ISSN 0798 1015
ISSN 0798 1015
Vol. 40 (Nº 8) Año 2019. Pág. 9
Laura Amarilis BORJA HERRERA 1; Fernanda TUSA JUMBO 2; Jorge MAZA-CORDOVA 3
Recibido: 17/10/2018 • Aprobado: 10/02/2019 • Publicado 06/03/2019
RESUMEN: El presente trabajo tiene un abordaje teórico contemporaneo sobre la universidad ecuatoriana frente al tema de la inclusión. Para ello se reseñan datos, estudios e informaciones sobre las políticas educativas del país en torno a la educación inclusiva dirigida a personas con discapacidad, históricamente invisibilizadas por el sistema social. Se aplicó la revisión bibliográfica de conceptos claves y finalmente se exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones que garantizan la inclusión y el principio de igualdad de oportunidades. |
ABSTRACT: This study has a contemporary theoretical approach on Ecuadorian universities towards educational inclusion. The work presents a revision of literature on the topic. It also presents data on the country's educational policies regarding inclusive education for people with disabilities, historically rendered invisible by the social system. Recommendations for policymakers to guarantee the inclusion and the principle of equality of opportunities are exposed as well. |
El acceso de todas las personas a la educación inclusiva es parte de la calidad que debe caracterizar a cualquier política educacional, puesto que hoy en día la inclusión representa una filosofía sobre el derecho de todos, lo que implica un esfuerzo por cubrir las necesidades especiales o específicas de los actores educativos (García Cedeño, Maya Montalván, Pernas Álvarez, Bert Valdespino & Juárez Ramos, 2016).
Es así que se presenta el tema de la educación inclusiva desde una necesidad social sentida. Ecuador se inserta con fuerza en dicho proceso mediante el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual garantiza la inclusión de grupos sociales históricamente excluidos. Con este propósito, la universidad, en su condición de institución social, tiene la misión de transformar la sociedad, mejorarla y perfeccionarla, para cumplir con su encargo social (Bestard González & López García, 2017).
Partimos del principio básico de que la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad promueve su desarrollo pleno, integral y holístico. En este sentido, autores como Villa Fernández & Arnau Ripollés (2009) resaltan algunas ideas sobre la educación inclusiva como por ejemplo: a) la Educación es un derecho universal y debe reconocerse para todas las personas. Dicha universalidad debe ser capaz de acoger las individualidades que todo ser humano posee y las actuaciones que atiendan sus especificidades; b) se han producido avances en la integración de las personas con discapacidad en la universidad, pero se precisa de una aproximación de conocimientos humanísticos y tecnológicos para una mayor comprensión de la realidad de la discapacidad; c) las universidades deben abogar por la transversalidad de competencias, valores, habilidades, conocimientos y aprendizajes, a fin de promover el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación; d) la unión e intercambio entre los distintos agentes implicados (actores universitarios) es clave para lograr la plena integración de la persona con discapacidad en la universidad y en la sociedad.
Este preámbulo sirve para exponer la siguiente pregunta de investigación:
Para tal propósito se ha enunciado como objetivo general:
Identificar las buenas prácticas inclusivas de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país.
Las Instituciones de Educación Superior (IES) cada vez más encuentran los mecanismos para no paralizar el estudio de las personas con discapacidad. Desde la perspectiva de Lourdes Armendáriz, Subdecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador (UTE), “la universidad asumió el pedido de ayudar a personas con necesidades educativas especiales en base a un criterio de normalización que implicó un grado de adaptación a los programas y la metodología educativa” (La Hora, 2006).
El primer paso fue convencer de la implementación de los derechos de las personas con discapacidad a todos los actores y los agentes universitarios. Para ello, los profesores han realizado adecuaciones a sus programas de estudio y el personal administrativo conoce más sobre las características de los estudiantes con discapacidades.
