Figura 1.
Modelos de interacción universidad-empresa administraciones
Pere Escorsa
El Cuadro 1 muestra la cronología que ha permitido llegar a la situación actual. La vinculación no nace sola; se necesitan medidas que preparen e impulsen el proceso. El comienzo de este proceso en España puede situarse en 1983 con la promulgación de la Ley de ReformaUniversitaria. A diferencia de la legislación anterior, que restringía las relaciones universidad empresa, esta Ley recoge en una serie de artículos vías para que se establezcan.
El artículo 11 dice: “Los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a través de los mismos, podrá contratar con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollar cursos de especialización”. Una vez abierta la posibilidad de efectuar estas actividades, la Ley no es restrictiva y otorga libertad a las universidades para que en sus estatutos establezcan los procedimientos para la autorización de dichos contratos y los criterios para la afectación de los bienes o ingresos obtenidos. El artículo 45 complementa al anterior al hacer compatibles la dedicación de los profesores, tanto a tiempo completo como parcial, con la realización de los trabajos mencionados anteriormente. Para las universidades estas actividades suponen una fuente de financiamiento que aparecerá en el presupuesto de su estado de ingresos (art. 54).
Antes de la promulgación de esta Ley la situación era confusa. Por una parte tenía lugar lo que hoy llamaríamos “investigación subterránea”, mediante la cual equipos de profesores realizaban trabajos para la industria, al margen de las autoridades académicas. Muchos talleres y laboratorios de la Universidad se fueron equipando y modernizando debido a los ingresos proporcionados por estos “trabajos ocultos”. Pero al mismo tiempo, durante los años 70’s, con la intención de mejorar la relación institucional con la industria, superar las trabas legales y burocráticas y lograr una mayor transparencia, comenzaron a estudiarse distintas fórmulas, tales como las Fundaciones -solución puesta en marcha en algunas universidades- o incluso la posible creación de Sociedades Anónimas.
Figura 1.
Modelos de interacción universidad-empresa administraciones
En este contexto debe destacarse por su carácter pionero la creación en 1973 de la Fundación Universidad-Empresa de Madrid (FUEM) promovida por la Cámara de Comercioe Industria de Madrid, que pronto comenzó a obtener buenos resultados (Pavón e Hidalgo, 1993). En Barcelona, la Universidad Politécnica creó en 1982, un año antes de la promulgación de la Ley, la “Oficina de Gestión de Convenios”, ubicada en la propia Universidad, con la misión de registrar los proyectos de colaboración y facilitar los trámites necesarios: contratación y pago de colaboradores, compra de equipos, etc.
Los efectos de la promulgación de la Ley se percibieron rápidamente. Los profesores captaron en seguida la posibilidad de obtener unos ingresos que les permitiesen equiparse mínimamente (compra de equipos y libros, suscripción a revistas, asistencia a congresos...) -lo que no era ni es posible con los miserables presupuestos de la universidad- así como complementar sus propios honorarios personales. Pronto el número de convenios de colaboración comenzó a crecer.
En 1986 se promulgó la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, conocida popularmente como “Ley de la Ciencia”, con el objetivo de construir un Sistema de Ciencia y Tecnología involucrado en el sistema socioeconómico del país. Ello suponía la mejora de la I&D pública, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos, la definición de prioridades de I&D acordes con las necesidades industriales del país y la articulación entre los diferentes agentes participantes en el Sistema.
La Ley supuso la constitución de la CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología) que pasó a desempeñar un papel crucial en la coordinación del Sistema, reuniendo competencias que antes estaban dispersas en diversos Ministerios. Una de sus tareas principales fue la redacción de los Planes Nacionales de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el primero de los cuales, correspondiente al período 1988-91, contó con un presupuesto de 119.000 millones de pesetas, distribuido entre: a) Formación del personal investigador, b) Infraestructura Científica y Técnica, c) Proyectos de Investigación, y d) Proyectos concertados con empresas.
A partir de este momento, la CICYT toma el protagonismo en el Sistema Ciencia-Tecnología-Industria junto con el potente CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), organismo dependiente del Ministerio de Industria, que había sido fundado en 1978, que se encargaba de la financiación de proyectos de Innovación Tecnológica en las empresas.
No cabe duda de que tanto esta Ley como los Planes Nacionales de Investigación posteriores dieron un fuerte empujón a la vinculación. Los planes han contribuido a la modernización de las infraestructuras y equipos. Pero es importante subrayar la figura de los Planes Concertados en su doble vertiente: “Por un lado fomentan la I&D en las empresas y, por otro, contribuyen a la articulación del Sistema de Ciencia y Tecnología con la Industria porque, como condición para su financiación, los proyectos deben desarrollarse por la empresa en colaboración con un centro público en investigación. Aproximadamente un15 por 100 del presupuesto total de los proyectos aprobados en el período 1988-92, cuyo presupuesto total ascendió a 63.000 millones, se destinó a financiar la participación de centros públicos” (Oro, 1993).
