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El estado deben asumir el liderazgo en actividades tendientes a mantener e incrementar el número de investigadores y tecnólogos activamente involucrados en investigación tecnológica industrial, con énfasis en la construcción de un potencial tecnológico con posibilidades de tener un impacto significativo en el incremento de la competitividad del país, tanto en aportes tangibles a la industria como en desarrollo de recursos humanos con dominio del know how. Esta última actividad es uno de los mecanismos más efectivos para promover la competitividad.
Es necesario identificar líneas de trabajo de interés estratégico y fuentes de financiamiento que permitan acometer proyectos y estudios especializados de largo plazo, el desarrollo de las relaciones internacionales con organizaciones similares con el objeto de servir como canal de transmisión de los nuevos conocimientos, la ejecución de proyectos, servicios y asesorías con alto contenido tecnológico, complementando el espectro de actividades de organizaciones del sector privado (consultoras, empresas de servicios de ingeniería, empresas de integración de sistemas, empresas de servicios técnicos, proveedores de bienes de capital). Es necesario estimularla valoración de la tecnología como herramienta de desarrollo industrial, económico y social.
Las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico deben incluir entre sus objetivos la comercialización de los resultados de sus programas y proyectos. Deben diseñarse e implantarse programas nacionales e institucionales de negociación, valorización y comercialización tecnológica. Es necesario asignar recursos, tanto a nivel de programas nacionales como de programas al interior de los institutos de investigación industrial, para sistematizar el estudio continuo del mercado, de los clientes y de sus necesidades, a objeto de garantizar la relevancia y utilidad de líneas de trabajo, proyectos, productos, procesos y tecnologías que se desarrollen en nuestras organizaciones de investigación tecnológica.
Es necesario promover, diseñar y ejecutar programas de desarrollo y transferencia de tecnología que permitan una mayor interacción entre la industria y los investigadores. De esta manera se promoverá la inversión en ciencia y tecnología por parte de la industria y hará que el sector de ciencia y tecnología trabaje, con mayor intensidad y mejor tino, para adecuar sus líneas de trabajo a los requerimientos del mercado de la producción de bienes y servicios. Ello significa que los productos de la ciencia y la tecnología llegarán al mercado en forma más oportuna, generando nuevas fuentes de trabajo productivo.
La Ciencia y la Tecnología deben convertirse en asuntos de Estado. El CONICIT, el organismo estatal generador de políticas de C & T, debe asumir una actividad de promoción y concertación, involucrándose activamente en el diseño e instrumentación de las políticas industrial, agroindustrial, agrícola, fiscal, financiera, de comercio exterior, etc., procurando que éstas tengan un significativo contenido de política tecnológica, incentivando al sector productivo para acometer un proceso de desarrollo de sus capacidades de gestión tecnológica y asumiendo la responsabilidad en nombre del estado de instrumentar programas y acciones que tiendan al desarrollo de la cultura tecnológica tanto en los organismos públicos como en el sector privado productor de bienes y servicios.
La discusión planteada en el marco del proceso de repensar el CONICIT, que se adelanta liderizado por las nuevas autoridades de este organismo, de separar la C y la T, y el argumento de que la política tecnológica es parte de la política industrial, más no de la política científica, no exime al CONICIT de sus responsabilidades de orientar una parte importante de sus actividades a la motorización del sistema nacional de innovación. Cuando se menciona un estudio del IESA que señala que menos del 1% de las industrias manufactureras, requiere de los servicios de centros de I & D, es necesario tomar este indicador como un reto a superar. Es necesario definir programas que conduzcan a reducir la brecha señalada tanto en los aspectos culturales como de financiamiento. La política neoliberal de dejar la investigación tecnológica industrial de la mano invisible del mercado, no es seguida ni siquiera en los países donde nació esta política económica. El Estado debe apoyar conjuntamente la investigación básica (académica) y el desarrollo tecnológico (industrial), así Venezuela podrá desarrollar y tener una industria innovadora y competitiva.