El cumplimiento del derecho al estudio que tienen las personas con discapacidad ha generado la consolidación de una visión humana integral de todos los actores universitarios. En los últimos años, son los propios estudiantes quienes se han convertido en guías de los no videntes, pero no solo esto, también aprenden lenguaje de señas y muestran respeto a la diversidad (La Hora, 2006).
Promover la inclusión, el acceso, la permanencia y la culminación de carreras en Instituciones de Educación Superior de personas con discapacidad es el objetivo tanto de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) como del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), motivo por el cual ambas instituciones emblemáticas del país han logrado un acuerdo que contempla un plan piloto con seis universidades ecuatorianas.
El convenio tiene como propósito desarrollar, coordinar y motivar acciones conjuntas entre ambas instituciones a fin de asegurar condiciones de igualdad y libertad para las personas con discapacidad en el Ecuador. De esta manera, el Conadis se compromete a asesorar a las universidades sobre la Normativa Nacional INEN, la accesibilidad al medio físico, la comunicación y la atención pre-hospitalaria y de desastres.
Asimismo, los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo podrán acceder a los cursos de sensibilización y capacitación en el ámbito de las discapacidades (Los Andes, 2016). Por su parte, la universidad ecuatoriana promoverá y ejecutará investigaciones en el ámbito de las discapacidades e impulsará la creación de contenidos pertinentes a estas áreas, a fin de generar conciencia y responsabilidad en los estudiantes.
En todo caso, el objetivo es mejorar la calidad de vida y los perfiles profesionales de las personas con discapacidad. Además, una de las tareas pendientes es mejorar la infraestructura y los espacios inclusivos para que las personas con discapacidad puedan estudiar sin ningún menoscabo de expectativa porque no exista un espacio propicio para él (Los Andes, 2016).
La inversión en formación y acceso a una Educación Superior de calidad es uno de los elementos más importantes. En este sentido, el propósito de ambas instituciones es brindar acceso a toda la población, considerando de manera esencial a los grupos de atención prioritaria. En sí, lo que se busca desde el Estado es garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Entre las acciones afirmativas, se contempla la entrega de becas completas a quienes pertenezcan a este colectivo de atención prioritaria y demuestren un alto desempeño académico (Cordicom, 2014).
Asimismo, Conadis promueve el asesoramiento a las personas vinculadas con el Sistema de Nivelación y Admisión de las universidades ecuatorianas (SNNA), encargadas de evaluar a quienes ingresan al Sistema de Educación Superior, con el fin de dotar de infraestructura y tecnología amigable al entorno universitario. “No regalamos nada, todo es por méritos y capacidades de quienes acceden a este plan. Lo único que cambia son las políticas de inclusión” se ha pronunciado en varias ocasiones la Senescyt (Cordicom, 2014).
En palabras de los representantes de los Consejos Nacionales de Igualdad, la inclusión en la universidad es un avance en la exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad, lo que les permitiría un acceso más inclusivo en cuanto a su inserción laboral. Por su parte, los funcionarios del gobierno nacional señalan que “es necesario que la sociedad comience a cambiar sus formas de entender la discapacidad y esto significa asumir verdaderas políticas inclusivas” (Cordicom, 2014).
Para el efecto, ambas entidades han implementado un plan piloto de Política de Cuotas que no es otra cosa que una política inclusiva que garantiza el acceso, permanencia y culminación de la carrera universitaria de las personas con discapacidad, aplicando un sistema de tutorías que busca institucionalizar el seguimiento y apoyo en el desarrollo académico de los beneficiarios (Ecuador Inmediato, 2017).
El sistema universitario debe brindar igualdad de oportunidades para todos, a través de acciones efectivas que sirvan para afinar los instrumentos y mecanismos a ser aplicados en todo el sistema universitario. En sí, la firma del convenio entra en un registro histórico inédito, debido a que las personas con discapacidad podrán obtener un título profesional y en consecuencia aportan al cambio de la matriz productiva del Ecuador. Es más, la política de cuotas permitirá que las personas con discapacidad estén cubiertas en su proceso educativo desde el ámbito económico, movilidad y de asistencia técnica (Ecuador Inmediato, 2017).
