según ciertas especializaciones, atendiendo a las características tecno-económicas que presente un determinado sector o una determinada cadena productiva. En general debe evitarse la existencia de organismos diseñados para cumplir alguna función -formación de personal, suministro de información, realización de actividades de I&D- indistintamente para cualquier área productiva.
Y, por último, el apoyo no debe replicar las viejas prácticas paternalistas, características de nuestro antiguo modelo de desarrollo, y para ello debe darse siempre como fruto de acuerdos entre el sector público y el sector privado, acuerdos que no solamente deben implicar la definición de objetivos y de la naturaleza de los programas, sino también la determinación de las modalidades según las cuales debe darse el apoyo.
Al atacar estos tres niveles de acción, se deberá manejar adecuadamente la paradoja de estimular la rivalidad al mismo tiempo que la cooperación.