Glenda Dimuro Peter*
Recibido: 03-02-2010 - Aprobado: 05-06-2010
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“Nota para arquitectos… si bien puede ser discutible si es o no es Arquitectura lo que se construye y lo que se hace para resolver la pobreza habitacional, en la forma en que se plantea el problema en nuestros países, de lo que no hay dudas es que en este trabajo hacen falta arquitectos. La discusión sobre si el producto es o no Arquitectura puede quedar para momentos más distendidos, mientras se sigue trabajando”. (PELLI, 2007:175)
Según la Real Academia Española, la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Siendo así, desde hace muchos años el arquitecto es considerado el artista responsable por obras arquitectónicas, el realizador de las utopías de los grandes jefes, de la aristocracia, el objeto de culto en forma de persona e instrumento para la construcción de sueños ajenos. Muchos son considerados casi como dioses, porque crean cosas y porque protegen a los hombres frente a una naturaleza hostil.
Es cierto también que la profesión de arquitecto siempre sugirió un cierto estatus. Si antes, los grandes, eran amigos de los reyes, hoy son una firma que todo alcalde desearía tener en una obra pública. “Mucho se habla hoy acerca de arquitectos que parecen más estrellas de rock que profesionales de la construcción, de ciudades que olvidan las necesidades reales de sus habitantes en pos de crear una determinada imagen de marca; de políticos que eligen a dedo a arquitectos de renombre para que hagan lo que deseen y al precio que sea”. (CÁMARA, 2006).
Actualmente, tras la creciente expansión de las zonas urbanas y concentraciones poblacionales - reflejo de las ideologías y sistemas económicos dominantes y resultado de políticas parciales a los problemas de habitabilidad y salubridad urbanas que más bien segregan, dividen el territorio y no atienden de manera igualitaria a las necesidades básicas de la población - el arquitecto, y todos los profesionales involucrados en la construcción, se encuentran, una vez más, en las manos de los que detentan el poder económico. “La arquitectura, en la realidad actual, oscila entre la producción de objetos monumentales y simbólicos, como expresión del poder dentro de la cultura de la clase dominante, y la producción masiva de espacio habitable, que como mercancía se dirige a un usuario potencial (y cautivo), que a través del consumo, reproduce la ideología del grupo dominante a la vez que desarrolla el ciclo económico de la acumulación capitalista”. (LOBO, 1998: 38).
La actual coyuntura económica y social mundial forma profesionales por y para el mercado y ellos, sucumbiendo a sus órdenes y necesidades, son los responsables por la producción del espacio construido en nuestras ciudades, ocupando una posición sumamente importante en la construcción de nuestras realidades, tantas físicas cuanto sociales. Los gobiernos y el mercado suelen actuar buscando el beneficio de algunos pocos a través de normas edificatorias, teorías y sistemas proyectuales provenientes de una arquitectura compulsoria, que impone modelos estándares y “decentes”, o sea, programas hechos de “ricos para pobres”, de “arriba para abajo”. Al margen de la producción de este tipo de arquitectura está el espacio no habitable, desordenado, precario y desconectado de la trama formal, donde la mayoría de la vida humana se desarrolla.
Los arquitectos y urbanistas, aunque no sean los únicos involucrados en el proceso de producción de ciudades, han jugado en esto un papel significativo, ya que de ellos depende, en gran parte, que un territorio sea excluyente o integrador, homogéneo o heterogéneo, que promueva la diversidad, la igualdad y la convivencia entre diferentes o todo lo contrario. “Si aceptamos en principio que la arquitectura abarca como campo de actuación desde la visión del mundo y la cultura de que se reclama parte un grupo, pasando por la construcción conceptual de la solución in albis, contenida en el programa de los usuarios, que reside en la vitalidad proteica de la prefiguración en previedad del espacio, en el proyecto arquitectónico y de la lúdica previsión de la materialización desde el sistema constructivo apropiado, hasta la potencialidad de su apropiación por los ejecutores físicos de la edificación y la reflexión (praxis) de la satisfacción lograda por el objeto habitable y su superación, para su utilización interactiva, en futuras acciones, comprenderemos cómo, la oportunidad inestimable que vincularse a esta problemática de la arquitectura para los pobres, representó en una fracción de los creadores arquitectónicos iberoamericanos un cauce vocacional estimulante y promisorio”. (LOBO, 1998: 31)
La arquitectura y el urbanismo merecen ser mucho más que simples marionetas en manos de aquellos que ostentan el poder político y económico en las ciudades y necesita estar por encima de la preocupación simplemente por el parecer sin ser, o sea, precisa ser más que algo estéticamente bueno pero vacio de contenido para sus usuarios. Merece ser más que la realización de sueños individuales y caprichosos y explorar su potencial como verdadera estrategia de desarrollo, cumpliendo con sus objetivos principales que son mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas de forma equitativa a través de la calidad de su hábitat.
