Lilia Pereira de Homes, Wendolin Suárez Amaya y Jhoady Hernández Simancas
La política de investigación universitaria está prevista en la Ley de Universidades al establecer que las mismas están llamadas a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza (Congreso de la República, 1970: Art. 3). Pese a que la normativa universitaria declara que la investigación es la función primordial, en la práctica, pasa a ser secundaria por diversas dificultades comunes a todas las universidades oficiales venezolanas, siendo las de mayor incidencia en el desarrollo de la función investigativa la preeminencia de la docencia sobre la investigación, los esfuerzos de Investigación desarticulados y un presupuesto insuficiente e ineficiente.
El predominio que ha tenido la actividad docente en las universidades oficiales venezolanas responde a la concepción de universidad con rasgos similares a las que existían para el momento de la colonia en Hispanoamérica, fuertemente influenciada por el modelo francés. De acuerdo con Casas (1998:207) su orientación fue pragmática, se centró más en la preparación de profesionales que en su educación integral, la investigación tendió a separarse de las organizaciones encargadas de la enseñanza.
En la actualidad esta orientación tiene incidencia significativa en la cantidad y calidad de la producción científica de las universidades venezolanas. Para Albornoz (2002:145) la generación y producción de conocimientos en el sistema educativo venezolano de nivel superior es relativamente baja, porque las instituciones no fueron diseñadas para crear productos a través de la investigación.
Otro hecho importante que contribuyó a la preeminencia de la docencia sobre la investigación fue la democratización de la educación, con lo cual se marca un hito al dar acceso a las masas populares que habían sido excluidas del sistema. La política educativa asumida en Venezuela siguió lineamientos de la UNESCO, para “Asegurar una educación popular que conduzca a nuestros pueblos al goce de una vida digna en la que triunfe la paz y la convivencia democrática y se eliminen la injusticia, la miseria y la incultura” (Luque, 1998).
El modelo económico de sustitución de importaciones implantado en el país desde finales de los cincuenta, requería un mayor número de profesionales graduados en diferentes áreas, así como también la creación de diversas instituciones y carreras que brindaran oportunidades a la creciente demanda estudiantil. Para Fuenmayor (2004:387) la sustitución de importaciones determina la aparición del modelo de universidad liberal populista en contraposición al modelo elitesco previo.
Como respuesta a esta política, surge la necesidad de contratar aceleradamente personal profesional para ocupar cargos de profesor universitario, quienes en su mayoría no poseían formación pedagógica ni teórica-metodológica para asumir ese importante rol. Los docentes universitarios debieron abocarse a impartir clases, relegando la actividad investigativa y reflexiva, en consecuencia el proceso de enseñanza aprendizaje quedó reducido a docentes transmisores de conocimientos producidos en otras latitudes y a estudiantes receptores de ellos. La falta de cultura de investigación de los profesores ha hecho que la educación sea fundamentalmente libresca y desfasada de nuestra realidad en tiempo y espacio.
Sostiene Padrón (2001:6) que nuestras universidades no han logrado fusionar la docencia con la investigación, una vez hundidas en esa disyunción, tampoco pueden ocultar su preferencia por la primera de esas dos funciones; nuestros académicos deben interrumpir las tareas de un tipo cuando abordan las tareas de otro tipo y viceversa, casi como un obstáculo. Tal preferencia resulta políticamente aceptada en un entorno donde la docencia es una condición básica para la legitimación de estas instituciones ante la sociedad, en tanto sus resultados se hacen evidentes a través del egreso de profesionales; por el contrario, el producto de la investigación tiende a ser desconocido por el común denominador de la población a excepción de escasas experiencias de extensión.
Ahora bien, a partir de los cambios producidos en el país por la adopción de un modelo económico neoliberal desde principio de los noventa, se ha profundizado en las UAV una cultura profesionalizante con tendencia excluyente, para producir egresados con competencias y destrezas ajustadas a las necesidades del mercado.
La situación descrita ha influido en la escasa presencia de formación en investigación en la pensa de estudios de las carreras de pregrado, para Méndez (1993:212) existen diversas razones que explican la ausencia de coordinación e integración entre investigación y currículum: 1) Investigación desfasada de los requerimientos inmediatos; 2) Rigidez del currículum por la concepción cronológica del plan de formación y carencia de integración entre las materias, cada una se asume como un componente curricular; 3) Ausencia de gerencia integradora entre docencia e investigación, y 4) Falta de confianza y reconocimiento de lo producido en el país.