La Senescyt viene impulsando año a año un programa de becas dirigido a personas con discapacidad. El propósito es brindar igualdad de oportunidades a estudiantes ecuatorianos y ecuatorianas con capacidades especiales, y que habiendo sido calificados por el Conadis, porten el carné emitido por esta institución (Senescyt, 2017).
Además, el Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo con Rusia en materia educativa para que jóvenes ecuatorianos con algún tipo de discapacidad puedan cursar estudios en universidades rusas. En específico, el convenio se ha logrado con la Universidad Moscovita de Economía y Humanidades y está dirigido a personas con discapacidad motriz (Sputnik News, 2016).
Este acuerdo con la Universidad Estatal Moscovita de Economía y Humanidades se dio debido a que dicha institución obtuvo la denominación de Institución Educativa Estatal Federal de Educación Superior Inclusiva por su trabajo de más de 20 años al servicio de las personas con capacidades especiales (Sputnik News, 2016).
Otro de los proyectos emblemáticos del Gobierno Nacional ha sido la creación de una Plataforma Virtual con el fin de promover un cambio positivo de actitud a través de la sensibilización en discapacidades en el personal administrativo de las universidades y se brinde así una atención e inclusión efectiva y progresiva de las personas con discapacidad (Red Clara, 2017).
En este curso se brindó nociones generales en torno al concepto de discapacidad, los tipos de discapacidad existentes, las orientaciones adecuadas de trato y atención, la accesibilidad de información y el marco jurídico que reglamenta la discapacidad en Ecuador (Red Clara, 2017). Y es que en el mundo de la Educación Superior, la inclusión de las personas con discapacidad aún es un proceso complejo, lento y con muchas barreras por superar.
A criterio de David Vásquez Aguirre, Director Provincial de la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades del Ecuador (SETEDIS), la academia tiene un rol insustituible en la creación y fortalecimiento de una cultura Inclusiva. Según Vásquez (2015), las instituciones educativas necesitan desarrollar políticas para lograr ser incluyentes y equitativas. En sus palabras, “hay que incorporar dentro de las políticas y reglamentos internos de las instituciones a los estudiantes con discapacidad, en lo relativo a adecuaciones metodológicas, servicios de apoyo académico, materiales educativos adaptados, apoyo económico y acceso a la tecnología”.
En Ecuador es necesario que los consejos académicos y estudiantiles cuenten además con representatividad de alumnos con discapacidad. Eso fomentaría la inclusión de las minorías y una auténtica democracia de todos los colectivos inscritos a una casa de estudios. Además, es preciso incorporar a otros actores en la tarea de la inclusión, como: desarrollo de páginas web accesibles, transporte adaptado al interior del campus universitario e incorporación de la temática de la inclusión en cursos de formación general.
Por su parte, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Discapacidades, dispone “que en todas las Instituciones de Educación Superior se transversalice el conocimiento del tema de la discapacidad dentro de las mallas curriculares de las diversas carreras y programas académicos”.
Por tanto, el desafío es implementar la educación diferencial y clases con una metodología visual o gráfica. Es más, los alumnos con discapacidad auditiva deberían tener acceso a audífonos y a una socialización para que se conozca de mejor manera el tema de la discapacidad y los estudiantes sepan cómo reaccionar frente a esta condición (El Telégrafo, 2015).
Para el Director Provincial de la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, David Vásquez Aguirre, otro desafío pendiente es la inclusión laboral, puesto que una vez que los estudiantes han culminado su carrera universitaria no la pueden ejercer o trabajan en ámbitos ajenos a la formación recibida (El Telégrafo, 2015).
Según el último reporte del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), en Ecuador hay alrededor de 410.000 personas con esta condición. Del mismo modo, en el 2014 se presentaron 2018 personas con discapacidad a rendir pruebas en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). Del total de inscritos, un aproximado de 1000 personas ingresaron a distintas universidades del país (Cordicom, 2014).
