ISSN 0798 1015
ISSN 0798 1015
Vol. 40 (Nº 5) Año 2019. Pág. 27
HOYOS B. Consuelo 1; CERÓN G.William 2
Recibido: 18/10/2018 • Aprobado: 25/01/2019 • Publicado 11/02/2019
RESUMEN: El artículo analiza la cultura de la legalidad de la comuna Diez de Medellín y comprende las percepciones, actitudes y valores de los jóvenes de Medellín sobre la cultura de la ilegalidad/legalidad y los patrones y prácticas relativos a la cultura jurídica. Mediante una interpretación de saberes de las ciencias sociales y jurídicas responde a la pregunta: ¿Cómo perciben y/o vivencian los jóvenes de la Comuna Diez de Medellín, la cultura de la ilegalidad/legalidad y qué aspectos psicojurídicos y sociales inciden en su comportamiento? |
ABSTRACT: This article analyzes the culture of legality inside the Comuna Diez (Tenth Commune) in Medellin and understands the perceptions, attitudes and values of Medellin’s youth about legality/illegality cultures as well as patterns and practices relative to the legal culture. Through the interpretation of social and legal sciences knowledge, it answers to the question “How does the youth of the Comuna Diez in Medellin perceive or live the culture of illegality/legality and which psycho-juridical and social aspects influence their behaviors?” |
Si bien el concepto de cultura permea lo artístico, lo científico y lo industrial, para nuestro estudio tomaremos el concepto que propone Guedez: “conocimientos, juicios e ideas, tradiciones y valoraciones, sentimientos y creencias, pensamientos y realizaciones, hábitos, costumbres, aptitudes y actitudes que la persona ha adquirido como consecuencia de ser miembro de una sociedad. (1987:20) es en ese sentido cómo se abordará la cultura de la legalidad en Medellín.
En primer lugar, hay que establecer la diferencia entre los términos legitimidad y legalidad. Según Bobbio, (citado por Agudelo 2006), “La legitimidad es la perspectiva en la que se suele poner el titular del poder y la legalidad es la perspectiva en la que se suele poner el súbdito”. Ambos términos se refieren al poder según Bobbio, pero indican, no obstante distintos requisitos, así: la legitimidad es un requisito de titularidad, en tanto que la legalidad es un requisito del ejercicio político que hace el ciudadano Bobbio, (citado por Agudelo 2006).
Se tiene en cuenta, además, la perspectiva psicojurídica de la investigación mediante una aproximación psicojurídica al comportamiento humano para desentrañar aquellos aspectos que movilizan la conducta del individuo. Es por eso que el respeto a la vida, el carácter inviolable de los derechos humanos, la libertad, la paz, la tolerancia, conforman lo que se podría llamar el núcleo de la convivencia ciudadana, instaurado más que en un corpus jurídico, en el corazón de cada persona.
Resaltamos en este artículo, el trabajo de campo adelantado en la Comuna 10 de Medellín Colombia, el cual da cuenta de dinámicas contradictorias vivenciadas por los jóvenes que hablan de ilegalidad/ legalidad.
Es así como el cumplimiento de la ley y el respeto a las normas y valores sociales hablan de esa cultura de la ilegalidad/legalidad que impunemente parece ignorarse o violarse en todos los contextos: familiar (violencia intrafamiliar cuyos altos índices dan cuenta de una institución en decadencia), educativo (matoneo o acoso escolar, ejercicio de violencia que parece violar todas las normas de convivencia dejando secuelas a veces irremediables en los escolares); social, (descomposición general que toca permanentemente los límites de la delincuencia e ignora los conceptos de solidaridad, compromiso y responsabilidad). (Hoyos, 2018:7)
A partir de la pregunta: ¿Cómo perciben y/o vivencian los jóvenes de la Comuna Diez de Medellín, la cultura de la ilegalidad/legalidad y qué aspectos psicojurídicos y sociales inciden en su comportamiento? Planteamos nuestra ruta metodológica, a saber:
Se privilegia el diseño constructivista, desde el paradigma cualitativo con enfoque histórico hermenéutico que tiene en cuenta el contexto, los espacios de creatividad y la subjetividad para captar la particularidad de la experiencia. La recolección de datos se hizo teniendo en cuenta la técnica de la entrevista semiestructurada individual, que permite un acercamiento a los informantes a partir de preguntas de carácter holístico en las que el objetivo está constituido por la vida, experiencias, ideas, valores y estructura simbólica del entrevistado. La población estuvo conformada por 20 jóvenes con las siguientes características: de 15 a 23 años, de diferente sexo, escolaridad, estrato social y actividad laboral (formal o informal) de la ciudad de Medellín, Comuna 10.
