H. Viana - M. A. Cervilla - I. Avalos - A. Balaguer
La teoría señala que las fuerzas del mercado no conducen a una óptima asignación de los recursos que se precisan para el desarrollo de innovaciones. En este caso la tasa privada de retorno de los recursos asignados es generalmente mucho más baja que la tasa social de retorno. Las fallas del mercado y la discrepancia entre el interés público y el interés privado, puestas de manifiesto por diversos autores en lo que concierne al monto y la orientación de los recursos que deben dedicares a la producción de innovaciones, obedecen a varias razones que no cabe explicar aquí.
Las inadecuaciones del mercado no son, desde luego, las mismas para toda la gama de actividades científicas y tecnológicas de una u otra manera generan conocimientos y por tanto en muchas de ellas el flujo de recursos privados es significativo e incluso predominante. Lo que se ha querido decir es que no puede ignorarse la intervención estatal en el estímulo y orientación del desarrollo científico y tecnológico, aunque pueden discutirse, desde luego, las modalidades dentro de las que deba ocurrir. Así lo prueba aún el más desprevenido análisis de la experiencia de países considerados como exitosos desde el punto de vista de sus logros industriales y tecnológicos: Japón es una demostración palmaria al respecto. La “no tan invisible mano del Estado” en la coordinación del esfuerzo nipón en materia de educación y tecnología constituye el mayor éxito de intervención estatal en nuestro siglo y puede resultar aún de mayor importancia la imitación coreana de este modelo. En los Estados Unidos, después de las “reagonomics”, se ha reivindicado el rol del gobierno en la economía y ha cobrado fuerza la convicción de contar con una política tecnológica, sobre la base, según muchos, de que la competitividad de la industria americana es hoy en día un problema de seguridad nacional.
El Estado debe, según lo dicho, intervenir con fuerza. Se habló antes del modo como intervenía bajo el modelo de sustitución de importaciones, señalándose, en términos generales, que estuvo presente en casi todos lados, pero fue poco eficiente en muchos de ellos. A la vez, por paradójico que suene, le dió poco sentido de dirección al país.
En medio de las nuevas circunstancias que encara la economía venezolana, está sobre el tapete, con carácter de urgencia, su recolección dentro de la actividad económica. Un Estado menos abarcante y más fuerte, con otras maneras de relacionarse con los agentes del proceso económico, con capacidad para propiciar consensos y construir vastas y efectivas alianzas sociales, disponiendo de nuevos instrumentos de acción y esquemas para lograr definiciones colectivas que no se logran ni por la vía del mercado, ni por el expediente de la decisión exclusivamente burocrática. En este sentido urge, entonces, una propuesta que contemple la creación de nuevas formas institucionales que contribuyan a conjugar las opiniones e iniciativas de actores económicos diversos (empresarios, trabajadores y Estado) en torno a consensos que permitan definir los lineamientos de futuras estrategias nacionales.
Todo ello sólo es posible si se adelanta un gran esfuerzo por reformar y capacitar al sector público, el cual no se ha caracterizado, por lo general, por la calidad de su gestión.
Con relación al tema de que se ocupa el presente trabajo, y miradas las cosas desde el conjunto de ideas anteriormente expuestas, lo que se persigue es que el Estado sea capaz de actuar en función de “redes o cadenas productivas”, lo cual supone, institucionalmente hablando, la necesidad de erradicar viejas divisiones burocráticas, así como la creación de nuevos espacios organizativos para que se den los encuentros entre los diferentes actores de una cadena y para que el desarrollo tecnológico sea el fruto de la interacción entre esos agentes. La cadena productiva, y no tanto la unidad productiva individual, se constituye en la referencia fundamental de la política industrial y tecnológica.
Se trata, por lo tanto, de que, sin perder de vista, la relevancia de las agrupaciones “horizontales”, el Estado ponga marcado interés en la función de facilitar la conformación de esos espacios para que se den los debidos eslabonamientos a lo largo de cada cadena -tanto hacia atrás como hacia adelante- partiendo del hecho de que la industria es el eje de cada una de ellas y de que los procesos de cambio tencológico pueden iniciarse en cualquier eslabón de la cadena y difundir sus efectos a lo largo de ella.
Lo anterior implica nuevas formas de relación entre el sector público y el privado, muy distantes de las que tuvieron lugar en el pasado, procurando arreglos institucionales novedosos en el marco de la cooperación.
En el segundo sentido, ello implica también, de parte del estado, fomentar la creación de las instituciones necesarias -valga decir, las estructuras de incentivos, coordinación y de información- que permitan el fortalecimiento de una cultura para la cooperación interempresarial a fin de poder tener un sector productivo que sea competitivo. La configuración de las cadenas productivas es, desde luego, un asunto que, en buena medida y por los momentos, le compete al Estado, pero es también un propósito que requiere de un cambio de actitud y de los modos de operar en el mismo sector productivo. Por ejemplo, las cámaras y en general los organismos de carácter gremial, que hasta la fecha han operado como sindicatos ante el sector público -algo perfectamente congruente dentro del modelo de sustitución de importaciones-, deben actuar ahora en términos de la colaboración entre unos y otros. Dentro de este enfoque, como ya se dijo, la discusión en torno al tamaño de las unidades productivas queda en buena parte diluída, puesto que la factibilidad económica de las empresas y sus posibilidades de enfrentar los riesgos y costos del desarrollo tecnológico no quedan supeditadas tanto al tamaño de cada empresa individual, como a la naturaleza de los arreglos de cooperación interempresarial.