A finales de 1988 el Plan Nacional creó la red de OTRI en las universidades, organismos públicos de investigación y asociaciones de investigación empresariales. Se pensó que esta red debería actuar como estructura de interfaz, facilitando los contactos entre los distintos elementos del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria. Se integraron en esta red algunos organismos preexistentes creados por algunas universidades, tales como la Oficina de Convenios de mi Universidad Politécnica de Cataluña, antes citada, o la Fundación Bosch Gimpera, que la Universidad de Barcelona utilizaba para fomentar sus contactos exteriores.
En el momento de su creación la mayoría de las OTRI eran unidades pequeñas, con una media de dos o tres titulados superiores y el mismo número de personas de apoyo. Simultáneamente se creó en Madrid la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) con la misión de coordinar, asesorar -en temas como patentes y contratos- y dinamizar a las OTRI.
Poco después de su creación, la red de OTRI estaba compuesta, a finales de 1989, por 31 oficinas en las que trabajan 150 personas. La red manejaba unos 2000 contratos por valor de 9.250 millones de pesetas. En la actualidad pertenecen a la red 67 oficinas (40 en universidades, 12 en diversos centros públicos de investigación y 15 en asociaciones de investigación) que en 1992 gestionaron contratos por valor de 23.500 millones de pesetas, tal como se mencionó anteriormente, totalizando una cifra próxima a los 65.000 millones en los cuatro años de actividad. Desde 1989 la red ha gestionado la solicitud de 564 patentes, tanto nacionales como internacionales. La Figura 2 muestra el volumen económico según la naturaleza de los convenios (I&D apoyo y asesoría...).
En 1989 el Plan Nacional puso en práctica el PETRI cuya finalidad es dotar a la red de OTRI de un instrumento que permita incentivar a los grupos de investigación básica y aplicada paar que dediquen parte de sus esfuerzos a acciones de I&D cuyos resultados puedan ser transferidos con alta probabilidad de éxito y a corto plazo a las empresas. En esencia, se persigue que los resultadosde ciertas líneas de investigación lleguen a convertirse en “productos” transferibles a las empresas. El PETRI considera que los proyectos de investigación realizados con financiación pública pueden precisar una aportación económica adicional para que los resultados científicos sean complementados con ensayos o estudios que faciliten su transferencia a las empresas. En general, se exige que el grupo de investigación tenga contactos previos con alguna empresa para asegurar la eficaz transferencia de los resultados mediante la participación de la misma en el diseño y desarrollo de los ensayos de viabilida; con ello se pretende que exista demanda del producto o proceso desarrollado y que cumpla las especificaciones que se la exigirán en su posterior industrialización.
Desde su inicio se han aprobado un total de 204 acciones con un presupuesto total de 2.385 millones de pesetas, de los cuales el Plan Nacional ha subvencionado 1.349 millones y el resto ha sido aportado por las empresas interesadas en la explotación industrial de los resultados potenciales (Castro, 1993).
Una última medida: en 1990 comenzó a funcionar la DATRI, Base de datos de oferta tecnológica de la red OTRI. Se pretende que las OTRI puedan proporcionar respuesta a quienes soliciten sus servicios independientemente de que el propio centro no disponga de expertos en el área que se solicite. Se pretende además hacer una difusión masiva de la DATRI para que todos aquellos que estén interesados puedan conocer, desde su centro de trabajo, qué miembro de la red facilita la solución más adecuada a un problema científico o tecnológico. En la actualidad DATRI contiene información de unos 5.000 grupos de trabajo.
Pero este repaso cronológico quedaría incompleto sin mencionar dos hechos importantes. En primer lugar es necesario indicar que la mayoría de lasOTRI son todavía órganos administrativos que registran los convenios y realizan los pagos de los diferentes gastos correspondientes a cada uno de ellos, pero no han logrado la agilidad necesaria para prestar un servicio más amplio, por ejemplo, la promoción en el ámbito empresarial de los servicios que pueden prestar las universidades y los centros de investigación. Es decir, administran pero no venden. Tal vez la OTRI de la Universidad Politécnica de Valencia sea una de las pocas excepciones.
Los convenios de colaboración continúan siendo obtenidos por los propios profesores, de forma individual. La Tesis de Carlos Guallarte pone de manifiesto “que el motivo más importante para las empresas es el conocimiento de una persona de confianza en la universidad”. El término confianza hace relación, por una parte, a la faceta técnica -que estaría ligada a la reputación- y por otra, y más importante, a la seguridad de que ese profesor entenderá sus puntos de vista, adoptará una perspectiva profesional y no puramente académica (evitando así la inclinación hacia la perfección teórica) y asumirá los compromisos adquiridos. Las empresas señalan que esto es crucial, especialmente en la fase del contacto inicial, donde el parámetro fundamental es el conocimiento personal o las referencias al haber sido colega, alumno o por haber colaborado ya previamente. Este hecho lo identifican como una garantía del éxito final. Por ello prefieren dirigirse a determinadas personas o grupos concretos en lugar de hacerlo a la Universidad como institución, que en sí no les merece tanta confianza. De igual modo, los profesores también opinan que el principal motivo por el que el cliente se dirigió a ellos fue por la existencia de una confianza y un conocimiento personal previos”. (Guallarte, 1992).