La cultura de la legalidad consiste “en todos aquellos esfuerzos de autorregulación individual y social para buscar la armonía entre los valores colectivos y las necesidades de un Estado reflejadas en sus normas, con la finalidad de que se interioricen y apliquen conceptos como justicia, respeto, equidad, solidaridad, convivencia pacífica” dice el Exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. (Montealegre, 2016), Así mismo, una cultura de la legalidad significa que la cultura, simpatiza con la observancia de la ley, teniendo en cuenta que el Estado de Derecho regula la sociedad, donde debe ser prioritaria la transparencia política y la confianza en las instituciones.
Los deberes de autorregulación, implícitos en la cultura de la legalidad, se refieren a la ética y a la axiología, mediante ellas el ciudadano pone freno a sus desmanes en el cumplimiento de la ley para actuar conforme a derecho, en la observancia plena de los mandatos constitucionales y legales sin desconocer que “el poder no se sustenta en la obediencia ciega en torno a una normatividad concreta, sino en la capacidad de cada individuo de asumir su compromiso de actuar como ciudadano, reconociendo siempre la diferencia en el otro”. (Arent citada por Agudelo, 2006:126)
La Alta Consejería Presidencial para la Paz y Convivencia (2018) se ha propuesto “Promover una cultura de la legalidad, exaltando el apego a la ley y a la moral como un valor social fundamental, rechazando legal y socialmente las opciones del atajo (hecha la ley, hecha la trampa) y el dinero fácil” Lamentablemente es de la condición de muchos ciudadanos colombianos esa opción por ‘el atajo’ para evadir la normatividad y responder a sus propios intereses, en desmedro de los intereses sociales.
Para Antanas Mockus (2012), la ciudadanía, fundamento de la cultura de la legalidad, “es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. Por ello, es necesario trascender el propio egoísmo para conectarnos con el nosotros del ámbito social, es recorrer el camino de la comunión humana que permite un encuentro donde el Estado de Derecho marque las pautas de la convivencia humana, porque “El ser social del hombre se relaciona consigo mismo en la medida en que se relaciona con los otros se relaciona con sus propias posibilidades existenciales, que le vienen presentadas por las expectativas de los otros”. (Haeffner, 1986: 71)
Hay que tener en cuenta que “La cultura de la legalidad está íntimamente asociada a las pautas de educación y crianza, especialmente a las de la madre y la cultura de la ilegalidad asociada a la percepción de inequidad social”. (Duque, 2013: 209). De suerte que la ilegalidad no es resultado de la nada, tiene su fundamento en los factores de riesgo vivenciados desde la infancia en los jóvenes que hicieron parte del trabajo de campo, donde, además se observa en las familias algunos de las siguientes problemáticas: alcoholismo, drogadicción, antecedentes delictivos, familia desintegrada, falta de educación, irrespeto por los DDHH, dependencia, baja autoestima, relaciones de poder, hostigamiento, agresividad, desconfianza en los demás, legitimación de la violencia, maltrato físico por alguno de los progenitores, autoritarismos, entre otros.
De igual manera puede decirse que existe una serie de factores protectores que previenen al sujeto de las actividades al margen de la ley, tales como: afecto, respeto, hogar integrado, confianza, educación, buenas relaciones familiares, comunicación, autoestima positiva, apoyo social, satisfacción de necesidades, compromiso comunitario, colaboración con la autoridad, sin hacer referencia a muchos otros factores protectores que facilitan el actuar conforme a la legalidad.