Para una economía lo que cuenta son los recursos tecnológicos que logre acumular en su sector productivo. Los laboratorios y otras instituciones coadyuvan a que esto sea posible y su papel aunque imprescindible, es de carácter complementario, jamás sustitutivo.
Desde el punto de vista teórico, lo anterior se explica por la naturaleza misma de latecnología en tato que conocimiento, por el carácter altamente particular, con respecto a cada empresa, del cambio técnico y por los problemas asociados al control de la tecnología, razones todas que determinan que la misma empresa debe disponer de su propia capacidad. La realidad de los países desarrollados muestra, por su parte, que de cada diez investigadores, ocho trabajan en la industria; así mismo, por lo menos la mitad de la inversión en ciencia y tecnología corre por cuenta del sector productivo y alrededor del ochenta por ciento de toda la inversión es “ejecutada” por este último, lo cual significa que incluso una porción importante de los recursos aportados por el sector público se gastan en la industria.. Aquí reside una diferencia crucial entre estos países y los países subdesarrollados. En Venezuela, por ejemlo, quizás uno de cada cien científicos se desenvuelve en el medio productivo y las empresas no aportan ni el cinco por ciento de la inversión total en ciencia y tecnología, aparte de que el financiamiento aportado por el Estado se destina, en su mayor parte, a la ejecución de proyectos que corren por cuenta de instituciones del mismo sector público.
Los resultados del estudio muestran que sólo un 16 por ciento de las empresas encuestadas tienen I&D. Asimismo, el número de personas dedicadas a actividades de I&D es muy bajo. En el 92 por ciento de las empresas que tienen I&D, el promedio de personas dedicadas a esta actividad es de 5. Esto, en parte, explica las pocas vinculaciones externas entre las empresas y los centros de I&D nacionales. Es sólo cuando existe una masa crítica de investigadores en las empresas cuando comienzan a darse las relaciones con los centros de I&D fuera de las empresas.
Sin negar su evidente importancia, la tarea principal que, desde el punto de vista estratégico e institucional, debe acometer el país para su desarrollo tecnológico no es tratar de que se dé la debida vinculación entre una oferta de tecnologías desarrollada fuera del sector productivo -en el “sector” científico y tecnológico- y las propias empresas, sino la construcción de una capacidad tecnológica en el propio seno del sector productivo.
Esto marca el abandono de las políticas “ofertistas” diseñadas desde el “sector de ciencia y tecnología”, vigentes durante mucho tiempo (6) y, junto a ello, el abandono también de la idea de que el sector productivo es mero usuario de las tecnologías que se le proporcionan desde afuera. En términos aún más concretos, lo dicho implica también la necesidad de que el Estado no se ocupe tanto de financiar la innovación fuera del sector productivo, como de apoyar el dominio tecnológico dentro de este último, tomando en cuenta los procesos de acumulación de capacidades.
Lo anterior debe hacerse tomando en cuenta que la capacitación tecnológica del sector productivo no se da al mismo nivel ni de la misma manera en todas las ramas productivas. Las exigencias tecnológicas son distintas en cada caso y son respondidas de diferente manera. Así, hay sectores que “consumen” innovaciones realizadas por otros, hay unos intensivos en ciencia, otros no, etc., lo cual lleva a la necesidad de diseñar estrategias que marquen las diferencias y respeten la “idiosincracia tecnológica” en cada caso. Esto es algo que en Venezuela no se ha solido hacer a la hora de vislumbrar estrategias y políticas.
Teniendo como marco de referencia lo señalado en estas últimas páginas respecto al papel del Estado, vale decir, la importancia de una política tecnológica a fin de subsanar las insuficiencias del mercado, pero a través de nuevas formas de intervención, distintas a las que prevalecieron durante la etapa de la sustitución de importaciones. Tomando en cuenta las evidencias arrojadas por la presente investigación, en las líneas que siguen se trata de establecer algunas recomendaciones generales, como base para elaborar políticas públicas orientadas a aumentar la capacidad tecnológica del sector productivo venezolano, condición que, si bien no es suficiente, resulta indispensable para que este sea más competitivo.
Recapitulando las ideas mencionadas, desde el punto de vista de su concepción, un programa de promoción de la capacidad tecnológica y competitividad de la industria venezolana debe estar sustentado en los siguientes principios:
Siguiendo el que es ya un criterio establecido en los textos de economía industrial, en el desarrollo de este punto se ha adoptado la idea de dividir la intervención estatal con relación a tres ámbitos distintos de la política tecnológica -macro, intermedio y micro- (7), insistiendo en los dos últimos, dado que son los que más tienen que ver con la información recogida para la realización de este estudio.