Una de las instituciones pioneras en crear espacios inclusivos ha sido la Universidad Central del Ecuador (UCE) a través de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad. Según Fernando Sempértegui, Rector de la UCE, “lo que queremos es establecer políticas públicas para incorporar compatriotas a oportunidades de inserción laboral y social. Para ello es necesario atacar la raíz; es decir, saber cuáles son las razones que provocan las discapacidades” (El Telégrafo, 2016).
La Facultad de Ciencias de la Discapacidad oferta carreras que brindan atención especializada, esta iniciativa nace como “la fusión y transformación de una escuela de tecnología a una facultad de licenciaturas, donde se juntaron carreras enfocadas a la rehabilitación, además de la atención y prevención de problemas de discapacidad” (Veletanga, 2016).
La Facultad de Ciencias de la Discapacidad es financiada por el Banco de Desarrollo (BEDE) cuya inversión ha permitido a la UCE adecuar las aulas de estudio y construir centros de fisioterapia y una piscina para la rehabilitación física. Actualmente, se ofertan cuatro carreras como son: fisioterapia, terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Estas licenciaturas se han impartido por más de diez años en la Escuela de Tecnología Médica y sus contenidos tienen relación directa con el apoyo a las diversas formas de discapacidad (El Telégrafo, 2016).
A futuro, la Universidad Central del Ecuador espera abrir otras licenciaturas. Una de ellas será Epidemiología de la Discapacidad porque, en palabras de Sempértegui, se debe estudiar de forma científica y sistemática las causas para definir políticas públicas de intervención. Otras licenciaturas a ser consideradas son: Trabajo Social Clínico y Educación para personas con discapacidad. En todo caso, lo que se busca es responder a nuestros propios problemas y lograr que en los estudiantes se potencialicen otras capacidades (El Telégrafo, 2016).
La universidad ecuatoriana ha inaugurado también centros de apoyo y Tiflotecas para personas con discapacidad a fin de integrar a los alumnos discapacitados. En este sentido, el apoyo académico que se brinda a los estudiantes es muy amplio para el caso de la discapacidad visual, ya que la Tifloteca crea materiales accesibles como textos digitales que facilitan el estudio con lectores de pantalla.
Estos espacios nacen con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos, otorgar apoyo a su transferencia y favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad a través de una red académica de apoyo e investigación en tecnologías inclusivas (ANS, 2016). La función de estos centros de apoyo es dar soporte académico a docentes y estudiantes con discapacidad, creando documentos accesibles y materiales educativos aptos para las distintas habilidades de los usuarios.
La Tifloteca es un espacio para la consulta de audiolibros y otros materiales con ayuda de lectores de pantalla. Aquí se dispone de libros, revistas, material educativo, entre otros elementos en braille. También existe material audible, películas, cuentos y textos para uso de personas con discapacidad visual o baja visión, entre otros (ANS, 2016).
Las consideraciones finales de este trabajo de investigación atienden la postura teórica de Gabilondo (2009), adaptada en los siguientes puntos en común:
La forma en que deben ser atendidas las necesidades educativas especiales está presidida por principio de integración y por el reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir escuelas que incluyan a todos y a todas; es decir, escuelas integradoras que celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada uno de los alumnos. Escuelas capaces de ofrecer una educación de calidad, donde la diversidad sea un elemento enriquecedor y no discriminatorio. Desde esta igualdad incluyente e intercultural podemos formar la convivencia en una sociedad plural.
El Gobierno Nacional tiene que crear las condiciones necesarias que auspicien una educación inclusiva y así proporcionar los recursos suficientes para realizar una detección y atención temprana, para supervisar y evaluar el aprendizaje de los alumnos, para garantizar la necesaria formación del profesorado; inclusive, para fomentar y facilitar la participación de los padres.