Agrega Magendzo (2003:19) que desde una concepción tecnológica del currículo, éste no debe ser pensado como una lista de materias o contenidos a aprender sino más bien como contextos, ambientes o unidades que son organizadas como oportunidades, al interior del cual los estudiantes pueden generar conocimiento. La consecución de tal objetivo se ha visto obstaculizada porque las autoridades y académicos con escasa formación en investigación no se encuentran interesados en defender el papel fundamental de esta actividad en la enseñanza, como un factor que contribuye a la formación de egresados reflexivos. Por su parte, la generalidad de los alumnos que ingresan al nivel de educación superior aspira obtener su grado para insertarse lo más rápido posible en el mercado laboral, siendo una minoría los que se sienten atraídos por la labor investigativa.
En consecuencia, aun cuando las políticas de la universidad declaran la necesidad e interés por la investigación, en la práctica, su nivel de institucionalización aún es reducido, lo cual origina una deficiente formación en investigación que influye en la preparación de profesionales universitarios capaces de participar activamente en la generación de alternativas a los problemas de la sociedad.
La función de investigación no es la sumatoria o combinación de los logros de los investigadores individuales, es determinante la existencia de una política articulada de investigación en las universidades oficiales venezolanas que permita unificar criterios orientadores sobre la base de las prioridades sociales y académicas. La inexistencia de tal articulación acarrea serios inconvenientes que desvirtúan la esencia de la investigación, como es la producción de conocimientos dirigidos a la búsqueda de alternativas a los problemas sociales. Señala Fergusson (2004,177) que los profesores investigadores aislados en su especialidad, encerrados en su laboratorio, separados del mundo que los rodea, sólo se interesan por la parte de los saberes y conocimientos necesarios para destacar su especialidad.
La ausencia de una planificación y coordinación en conjunto fomenta las iniciativas individuales, con lo cual se pierden muchos de los esfuerzos y resultados obtenidos. Cada quien investiga según su interés grupal o particular. Para Padrón (2001:3) la investigación universitaria es un hecho totalmente individualizado por cuanto: el investigador selecciona su tema, formula su propio problema, elabora su plan de trabajo, lo canaliza a través de ciertos mecanismos administrativos, lo ejecuta y finalmente consigna los resultados en un paper publicable.
En todo caso, los resultados son difundidos en comunidades científicas y académicas, mas no divulgados en la sociedad para su uso. Se crea conocimiento, se trasmite a las élites de investigadores y por lo general no existe aplicación, es decir, el entorno social desconoce las investigaciones que se ejecutan y sus resultados. En líneas generales quienes los utilizan son los propios investigadores para dar cuenta de la productividad científica requerida por el Programa de Promoción del Investigador del FONACIT.
El PPI representa un estimulo a la productividad y a la conformación de una comunidad científica nacional. Los académicos hacen esfuerzos por lograr financiamiento para desarrollar proyectos de investigación, incorporar personal auxiliar, becarios académicos, realizar ponencias, participar en congresos nacionales e internaciones, publicar artículos, asesorar tesis de grado y formar investigadores noveles. Lo anterior permite su permanencia y ascenso en el programa, el cual más que un verdadero incentivo económico, representa una forma de diferenciación y status entre los académicos. Para Bourdieu (2003.102) el poder simbólico de tipo científico sólo puede ejercerse habitualmente si ha sido ratificado por otros científicos que controlan tácitamente el acceso al “gran público” a través de la vulgarización.
Ahora bien, las exigencias que impone el PPI para permanecer y ascender en el programa ha llevado a investigadores a vivir en una constante carrera por producir en detrimento de la calidad; al parecer la mayor preocupación es publicar en revistas de reconocido prestigio, con poca atención en el impacto que pueda tener los resultados de sus investigaciones en la sociedad. En esencia, el fenómeno resultante es el productivismo.
Adicionalmente, los mecanismos institucionales de vinculación de las universidades con el sector externo (empresas, gobiernos, comunidades) son débiles. No obstante, algunos investigadores de manera aislada han desarrollado ciertas formas de acercamiento. En líneas generales estamos en presencia de un desaprovechamiento del esfuerzo de los investigadores y del impulso que el Estado venezolano ha venido ofreciendo a través de políticas públicas conducentes a favorecer la producción de conocimientos.
La desarticulación se evidencia a lo interno de las estructuras académicas, los institutos, centros y unidades de investigación y con frecuencia se desconocen las investigaciones que en su seno se producen. A través de cada proyecto o programa de investigación se conforma un mundo aparte e independiente de los otros, inclusive de aquellos que trabajan la misma temática dentro de una misma facultad; realidad que resulta paradójica en un contexto donde las redes constituyen la vía de intercambio por excelencia.
