Renate Koroschetz de Maragno
El medio ambiente en Venezuela siempre ha contado con mucha sensibilidad por parte de los gobernantes y, además, desde muy temprano en la historia del país, se ha tomado diversas medidas legales para protegerlo. ¿A qué se deben entonces problemas ambientales tan evidentes como el deterioro de las aguas fluviales y marinas, la contaminación del aire, la acumulación de basura, de residuos tóxicos? De los Ríos (1994) aporta una explicación, que podríamos llamar de fondo, pues culpa por ello al subdesarrollo, es decir, la forma en la cual se ha intentado lograr el desarrollo de los países menos desarrollados, copiando de los países industrializados el enfoque econocentrista23 utilizando además una tecnología y unos métodos de explotación inadecuados. Sin embargo, cabe hacer hincapié en la discusión presentada anteriormente de la cual se desprende que, a pesar de los conocimientos acumulados y de las experiencias colectivas, los mismos países industrializados tampoco han logrado desprenderse de ese enfoque en su política económica. Por su parte, los países menos desarrollados que no pueden escaparse del círculo vicioso de la economía global no pueden salir del papel de proveedores de materia prima, y tampoco sus economías nacionales se fortalecen. Y no es casualidad que la preocupación primaria es el desarrollo, entendido en primer lugar como industrialización y crecimiento económico:
“…dicho crecimiento, es decir, el aumento de la producción global de artículos y servicios expresado en términos estadísticos, se ha convertido en la piedra de toque aceptada del rendimiento económico. Al igual que un adolescente saludable, se supone que una economía tiene que tener un compromiso en relación a dicho crecimiento.”24
Sin embargo, de ese crecimiento son tomados en cuenta solamente los aspectos positivos, puesto que los países en desarrollo están generalmente poco poblados – aún cuando poseen grandes aglomeraciones urbanas concentradas en algunos puntos de su amplísimo territorio - y carecen de las experiencias sobre las consecuencias que puede acarrear el desarrollo económico a expensas del medio ambiente.
Pero, tal como explica Dürr (1993), de no tomarse previsiones globales a tiempo, los primeros en pagar el precio serán precisamente “…die Schwächsten dieser Erde und Schuldlosesten an dieser Misere, also die Menschen in der Dritten Welt,…”25 Pero ¿cómo pueden los países más pobres, que por las razones antes expuestas están obligados a ocuparse en primera instancia de su supervivencia, participar en esta tarea? Una de las respuestas posibles podría estar en una revisión de las tradicionales “ayudas económicas para el desarrollo” otorgadas por los países industrializados y vinculados a los esquemas tradicionales. Una reorientación de dichos esquemas hacia las metas ecológicas redundaría, para los países en vías de desarrollo, en la posibilidad de contribuir indirectamente con esa política económica ecológica a la que aspiran entre otros Misch, Dürr y Weizsäcker, mientras se seguirían ocupando en forma prioritaria de sus problemas sociales. Además, su rol de proveedores de materia prima – en el caso venezolano un recurso natural no renovable – los ubica dentro de la dinámica global, desde la cual los planificadores innovativos seguramente encontrarían alguna otra forma para contribuir a que se dé un cambio radical en la materia. Esto implicaría, en los países menos desarrollados, entre otras cosas el comienzo de una intensa labor educativa en todos los niveles.
Venezuela, como todos los países de América Latina, a partir de los años cincuenta se desarrolló primero según el modelo económico del crecimiento hacia adentro con la estrategia de sustitución de importaciones a partir de la cual se crea una industria nacional fuertemente subvencionada con la adopción de un esquema de gran proteccionismo. El crecimiento apoyado en el endeudamiento externo caracterizó más de veinte años de la política venezolana para desembocar en la crisis actual con sus diferentes intentos de ajuste estructural.26
También el medio ambiente fue asunto de gobierno, y desde la cúpula se decretó una política ambiental creando, al menos formalmente, una infraestructura necesaria para llevarla a cabo. Esta, diseñada en los años 70, tuvo un éxito limitado por la falta de coordinación de programas ambientales con otros ministerios, la falta de delegación de funciones por parte del Ministerio de Recursos Naturales Renovables (MARNR), porque se impidió la participación del sector privado y porque no se disponía del personal técnico entrenado, ni con la remuneración y el estándar ético apropiado para ejercer funciones de control. Hoy, sin embargo, con el objeto de promover la participación de los actores sociales 27 en materia ambiental y rehaciéndose a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente que establece el “derecho a saber” 28 de toda la comunidad el Ministerio edita, en forma bi-anual, un Balance Ambiental de Venezuela. En lo que se refiere a Gestión ambiental, destaca la cantidad de organismos no gubernamentales activos en esa gestión (520 en total), cuya presencia es masiva sobre todo en el Distrito Federal (200). Es interesante también la información referida sobre los programas de capacitación docente dirigida a los maestros y maestras de preescolar y educación básica.