Para que las tareas consideradas técnicas contribuyan con el desarrollo de nuestras poblaciones rumbo a un mundo más justo, plural y menos desigual, hace falta que se replantee el rol de estos profesionales, que pasen por un cambio de paradigmas, que se produzca una sustitución de valores y que empiecen a practicar en otros campos de actuación. Deben estas ir más allá de simples mecanismos de control y entrar en cuestiones comunitarias y contextuales, cambiando la manera como se plantea actualmente la mayoría de las intervenciones.
El profesional que surge en oposición al arquitecto capitalista, individualista y que se actúa solamente de acuerdo con las leyes del mercado es el arquitecto social y ciudadano, un profesional ético, responsable por proyectar pensando en el bien común y promoviendo prácticas que van mucho más allá de la especulación inmobiliaria. El arquitecto como productor de espacios de gestión colectiva y mediador de intereses comunitarios debe ser el profesional del siglo XXI, pues los diseñadores son también responsables por poner en marcha programas para incentivar el cambio de mentalidad entre la población y las comunidades a auto alimentarse.
La alianza entre los actores (gobierno, técnicos y ciudadanos) pero principalmente la participación ciudadana, será la clave para el éxito y la evolución de las intervenciones. El triángulo de políticos, técnicos y ciudadanos debe ser equilátero y todos deben participar del proceso de modificación de nuestras ciudades, sujetos éticos con voluntad política y capacidad de tomar decisiones en beneficio del todo. Aún así, con frecuencia, los técnicos acostumbrados a su papel asistencialista y paternalista, no comprenden los efectos beneficiosos de la participación social en los proyectos y procesos de construcción civil, sea porque por tradición todo debe ajustarse a reglas y normativas o más bien porque los procesos participativos, por ser pluritemáticos, suelen ser más complejos y muchas veces intranquilos.
Tras la evolución de la profesión y del potencial de la arquitectura se amplían los frentes de actuación, habilitándose profesionales para su trabajo en distintas franjas de la sociedad, anteriormente excluidas del proceso de producción de su hábitat, incluyéndose aquí las labores de la cooperación internacional al desarrollo. El nuevo carácter de la arquitectura lucha por la defensa de los derechos humanos, del derecho a la habitabilidad, de un hábitat y vivienda dignos y de acuerdo con las reales necesidades de los habitantes.
“El ser humano es un ser de derechos, sus potencialidades y necesidades hacen que cada persona tenga derecho a una distribución equitativa de los bienes y a las posibilidades de desarrollo con que cuente el medio social en el que está inserto”. (BUTHET, 2005: 16)
Todas las posibilidades de desarrollo de un ser humano generan ciertas necesidades que, a su vez, se traducen en el derecho a la igualdad y a la equitativa distribución de bienes y servicios, bien como el derecho de participación en el poder y al acceso a las mismas oportunidades dentro de un contexto determinado. Así que “habitar no es solamente una necesidad – tanto psicológica como sociocultural – sino también un derecho, derecho del hombre, el derecho de todo ser viviente de dormir al abrigo, habitar un espacio individual o familiar propicio para su completo desarrollo”. (PEDRAZZINI, BOLAY & RABINOVICH, 2005, p. 336)Según el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a si mismo y a su familia, entre otras cosas, una vivienda. O sea, un techo consolidado, un espacio que considere suyo, donde pueda vivir.
Es cierto que tratándose de proyectos de cooperación al desarrollo, muchas veces la vivienda no es la necesidad más importante. Antes pueden venir cosas más básicas, como el acceso al agua o a la energía eléctrica, o incluso forman parte de las prioridades las infraestructuras físicas para evitar o paliar la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, como sugiere SALAS (2005). “Consideramos que uno de los desafíos últimos de toda sociedad es permitir e incentivar la satisfacción de las necesidades de sus miembros en orden, por ejemplo, a la subsistencia relacionada con aspectos de vida biológica (alimentación, cobijo, etcétera), pero al mismo tiempo satisfacer sus necesidades de orden psico-social (pertenencia, participación, libertad, creatividad, etcétera)”. (BUTHET, 2005: 17)
En la cooperación para el desarrollo, más importante que el derecho a la unidad de habitacional, se encuentra el derecho a la ciudad, al hábitat social. La idea de la ciudad como derecho - originaria del “derecho a la ciudad”, como nos sugiere Lefebvre (1978), además del derecho a la libertad, trabajo, salud y educación - puede ser considerada aquella donde las necesidades y deseos reales de los ciudadanos son contemplados en un determinado contexto democrático que favorezca el desarrollo colectivo e individual, la cohesión social y la identidad cultural en el tiempo presente.