También constituyen factores protectores los valores, ellos son elementos centrales en el sistema de creencias de las personas y están relacionados con estados ideales de vida que responden a nuestras necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios para evaluar a las personas, a los sucesos y a nosotros mismos. ( Rokeach, citado por García, Ramírez, 1998).
En la investigación, algunos de los valores considerados por los padres y madres como determinantes en la formación familiar, son: honestidad, respeto, solidaridad, lealtad, responsabilidad, tolerancia y humildad. A partir de ellos, los hijos trazan sus ideales, en los cuales ven reflejado su aporte positivo a las futuras construcciones o interacciones sociales de los niños, niñas y adolescentes; pero es más determinante, cuando los progenitores por medio de la formación en valores robustecen la autoestima de los niños, para un posterior desenvolvimiento efectivo en las relaciones con los demás, que les permitan fijar y mantener objetivos claros en sus proyectos de vida valorando su participación como organismos activos del núcleo social, pero es así mismo necesario, tener en cuenta la participación de los demás integrantes de ese entramado social, con el fin de comprender la importancia del otro, darle su lugar en las relaciones interpersonales y solventar los conflictos, con fundamentos de valor obtenidos en la crianza.
Los factores tanto de riesgo como protectores a que se ha hecho referencia, se relacionan con el entorno ambiental, laboral, ocupacional, familiar, personal, estilos sociales de vida, pautas de relación social, personalidad, así como otros de naturaleza psicosocial.
Más allá de estas apreciaciones, hay que considerar el concepto de Juventud el cual es “un significante complejo que contiene en su intimidad las múltiples modalidades que llevan a procesar socialmente la condición de edad, tomando en cuenta la diferenciación social, la inserción en la familia y en otras instituciones, el género, el barrio o la microcultura grupal” (Margulis, 2001: 40). Por ello, se podría decir: “No podemos trabajar con […] jóvenes abstractos. Tenemos que trabajar con los niños y jóvenes de hoy, los que existen, los que conocemos, los que nos hablan y a los que nosotros hablamos” (Coccoz, 2004). Esos jóvenes están representados, en la investigación, en la población juvenil de la Comuna 10 de Medellín. Y a través de sus historias de vida, de su subjetividad, se encontrarán las razones para la posición que como sujetos asumen frente a sus actos.
A pesar de que muchos autores consideren al adolescente como un ser vulnerable y ello explica su conducta, no la justifica, y menos si se le reconoce sujeto responsable de sus actos como lo hace el actual Código de la Infancia y de la Adolescencia. Sin embargo, más que una visión negativista del adolescente hay que analizarlo como un ser en proyección, lleno de potencialidades, de sueños, de ilusiones y deseos.
La dimensión de la vida social que hay que considerar es el cumplimiento voluntario de las reglas de convivencia por parte de los ciudadanos porque la cultura de la legalidad no es algo que se impone, se acepta y asume por cada individuo como integrante de una comunidad política. Es así como los diversos comportamientos que dan cuenta de esa cultura, tales como: respeto por lo ajeno, diálogo, inclusión social, observancia de la ley, responsabilidad, cumplimiento, compromiso social, valoración del otro, trabajo responsable, vivir al margen de una cultura mafiosa, sin engaños, sin trampas, entre otros, es una opción voluntaria del ciudadano que, por el contrario, lo aleja de esos comportamientos ilegales: irrespeto por lo ajeno, exclusión social, violencia, agresividad, irrespeto por la vida, prácticas criminales, corrupción, apego al dinero, abuso de confianza y otros más.
Es elección de cada persona incursionar por uno u otro modelo de convivencia, positivo uno y negativo el otro que implica éste último un vivir al margen de la ley, desconociendo todo mandato y orientación en orden a respetar un Estado de Derecho. No existen orientaciones que precisen un ‘modus operandi’, se aprenden en la infancia mediante los factores de riesgo, como se dejó dicho y el comportamiento social, pero se realizan por un bajo nivel ético de quien desconoce el verdadero valor de ser ciudadano.