Además, desde hace varios años, existen al menos dos revistas dedicadas al ambiente, “Ambiente” y “Soluciones ambientales”, esta última financiada por entes privados. También en la prensa se pueden ver con relativa frecuencia artículos al respecto, principalmente para denunciar daños como derrames de petróleo o para reportar medidas tomadas respecto a algún caso particular.29 Por otra parte, destaca la organización de seminarios y congresos sobre el medio ambiente, con la participación de los diferentes actores sociales. Y existen además interesantes iniciativas privadas, de Reciclaje y otros en diferentes partes de la geografía nacional.
Con la apertura de la economía, la política ambiental, sobre todo en lo que se refiere al sector productivo e industrial, cobra cada vez mayor importancia; la exportación de productos, a la cual se suele recurrir en tiempos de la caída de las ventas nacionales y que, alguna vez es hasta idealizada, hoy no es posible si no se cumple con una serie de requisitos “ambientales”. Estos requisitos no tienen que ver únicamente con el producto terminado, sino con todo el proceso de fabricación y hasta con la materia prima utilizada. Tal cosa hace difícil y a veces hasta imposible la exportación para las empresas manufactureras pequeñas y no muy modernas como lo es la mayor parte de las venezolanas. Ellas, en 1994, tuvieron que enfrentar la competencia nacional e internacional en forma muy repentina sin estar preparadas para ello. En los siguientes años de crisis, el debate ha sido difícil, la adaptación de las empresas a las nuevas condiciones muchas veces ha fracasado y, entre todos estos problemas económicos, el medio ambiente nunca ha estado entre los primeros en prioridad.
Por otra parte, en lo referente a la legislación, Venezuela siempre ha mostrado gran sensibilidad para los asuntos ambientales. A ellos se refieren normas muy antiguas que se remontan muy lejos en el pasado. Sin embargo, estos decretos, normas y otros instrumentos legales, no dan al país un soporte jurídico completo ni mucho menos operativo en la materia; se trata más bien de una serie de instrumentos puntuales, fruto de una “visión fragmentaria de lo ambiental” en las palabras de Isabel De los Ríos 30 :
“….si bien se contaba con un amplio arsenal legislativo, útil para la protección de los recursos naturales y el ambiente, esta legislación (…) fue dictada en su mayoría con fines distintos a los del Derecho Ambiental, casi siempre para la protección de los recursos como bienes de propiedad y en ocasiones con fines éticos.”
En 1976 se promulga la Ley Orgánica del Ambiente a la cual sigue, en 1992, la Ley Penal del Ambiente. En 1977 Venezuela se convierte en el primer país de América Latina en tener un Ministerio del Ambiente y precede en esta materia por un lapso de 10 años a la Alemania Federal.
En efecto, Venezuela posee una legislación ambiental bien moderna y ambiciosa. Es más, desde el principio la actuación del país ha destacado como una de las más avanzadas en la materia. ¿Por qué entonces no estamos prestando mayor atención al cuidado de nuestro medio ambiente? Allí está la relativa incapacidad de hacer operativas todas las leyes, normas y decretos por los motivos mencionados, como la falta de preparación y de una base ética. ¿Por qué no se ha trabajado en ello hasta ahora? Probablemente porque el medio ambiente no era una tema prioritario en el alto nivel político, y lo es cada vez menos.
Sin embargo, la sensibilidad de la población está creciendo; existen algunos esfuerzos educativos interesantes y los medios de comunicación masiva se ocupan cada vez más del tema. Aun cuando la resonancia no es tan grande como en los países industrializados, definitivamente estamos prestando más atención al asunto. Esto significa que ya existe una premisa importante que se hace operativa en el momento que la cultura venezolana esté frente a otra, diferente.
La hipótesis planteada es positiva: a través de las empresas transnacionales, llegan a los países que las hospedan no solamente infraestructuras y conocimientos técnicos, sino también los valores culturales profesados por ellas. Estos valores, culturales, al unirse con la idiosincrasia local pueden tornarse muy útiles para el desempeño de las empresas en los países anfitriones, entre otras cosas, en función de la creación de innovaciones.