El concepto de hábitat social aquí presente puede ser entendido como el soporte y estructura donde se desarrolla la vida humana, el escenario donde son expresadas nuestras identidades. No significa simplemente el acceso a la vivienda sino también la infraestructura urbana donde se inserta, su ubicación, legalización, accesibilidad, servicios públicos disponibles, espacios de educación, ocio y cultura, en fin, lugares donde se puede desarrollar también las relaciones sociales. Conecta, igualmente, el buen uso de la ciudad a una visión más amplia e integradora respecto a la capacidad de utilización de sus espacios públicos y privados. Según SALAS (2005), en la cooperación para el desarrollo, en el ámbito de la habitabilidad básica, debemos ser partidarios, en general, de priorizar lo público a lo privado.
El hábitat social determina los modos, los recaudos y los límites para el cumplimiento de sus funciones sociales y condiciona todas las estrategias y procesos de producción. De acuerdo con PELLI (2007), el hábitat social es un sistema de situaciones, físicas, sociales, simbólicas, jurídicas, políticas, económicas, ambientales, interrelacionadas, interactuantes y co-actuantes, y puede constituirse en un “satisfactor sinergético” de alto alcance (BUTHET, 2005), ya que satisface necesidades tanto biológicas, cuanto psíquicas y sociales. Es un sistema y, aún así, puede ser considerado como parte o un subsistema dentro de sistemas más ámplios. Es también una señal o marca en el tiempo, testigo y memoria de una sociedad que lo ocupa y de un tiempo pasado. No es un contexto universal, sino una estructura coherente con los paradigmas culturales de una determinada sociedad o grupo social y funciona según sus necesidades, representando culturas y ambientes diversos, o incluso el estado de una cultura (grupo) en un determinado tiempo.
Con el pensamiento inverso al de considerar el hábitat como un derecho y el acceso al mismo como una forma de producción social, está el hábitat como mercancía de mercado. “Lo contrario, en la ideología de la ciudad ideal, el espacio y el tiempo son abstracciones. Refleja el pensamiento de planeadores del Estado capitalista y del capital. Los problemas son considerados como desvíos del modelo, solucionados por medio de nuevos tipos de planeamientos y el uso de nuevas tecnologías. Los avances de la tecnológica articulan formas y contenidos de la y en la ciudad, pero ni producen la ciudad ideal, aunque inciten transformaciones en la ciudad real”. (RODRÍGUEZ, 2007) La ciudad ideal propuesta e idealizada por muchos planeadores poco tiene que ver con la ciudad real y sus diversas particularidades, tanto económicas cuanto políticas, culturales, sociales.
Las actuaciones llevadas a cabo por esta corriente de pensamiento contribuyen para aumentar el escenario de exclusiones sociales y también territoriales. Según ROLNIK (1999), la exclusión territorial relaciona el acumulo de deficiencias con la negación de los derechos que garantizan a los ciudadanos un padrón mínimo de vida, como la participación en redes o instituciones sociales, no estando relacionada solamente con el acceso a bienes y servicios, si no al alcance a la justicia, la ciudadanía y la participación política. Esta situación de aislamiento, muchas veces dificulta el fortalecimiento de la participación en organizaciones y en la formación de redes que canalicen intereses comunes.
En la gran mayoría de los casos, la formación del arquitecto o cualquier otro profesional relacionado con la producción del espacio urbano, está vinculada a este último pensamiento y considera la vivienda y el hábitat como bienes de consumo, un producto terminado, priorizando los aspectos físicos de una construcción. El actual sistema económico que busca simplemente la rentabilidad y la especulación, cambia el espacio autoproducido por espacios anónimos, que se adaptan a las reglas y normativas. Los que no tienen recursos para acceder a este tipo de vivienda se ven obligados a ocupar la trama urbana “informal” y “marginal” de la ciudad, el mercado clandestino, en la búsqueda de un lugar para vivir. Para poder trabajar con la cooperación al desarrollo hay que olvidarse de antiguos paradigmas y buscar nuevos enfoques, nuevos modelos de entender los procesos de urbanización y poblamiento, encontrar maneras distintas y más sostenibles de intervenir sobre los mismos y nuevas herramientas de conocimiento.
Vol. 31 (3) 2010
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