Por ello, “inmersos en un contexto inseguro y con dinámicas familiares conflictuadas los jóvenes terminan siendo mucho más permeables a aquellos comportamientos desadaptativos”. (González 2001) El derecho penal y la criminología se ocupan de estudiar el delito. El primero lo hace a partir de las normas jurídico-penales y, la segunda, desde una doble dimensión: génesis y desenvolvimiento de la criminalidad como realidad social y reacción que dicho fenómeno apareja. La cultura de la ilegalidad, por su parte, asume que el hecho que da cuenta de la violación a la ley es un continuo que va desde el desacato a la norma, hasta el actuar abiertamente contrario a ella y en este caso, también el derecho penal debe pronunciarse.
Según Diego López, (2014) “El movimiento en favor de una ‘cultura de la legalidad’ identifica que la dimensión fundamental de la vida social que hay que reforzar es el nivel de cumplimiento voluntario, por parte de los ciudadanos, de las reglas institucionales y compartidas de convivencia” (p.47). Argumenta, igualmente, “que de lograrse una generalizada ‘cultura de la legalidad’ en una ‘polis’, ello permitiría, entre otras cosas deseables, altos niveles de transparencia y honestidad gubernativa, confianza social, eficiencia económica, empoderamiento individual, democracia política, social y económica (p.47).
Es sin duda el resultado de un conjunto de acciones y comportamientos sociales que inducen al joven a ubicarse en este camino, bien por opción personal, bien por los determinantes presentes en cada territorio que muestran un ‘mundo apetecible’ el cual es altamente valorado por la juventud, tales como: ser capaz de enfrentar al otro y al representante de la ley, sentirse el más osado, llamar la atención de sus congéneres, desafiar las convenciones, manipular lo establecido, dar a entender que nada lo atemoriza, correr riesgos, buscar la aprobación de los demás, entre otros, que es un poco caracterizarse como líder del grupo.
Esa cultura de la ilegalidad es un referente de poder para el joven que quiere vivir otras experiencias, distanciarse de los discursos parentales para obtener nuevos lineamientos de conducta, construir su propio inventario de acciones y comportamientos con los cuales pueda, además, llamar la atención de otros miembros del grupo, porque casi siempre es el grupo el que facilita o propicia este ‘modus vivendi’.
Es aquí donde puede apreciarse la diferencia entre ‘sujeto y objeto’, en el cual radica el fenómeno de la ilegalidad. Se atropella al ‘otro’, se mata, se le desaparece, se le viola, se le maltrata, se le despoja de lo suyo y otras conductas violatorias más de la dignidad humana, porque no se le reconoce como sujeto, porque tampoco las personas representativas para el joven han reconocido esta condición en los demás, porque la sociedad le muestra que para triunfar en la vida se requiere poder y el poder implica la autoconciencia del más fuerte, quien se abroga el derecho de destruir, reducir al ‘otro’, es decir, tratarlo como objeto. (Savater, 2001: 35)
Por otra parte, los jóvenes vivencian su existencia con los actores al margen de la ley como una categoría que les da prestigio, respeto, poder, acceso a las mejores novias y a los más costosos productos de “consumo”, como vestuario, moto, calzado, y otras prebendas a las cuales muy difícilmente están dispuestos a renunciar. La ilegalidad aparece como una ventaja para ser reconocido, alabado, contratado, por lo cual es difícil renunciar a ella. Frente a estos aspectos, surgen las preguntas: ¿qué implica para ellos la norma? ¿No la conocen?, ¿No la tienen en cuenta?, ¿se creen capaces de desafiarla?, ¿es sólo para los adultos? ¿Se sienten con licencia para actuar al margen de la ley? Son interrogantes que en el afán de desentrañar el comportamiento de los jóvenes, la sociedad se hace casi sumergida en la desesperanza, sintiendo que la impunidad es una constante generalizada, que el “garantismo juvenil está acabando con la justicia”, que la violación de los derechos humanos se hace cada vez más grave.