Cultura ‘empresarial’ u ‘organizacional’ puede ser definida, según Pirela (1996) como un conjunto de al menos cuatro dimensiones, económica, tecnológica, organizativa y ambiental que, por un lado, está influenciado por la matriz cultural, donde convergen las vivencias y actitudes propias de los individuos que conforman la plantilla, con las normas y reglas que rigen el quehacer de la empresa, producto de su evolución en el tiempo. Por el otro está la influencia del contexto económico, social, político etc. local, en el cual se mueve la empresa. Esta confluencia genera una determinada conducta de la cual se derivan los aprendizajes que son un factor dinámico clave. 31
No obstante, más que de una separación en cuatro renglones se trata de una integración de cuatro elementos en un solo complejo llamado “cultura”. Además, la cultura está influenciada también por las experiencias de aprendizaje en cada una de las dimensiones y finalmente por el contexto exterior o entorno, tanto físico como político, económico, social y legal en el que se desempeña la empresa.
Según esta definición, la cultura ambiental constituye en primer lugar un subconjunto de la cultura de una empresa que contiene elementos idiosincrásicos particulares, producto de las influencias mencionadas anteriormente. A ella le pertenecen todos los hábitos y costumbres, conocimientos y el grado de desarrollo científico e industrial relacionados con el medio ambiente, que posee una determinada empresa. Ella constituye el conjunto de comportamientos sociales fundamentado en el valor “medio ambiente”, es el sistema de significados y de símbolos colectivos 32 según el cual los integrantes de una determinada empresa interpretan sus experiencias y orientan sus acciones referentes al medio ambiente. En otras palabras, es el sistema de orientación del personal, el que le brinda el acceso a un esquema unívoco 33 de acuerdo al cual interpretan el valor del medio ambiente y que, por consiguiente, determina su actitud frente a él. Así que, mientras más importancia revista el valor «medio ambiente» para la empresa, más fuerte será la cultura ambiental, es decir, la cultura de la empresa tendrá una mayor orientación ambiental. Así por ejemplo, la integración de la cultura ambiental a los demás subconjuntos se percibe como problema de la competitividad en las empresas venezolanas, cuya conducta refleja precisamente esa falta de integración de todas las dimensiones implicadas en el comportamiento y su cultura.
En líneas generales, los indicios de la importancia del medio ambiente pueden ser clasificados en dos grandes grupos; por un lado están los tangibles, es decir, las instalaciones, los procesos técnicos y los productos ambientalmente compatibles; y por el otro, están los intangibles que comprenden los comportamientos, las actitudes del personal, fruto de conocimientos codificables y no codificables almacenados en las experiencias de aprendizaje de las personas involucradas, acumulados a lo largo del tiempo. El primer grupo, de los elementos tangibles, por su misma naturaleza es relativamente fácil de detectar y de cuantificar, pero queda como mero compendio si no están presentes los elementos intangibles que se expresan en facetas tan subjetivas como el compromiso personal, el entusiasmo, y la convicción de que el esfuerzo de cuidar el ambiente vale realmente la pena etc., lo que redunda por ende en una utilización consciente y más eficaz de las instalaciones. Al cabo de estas actitudes está evidentemente la preparación, el conocimiento formal de las personas, pero también su conocimiento «tácito» de naturaleza práctica, basado en experiencias, que es idiosincrásico, cooperativo y solo parcialmente codificable, tal como lo define Arcangeli (1993).
Por otra parte, cabe señalar que la cultura ambiental de las empresas no se debe únicamente a un compromiso ético, sino que es, y debe ser, motivada en gran parte por el Estado quien está llamado a velar, con una serie de políticas, por la conservación del medio ambiente. Allí se enmarcan las leyes, decretos, normas, en fin – todo el contexto legal, dentro del cual se mueven las empresas. Pero también no debe olvidarse el contexto socio-cultural, donde por un lado la educación y, por el otro, la opinión pública y la intervención de los medios masivos de comunicación juegan un importante rol de formación y vigilancia, principalmente en los países industrializados.
25 “…los más débiles de este mundo y los menos culpables de esa miseria, es decir, los hombres del “Tercer Mundo” Dürr (1993:822) MT
27 Balance Ambiental de Venezuela, Apéndice 1996, Introducción
29 Véase por ejemplo: Sanz (1998)
30 Citada en el artículo La Política Ambiental de Venezuela Revista Ambiente, Año 20, N° 54/1997 – No aparece el nombre del autor