Gracias a las acciones de las autoridades se ha generalizado una nueva concepción de la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos y desde la construcción de una sociedad que acepta y valora la diversidad como elemento enriquecedor de la convivencia. Esta nueva concepción enfatiza la autodeterminación, la integración, la igualdad de derechos y las capacidades. Del mismo modo, sitúa la dignidad, la autoestima y la igualdad de derechos en el corazón mismo del debate universitario en relación con la discapacidad.
Para los docentes universitarios, es imprescindible la accesibilidad en todos los sentidos y garantizar la escolarización es decisivo a fin de lograr una efectiva incorporación a la comunidad educativa. En este sentido, hemos de ser activos con políticas específicas, participando, promoviendo y reactivando la inclusión.
No basta la sensibilización, hace falta coordinación, recursos y medidas de apoyo. Ese es el reto de la universidad del siglo XXI.
Es necesario insistir en el valor de las personas con discapacidad, en sus derechos como ciudadanos, en su derecho a participar plenamente y en su derecho a contribuir como sujetos sociales.
Tenemos que abordar la discapacidad desde una dimensión social, sensibilizando a la sociedad y creando un ambiente adecuado para que puedan hacerse efectivos los derechos de los estudiantes. Esto hay que hacerlo no como un acto de conmiseración o de condescendencia, sino como una acción de reconocimiento y de responsabilidad.
La inclusión no es solo un signo de equidad, sino de calidad de la educación. La calidad sin equidad y sin inclusión educativa es elitismo y discriminación. Hay que trabajar unidos para conseguir un cambio cultural en el ámbito educativo: este sería un nuevo pacto social y político por la educación.
Debemos atender las necesidades educativas especiales que tienen las personas con discapacidad si queremos conseguir una educación de calidad para todos. Para ello, necesitamos aceptar que todos los estudiantes son diferentes, que cada uno es único y especial, con unas necesidades singulares. Cada uno es irremplazable, insustituible. Y que por eso el sistema educativo debe adaptarse a las necesidades de cada cual, a sus capacidades y a sus intereses.
Tenemos que pasar de la integración a la inclusión educativa. No se trata de que el alumno con discapacidad se adapte y se integre, sino que la universidad apueste por él y haga todo lo necesario para conseguir que tenga en verdad el mismo derecho a la educación que el resto de sus compañeros.
Necesitamos una educación incluyente, que vea a todos los alumnos como capaces de aprender, y anime y honre todos los tipos de diversidad, apoyando las cualidades y detectando las necesidades de cada uno de los estudiantes.
La inclusión no es solo asimilación, sino incorporación plena en una comunidad. Con este propósito, hemos de propiciar programas que desarrollen la formación específica de las personas con discapacidad para la inserción laboral.
Nuestro objetivo es consolidar una educación que consiga mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos. Todos debemos ser parte de la creación de políticas sociales activas pues al ser conocedores de esta realidad estamos preparados para formular medios de solución ante las adversidades (Siavichay Sinchi, 2016).
Es innegable la evolución de las normativas ecuatorianas referentes a la discapacidad; sin embargo, aún falta mucho por hacer puesto que no solo las personas con discapacidad tienen responsabilidad de hacerse cargo de su realidad, también nosotros como autoridades universitarias somos responsables de las personas sin discapacidad.
La mayor discapacidad se encuentra en la mente de las personas, en una sociedad excluyente, incapaz de mirar y respetar la diferencia. En cambio, una sociedad que piensa en personas diferentes y se estructura considerando los derechos de todos y todas rompe las situaciones de discapacidad que viven estas personas (Eras, 2013).
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1. Doctora en Ciencias Contables y Empresariales. Magíster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa. Vicerrectora Académica. Universidad Técnica de Machala. lborja@utmachala.edu.ec
2. Doctora en Comunicación, especialista en comunicación y redacción en multimedios. Profesora de Comunicación Universidad Técnica de Machala. ftusa@utmachala.edu.ec
3. Máster en diseño multimedia y en Información digital. Especialista en usabilidad, interactividad y diseño de experiencia. Profesor en Comunicación. Universidad Técnica de Machala. jlmaza@utmachala.edu.ec