Por ello, hablar del adolescente o joven como sujeto de derecho “exige la necesidad de considerarle como parte esencial de una sociedad en devenir, un sujeto con una subjetividad propia y, a la vez, un sujeto sujetado, como lo dice el término, sujetado a su desarrollo físico, intelectual y afectivo. De este modo se subraya su esencia de sujeto en formación frente a quien la sociedad tiene obligaciones y responsabilidades muy específicas relacionadas con asegurar dicha formación”. (Dupré, 2005)
Como sujeto en formación que es, se le debe proveer toda la orientación necesaria, una guía que le permita acceder a criterios adecuados de valoración de su vida y su conducta, un acompañamiento real y efectivo que implique una revisión de sus patrones de comportamiento para acceder a cambios sustanciales y a una mirada diferente frente al mundo, y su comunidad; se trata de reconstruir el vínculo deteriorado y ello solo es posible mediante la asimilación de los conceptos que le permitan construir de nuevo la confianza, mostrarse como sujeto capaz de reconocer la transgresión y de repararla y propugnar por el restablecimiento del vínculo social. Así, la cultura de la legalidad para Diego López (2014) “tendría relación con el ideal de una vida humana individual mejor vívida, más plena y consciente de su interdependencia de los demás, más autónoma, libre y socialmente empoderada a través de la obediencia voluntaria y consciente de la normatividad institucionalizada” (57).
La familia es la “unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad reciprocidad y dependencia." (Rodrigo y Palacios, 1998: 33) Entendido esto, es viable referirse a la familia como un engranaje diseñado para estar en un funcionamiento conjunto, donde cada unidad debe desempeñar una función de manera eficiente o constructiva; visto así, se logra decir que existe un camino de formación imparable, pues los niños, niñas y adolescentes deben nutrirse constantemente del conocimiento y de las experiencias enriquecedoras de sus padres, para alcanzar una formación integral, pero en ese camino, los padres también deben desarrollarse y constituirse plenamente como personas adultas, forjadores de valores sólidos y ser firmes orientadores, pues son ellos, los llamados a implantar los correctos modelos de conducta para sus hijos. (Hoyos, 2011: 119)
Además de las funciones básicas que corresponde a la familia, está una función educativa y socializadora, en donde se establece el diálogo como una dinámica constructiva, donde no sólo se construyen vínculos con los padres, sino que se intenta establecer la unión adecuada de los menores con el ecosistema social. “La familia es la encargada de propiciar el que niñas y niños se desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de su país. […] En familia, niñas y niños construyen su identidad personal.” (Chapela, 1999: 45)
Más allá de los elementos materiales, las familias aportan fundamentalmente el amor (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006) y el soporte emocional de los niños, esto es necesario para que ellos obtengan una estabilidad psicológica esencial para desarrollarse como seres humanos, manejando con este factor emocional, la supresión de comportamientos asociales e incluso antisociales, como respuesta a la ineludible interacción con el núcleo social exterior a la familia. De esta manera, los sistemas familiares organizados en un ambiente afectuoso, amable y comprensivo, estimulan en los niños, niñas y adolescentes, la estructuración de una personalidad competente para interactuar de forma positiva y crítica en su entorno familiar, escolar y social.
Es que la mejor forma de prevenir los comportamientos ilegales, las infracciones a la ley es ofrecerles a los hijos un ambiente de amor y comprensión; sólo en un entorno cálido, de cariño y reconocimiento, es posible forjar personalidades que le apuesten a la legalidad, donde prime el respeto, la valoración del otro, el camino hacia el cumplimiento del deber, al margen de opciones ‘torcidas’ vinculadas a la cultura mafiosa y a la cultura del más fuerte. O como dice nuestro premio nobel de literatura frente a la cultura colombiana. “Una droga más dañina que las mal llamadas heroicas se introdujo en la cultura nacional: el dinero fácil. prosperó la idea de que la ley es el mayor obstáculo para la felicidad, que de nada sirve aprender a leer y a escribir, que se vive mejor y más seguro como delincuente como gente de bien” (García Márquez, 1996: 153).