El estado debe convertirse en el líder y promotor de inversiones privadas en I & D industrial y en el financiamiento de las actividades de los Institutos de Investigación Tecnológica Industrial. La disminución de la participación del Estado en el financiamiento de las actividades de los Institutos de Investigación Tecnológica Industrial debe ser revertida. El esquema de ingresos de los Institutos de Investigación Tecnológica Industrial debe tender hacia una distribución a partes iguales entre los ingresos por prestación de servicios tecnológicos y la participación de los Institutos de Investigación Tecnológica Industrial en programas gubernamentales de política industrial, y de apoyo al desarrollo de las capacidades tecnológicas de la industria.
Es necesario utilizar el poder de compra del estado para incentivar, en condiciones de igual calidad, oportunidad y precio, la producción nacional con tecnologías nacionales. Asimismo, deben contemplarse en las reformas tributarias incentivos fiscales para las inversiones en investigación y desarrollo. Las políticas de comercio internacional, así como las de inversiones extranjeras, deben incluir aspectos referidos a la transferencia de conocimientos tecnológicos, marcas y patentes.
Es impostergable acometer programas serios e innovadores que multipliquen la población de científicos y tecnólogos, que garanticen las generaciones de relevo para los investigadores activos hoy, así como la adecuada provisión de personal de la más idónea calificación para actividades de investigación tanto académica como industrial que a corto plazo debe acometer la sociedad venezolana, sectores público y privado, sí, de verdad, asumimos el reto de la apertura y la competitividad.
Venezuela debe tener una política en todos estos aspectos. Así lo hicieron los países asiáticos, tan comentados en todos los papeles. Basta con recordar algunas cifras señaladas por C. Freeman:
Venezuela*
1990 |
Corea** 1970 |
Corea** 1987 |
|
---|---|---|---|
Científicos e Ingenieros | 60.000 | 65.700 | 361.900 |
Centros de I&D Corporativos | 3 | 1 | 455 |
Nº de Investigadores en Centros de I&D | 1.400 | 2.477 | 9.184 |
Nº de Investigadores en Universidades | 2.500 | 1.918 | 17.415 |
Nº de investigadores en la industria privada | < 300 | 925 | 26.104 |
Presupuesto de I&D Civil como % del PTB | 0,3 | 0,3 | 1,9 |
(*) Datos de H. Méndez Li., 1994.
(**) Datos de C. Freeman, 1992.
La extraordinaria coincidencia entre Corea 1970 y Venezuela 1990 claramente indican lo que podemos hacer como país para el año 2.010, sólo tenemos que proponérnoslo.
Si se define una nueva política tecnológica industrial, el estado tiene el potencial para mejorar significativamente la competitividad internacional de nuestra sociedad, mejorando la calidad de vida y generando más riqueza mejor distribuida. En AVINTI creemos que los programas de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología bien estructurados utilizarán menos recursos que los grandes beneficios que generarán a la sociedad venezolana.
Bajo la nueva situación económica, los Institutos de Investigación Tecnológica Industrial han venido expandiendo sus actividades e incrementando su inserción en el aparato productivo. Este hecho tiene una nítida expresión en el incremento de los ingresos propios y en el crecimiento gradual del número de proyectos, asesorías y servicios técnicos prestados a la industria.
Los indicadores demuestran que en un ambiente económico favorable los Institutos de Investigación Tecnológica Industrial han sido exitosos en vincularse efectivamente con el sector productivo y que sus actividades son útiles para el desarrollo de las capacidades tecnológicas de la industria nacional contribuyendo de manera efectiva a su competitividad, frente al reto que representan los recientes cambios en las relaciones económicas globales. La estabilidad y crecimiento de los Institutos de Investigación Tecnológica deben formar parte central de las políticas de desarrollo industrial y económico.
El valor de los servicios tecnológicos que los Institutos de Investigación Tecnológica Industrial le prestan a la industria no se representa en su costo, sino que debe ser visualizada en los beneficios generados por las industrias receptoras que explotan las tecnologías recibidas, a través de la mejora de su posición con respecto a sus competidores y a través del desarrollo de sus recursos humanos. Los roles que toca desempeñar a los institutos de investigación tecnológica industrial son múltiples; se pueden señalar como prioritarios los siguientes: