ISSN-L: 0798-1015 • eISSN: 2739-0071 (En línea) - Revista Espacios – Vol. 44, Nº 03, Año 2023
CASTRO, R.M. «Factores que inciden en la racionalización y optimización de los recursos públicos en los
hospitales en Quito-Ecuador»
enfocaba en establecer y mantener un sistema sanitario de calidad, a través de la creación de entidades
concretas, con roles de orientación y control especializado”.
1.3. Gasto público
Hernández (2009) menciona que “el gasto público en su concepto se relaciona directamente con el gobierno e
instituciones que brindan servicios a la ciudadanía, y que representan el costo asociado a sus actividades, que
pueden comprender aspectos productivos, suministro de bienes, productos o servicios, o simplemente la
transferencia de ingresos, entre otros”. En pocas palabras, enfatiza que corresponde una inversión acorde a los
propósitos de la institución, que genera un impacto económico o social de acuerdo con su naturaleza, en la
búsqueda de complementar o respaldar cualquier actividad considerada como estratégica y relevante.
Sin embargo, una concepción simple y adecuada sobre el gasto público es aportada por Ahumada que “consiste
en una erogación monetaria realizada por autoridad competente, en virtud de una autorización legal y destinada
a fines de desarrollo nacional que se estima como interés colectivo.
Concordando con la definición planteada por el profesor de finanzas públicas y del derecho tributario Jarach
(2013), dice que “las reparticiones realizadas por el Estado asociadas con actividades en beneficio de la
población, reflejándose en la adquisición de bienes, productos o servicios para aspectos productivos, o
solamente para la distribución y asignación gratuita, como respuesta a un objetivo o escenario concreto”.
De acuerdo con dichas aportaciones se concuerda que el gasto público corresponde en las erogaciones que
desempeña el Estado en la búsqueda de satisfacer las necesidades o actividades de carácter público.
1.4. Gasto social y bienestar
Antes de contextualizar sobre el gasto social y bienestar, es necesario comprender el Estado Bienestar, que
generalmente se interpreta como las acciones realizadas por parte del Estado en beneficio de la sociedad; pero
de acuerdo con Gutiérrez (2014) es “un término que presenta diferentes definiciones según el ámbito que se
aplique, sea en la sociología, filosofía, economía y política”.
El estado de bienestar para Farge (2017) “es una serie de disposiciones de carácter legal, que establecen los
derechos que dispone la ciudadanía para recibir beneficios y servicios por parte del Estado, como por ejemplo la
seguridad social y los diferentes servicios básicos, como es el caso de la educación y la salud, que son definidas
de acuerdo a las necesidades y requerimientos que presenta la sociedad.
Generalmente los medios o formas como interviene el Estado en este aspecto se basan en disposiciones legales
y aspectos burocráticos, como es la asignación de un presupuesto para instituciones, para el pago de
profesionales, adquisición de recursos y mejora de las instalaciones.
Sin embargo, Rojas (2013) puntualiza que “existen dos horizontes contrapuestos al hablar del estado de
bienestar, calificándolos en estado subsidiario y benefactor, que son los comúnmente visualizados en los países
desarrollados, como Estados Unidos y Suecia”.
En este aspecto, Rojas (2013) puntualiza “que el primer modelo se caracteriza en la intervención mínima por
parte del Estado, presentando un rol estrictamente subsidiario, garantizando los aspectos principales como la
protección de la libertad ciudadana y el mantenimiento de la seguridad, pero acortando su participación en
aspectos que pueden ser proporcionados por el mercado y la sociedad civil”.