Otro item significativo en este contexto, es la inequidad social. Colombia es uno de los paises más inequitativos del mundo. “Según la Cepal, la desigualdad en Colombia es superior a la de la mayoría de los países en la región. En la última evaluación, correspondiente a 2017, asegura que es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región; el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso”. (Gómez, 2018)
¿Cómo hacer un llamado a la legalidad si en sus cimientos la población colombiana está marcada por la inequidad? que, además, es lo que ven los jóvenes y sufren: un cúmulo de necesidades y descompensaciones que los deja carentes de alimentos, vivienda, vestido, habitación, trabajo, entre otros. “Esta realidad de desbalance social, según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 (Unesco), no se limita a las disparidades económicas sino que trasciende e interactúa con los planos político, social, territorial y cultural. Esto se traduce en limitadas oportunidades para el desarrollo personal y colectivo, y mayores dificultades de acceso a ellas por parte de grupos poblacionales de los bajos estratos sociales”. (Consuegra, 2018)
Es necesario, mediante políticas de Estado y el compromiso de la sociedad, “construir y fomentar espacios y caminos de movilidad intergeneracional que permitan a los jóvenes el acceso a mayores oportunidades de estudio y trabajo con las que logren construir su bienestar social (Consuegra, 2018)
La pobreza, situación que afecta directamente la calidad de vida de las personas y sus familias, reduce las posibilidades de empleo, salud, educación, vivienda e ingresos que le permitan tener una vida digna y con ese déficit, las puertas quedan abiertas a la vía de la ilegalidad, aunque hay que señalar que esta opción no es general, porque hay quienes asumen con dignidad estas problemáticas y se mueven en la legalidad.
Al realizar el trabajo de campo en la comuna 10 de Medellín, se observó, de parte de los jóvenes buena colaboración, podría decirse que uno a uno fueron apareciendo los factores protectores y de riesgo que movilizaron sus comportamientos en el contexto de la ilegalidad/legalidad. A manera de ejemplo, se transcriben algunos testimonios.
“yo aprendí acá en el centro a pelear con cuchillo, uno aprende a veces de otros y con lo que ve porque mi papá también era peleador”
Sobre la cultura de la legalidad, dice un informante: “cuando tenía 15 años, yo era muy delinquidor, era muy plaga, daba duro, me daban duro por eso yo me mantenía en problemas y yo me cansé de eso, ya tengo 19 años y ya cogí un poquito de escarmiento, porque me dieron muchos golpes en la vida”.
Con respecto a los factores protectores que llevan a una persona a preferir la cultura de la legalidad, uno manifiesta “lo más seguro es el buen trato en la familia y además el buen ejemplo, nadie se tuerce si en la casa hay buena relación y comunicación, si me dan amor, doy amor”.
¿Cómo es la relación con tus padres? “No tengo, desde los 12 años quedé sola, mi padre se murió cuando yo tenía 6 meses de nacida y mi madre me abandonó cuando yo tenía 12 años, quedé sola y sin rumbo, me tocó montámele a la vida”.
¿Se les inculca a los miembros de la familia el cumplimiento de la ley?: “mi mamá siempre le caía mal a los policías porque ella también fumaba, consumía, los veía como enemigos. Pero sabe por qué de pronto yo si respeto un poco los policías?, porque qué haríamos sin ellos, qué haríamos sin una ley, es verdad que a uno le da rabia que le quiten el vicio, pero entonces qué haríamos donde no hubiera un control de eso, cómo estaría esto por acá de jodido”.
Cuando se les indaga por su familia, un entrevistado dice: “no digo nada, es que son tan hp, esa gente me ha tirado muy duro a mí”.