Más aún, existe descoordinación entre los postgrados y las unidades de investigación. Los trabajos de grado, por lo general, no se insertan en las líneas de investigación de las facultades. Según Lanz (2003:122) la formación impartida a los alumnos se orienta hacia un interés técnico donde se valora más la adquisición y aplicación de conocimientos de la especialidad, en detrimento de las competencias para la investigación y conjunción del conocimiento. Coincide Inciarte (2002: 52) al afirmar que en Venezuela los estudios de postgrado se han tornado uniformes, repetitivos e irreflexivos.
La preponderancia de estas características se observa no sólo en los estudios de postgrado sino también en los de pregrado; todo ello representa una limitación en la generación de conocimientos adecuados y congruentes con nuestra realidad. Se llega a desvincular la investigación del proceso de aprendizaje, así como también a obstruir la interrelación entre la evolución académica y la científica.
El recurso económico destinado a la actividad de investigación en las universidades depende fundamentalmente del presupuesto correspondiente a cada una de estas instituciones, el cual se percibe a través de tres fuentes: aportes del Estado venezolano cuya contribución es mayoritaria; ingresos propios en ínfimo porcentaje en relación con el aporte del Estado y por último, las donaciones realizadas por entes privados o particulares, cuya cantidad y frecuencia es casi nula.
El financiamiento otorgado a las UAV desde el Estado fue creciente hasta la década de los ochenta, cuando a raíz de la crisis económica se empezó a reducir su valor real y nominal. A través del tiempo las asignaciones presupuestarias al sector universitario han sido percibidas por sus miembros como insuficientes y extemporáneas. No obstante, sostienen Díaz et al (2006) y Fuenmayor (2004:385) que el verdadero problema de la administración de los recursos estriba en la ineficiencia más que en su insuficiencia.
Estamos en presencia de un problema dual, por un lado el presupuesto universitario históricamente ha sido insuficiente debido a que los montos asignados no se han correspondido con las necesidades institucionales, derivadas del aumento de los índices inflacionarios del país, el crecimiento tanto matricular, como de personal y de infraestructura y de las demandas propias de la ciencia y la tecnología que implican mayores erogaciones. Por el otro lado, no es menos cierto que existe ineficiencia en la ejecución del presupuesto, como consecuencia de una gerencia universitaria poco comprometida con la misión institucional y mediada por criterios discrecionales.
El presupuesto de las UAV se consume en un setenta por ciento (70%) en el pago de personal activo y jubilado, quienes agrupados en gremios ejercen constantes presiones en busca del cumplimiento de los acuerdos contenidos en las actas convenio. A lo anterior se adiciona los conflictos generados por los estudiantes que persiguen beneficios sociales (becas, comedores, residencia, transporte y servicio médico). Estas demandas cobran mayor relevancia para la administración por la crisis que generan; caso contrario ocurre con la investigación por no contar con un ente organizado que ejerza presiones en beneficio de los investigadores y de la investigación propiamente dicha.
La asignación para la partida de investigación se ubica entre las de menor proporción en el presupuesto universitario; la diferencia en cifras es considerable al compararla con los rubros correspondientes a pagos de personal y gastos fijos de funcionamiento. En este sentido, son recurrentes las protestas de las autoridades vinculadas a la investigación, por el incumplimiento de la asignación del 3% del presupuesto universitario destinado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) a la investigación. Por lo general, a lo interno de las universidades se producen desvíos de recursos para cubrir otras obligaciones. Al respecto sostiene Fuenmayor (2004:393) que los administradores universitarios se creen dueños de los recursos recibidos y que pueden disponer de ellos a su mejor saber y entender, para lo cual sólo requieren de la aprobación del Consejo Universitario, por lo tanto se produce el cambio arbitrario de destino de los fondos.
Ahora bien, tradicionalmente en las UAV las instancias encargadas de coordinar, estimular y difundir la actividad de investigación son los CDCH, los cuales financian vía asignación presupuestaria del Estado, la mayor proporción de proyectos de investigación que en ellas se desarrollan. Estas instancias no escapan de las dificultades financieras antes esbozadas, que se traducen en una baja capacidad de respuesta para cubrir la creciente demanda de financiamiento por parte de los académicos. En ocasiones, los investigadores venciendo esas dificultades hacen uso de fuentes alternativas de financiamiento e incluso recurren al autofinanciamiento para llevar a cabo sus investigaciones.
En síntesis, se trata de una lucha constante para la obtención de financiamiento que permita cubrir necesidades de literatura actualizada, equipos, reactivos, mobiliario, materiales, asistencia a eventos, entre otros aspectos que soportan la actividad de investigación.