Es que como nosotros vivimos en tanta pobreza, qué vamos a pensar si algo se puede hacer o no, se hace lo que sea necesario para salir del ‘atolladero’ en el que estamos, así sea contrario a la ley.
¿Cómo concibes el delito? “Más bueno que hasta más, no me importa, desde que no lo cometan conmigo, me importa un culo, lo soy sordo ciego y mudo”
¿Sabes en qué consiste la ilegalidad? “ilegales los tombos lo cogen a uno y le dan unas pelas, si le cogen a uno un celular, le dicen démelo y no lo llevo para el Caí”.
En síntesis: por mundo de la legalidad entienden los entrevistados, desde el punto de vista conceptual, lo que a continuación se transcribe, lo cual sin embargo, no concuerda con su actuar en el medio, dista mucho de lo que se vive realmente: respeto por lo ajeno, “no me atrevería jamás a tomar lo que no es mío”; inclusión social: “todos somos iguales y merecemos el mismo respeto; diálogo: “es mejor conversar que peliar”; comunicación, observancia de la ley: “los pillos siempre llevan las de perder” responsabilidad, cumplimiento, compromiso social, valoración del “otro”: “es que uno tiene que entender que el respeto es para todos”; “vida al margen de la cultura mafiosa, sin engaños, sin trampas, sin mala fe, negocios limpios, sin sobornos”. Sin embargo, hay que concluir que la cultura de la ilegalidad prevalece en la Comuna 10 de Medellín en el contexto de la realidad investigada.
Entre otras razones, parece ser que la relación familiar ha sido altamente deficitaria, como se observa en el discurso de los jóvenes. Pero también un alto nivel de inequidad social provoca este tipo de comportamientos. Se podría afirmar con Luis Fernando Duque (2013): “La cultura de la ilegalidad es significativamente prevaleciente entre nosotros y está asociada a diferentes formas de agresión en Medellín y el área metropolitana. La cultura de la ilegalidad es expresión de que la sociedad paradójicamente favorece caminos que ella misma ha clasificado como contrarios a la ley o a la norma moral para obtener lo que es apetecible o deseable (209).
En consecuencia, es fácil concluir que el mundo de la ilegalidad proviene de problemáticas familiares y/o sociales, donde se aprecian conductas de alcoholismo, drogadicción, antecedentes delictivos, familia desintegrada, irrespeto por los DDHH, entre muchas otras que conducen a los jóvenes a comportamientos al margen de la ley, sumado a esto es clara la participación del grupo y la legitimación de la violencia.
A contrario sensu, como lo afirma Diego López (2014) “la ‘cultura de la legalidad’ es un movimiento social que busca que los ciudadanos logren “interiorizar” estos patrones normativos de convivencia: tal objetivo reduciría de forma significativa los niveles de incumplimiento social y los costos estatales de vigilancia (57)
Arent, citada por Agudelo R. Martín. (2006) El poder político: su fundamento y sus límites desde los derechos del hombre. Bogotá: Temis.
Alta Consejería Presidencial para la paz y convivencia (2018) Recuperado de http://wsp.presidencia.gov.co/Seguridad-Ciudadana/estrategias-nacionales/Paginas/Cultura-de-Legalidad-Yo-le-Juego-Limpio-a-Colombia.aspx
Bobbio, citado por AGUDELO, Martín. (2006) El poder político: su fundamento y sus límites desde los derechos del hombre. Bogotá: Temis.
Coccoz, Vilma. (2004) Adolescencia y responsabilidad. Conferencia de clausura de las Jornadas sobre Adolescencia, nuevos conflictos, nuevos abordajes. La Coruña.
Colombia. Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006
Constitución Política de Colombia (1991)
Consuegra José. (2018) La inequidad, el peor estigma de los colombianos. El Heraldo. Recuperado de https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-inequidad-el-peor-estigma-de-los-colombianos-483364
Chapela, Luz María. (1999) Familia. Cuadernos de población. CONAPO, México.
Duque Luis Fernando. (2013) Cultura de la ilegalidad en Medellín y su asociación con diversas formas de violencia. Revista Facultad. Nacional Salud Pública.
Dupré, Marie-Astrid. (2005) Delincuencia juvenil y respuestas institucionales. Hacia una política de rehabilitación. Recuperado de http://books.google.com.co/books?id=_wEhb wNfrjQC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=representaciones+sociales+sobre+delincuencia+juvenil&source=bl&ots=6Aqvh5kFwl&sig=OnEHJw5YM-w1H8Ingq4E0QyqRVQ&hl=es-419#v=onepage&q=representaciones%20sociales%20sobre%20delincuencia%20juvenil&f=false.
García Hernández, María Dolores; Ramírez Rodríguez, Gloria; Lima Zamora, Alinson. (1998) En: Familia y desarrollo humano.
García Márquez, Gabriel. (1996). Noticia de un secuestro. Santa Fe de Bogotá: Grupo Editorial Norma.
Gómez, Jairo. (2018) Revista Semana. Recuperado de https://www.semana.com/opinion/articulo/la-desigualdad-en-colombia-columna-de-opinion-de-jairo-gomez/557003.
Gonzalez, Marcelo. (2001) Percepciones y actitudes de jóvenes acerca del delito: un estudio empírico. Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología - UNNE. Catamarca 375 - (3400) Corrientes – Argentina. Recuperado de http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2001/1-Sociales/S-041.pdf.
Guédez, Víctor. (1987) “Educación y proyecto Histórico-Pedagógico”. Ed. Kapelusz. Caracas.
Haeffner, Gerol. (1986) Antropología Filosófica, Barcelona: Herder.
Hoyos, Consuelo. (2011) La corresponsabilidad Familiar: Rupturas históricas y Prospectiva en Medellín. Medellín: Ediciones Unaula.
------ (2018) Cultura de la ilegalidad/legalidad en jóvenes de la Comuna 10 de Medellín, desde una perspectiva psicojurídica y social. En proceso Editorial.
López M., Diego. (2014) La “cultura de la legalidad” como discurso académico y como práctica política. Un reporte desde América Latina. En: Cultura de la legalidad en Iiberoamérica: desafíos y experiencias. Isabel Wences; Rosa Conde ; Adrián Bonilla, Edits. – 1ª. ed. – San José, C.R.: FLACSO.
Montealegre, Eduardo. (2016) La cultura de la legalidad en Colombia. Recuperado de http://www.portafolio.co/opinion/la-cultura-la-legalidad-colombia.
Mockus, Antanas. (2012) MinEducación. Por qué competencias ciudadanas en Colombia? Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87299.html.
Margulis, Mario. (2001) Juventud: una aproximación conceptual. En: Solum Donas Burak Compilador. Adolescencia y Juventud en América Latina. LUR Libro Universitario Regional. Cartago, Costa Rica.
Rodrigo, María José; Palacios, Jesús. (1998) Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial.
Savater, Fernando. (2001) El valor de educar. Barcelona: Editorial Ariel S.A.
El artículo es fruto del proyecto de investigación terminado de Consuelo Hoyos Botero, denominado “Cultura de la Legalidad en jóvenes de la Comuna 10 de Medellín”, adscrito al Grupo Ratio Juris, Línea: Bioderecho, familia y Sociedad de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, 2018
1. Doctora en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Magister en Bioética de la misma Universidad. Estudios superiores de doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (España). Abogada, psicóloga, Licenciada en Filosofía y Letras. Docente investigadora del Grupo ‘Ratio Juris’ de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, Colombia. Autora de varios libros. Correos conyh@une.net.co consuelo.hoyos@unaula.edu.co
2. Doctor en Filosofía. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidato a Magister en Cine Documental. Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Director del Grupo Ratio Juris Categoria B Colciencias, Colombia Recientemente ha compilada el libro Estética del poder en América Latina. Medellín: Unaula 2017. Correos. edgar.ceron@unaula.edu.co magisterpolitica@yahoo.es