ISSN 0798 1015
ISSN 0798 1015
Vol. 39 (Nº 46) Año 2018. Pág. 10
Romelio GONZÁLEZ Daza 1; Arnaldo PERALTA Castilla 2; Schneyder MOLINA Romero 3
Recibido: 29/05/2018 • Aprobado: 11/07/2018
RESUMEN: La reconstrucción de una sociedad fragmentada y con múltiples afectaciones del conflicto interno, exige a la escuela colombiana ser garante del restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas (NNA), (sentencia T-025; 2004). Deben ser acogidos con calidad, en ambiente que potencie su proyecto de vida (ley 1448,2011). La ausencia de un protocolo al respecto motivó a los investigadores a proponer estrategias de adaptabilidad para su acogida e inclusión social, a través del APC: acción, permanencia y capacitación. |
ABSTRACT: The reconstruction of a fragmented society with multiple effects of the internal conflict requires the Colombian school to be the guarantor of the restoration of the rights of children and adolescents victims (NNA), (sentence T 025, 2004). They must be welcomed with quality, in an environment that enhances their life project (Law 1448,2011). The absence of a protocol in this regard motivated the researchers to propose strategies of adaptability for their reception and social inclusion, through the APC: action, permanence and training. |
La acogida de la población víctima del conflicto en la escuela, supone acciones administrativas, pedagógicas y sociales que transciendan la asignación del cupo como lo establece la normativa. Esto debe significar la activación de un conjunto de orientaciones y actividades que incluyan a toda la comunidad educativa, en la dirección de conseguir que el arribo resulte acogedor y alentador, en una escena liberadora, en donde se transmita confianza, se haga sentir que ocupan un lugar importante en el mundo, que su familia y comunidad los necesitan. En este documento se encuentra la radiografía actual de ese deber constitucional y la propuesta de protocolo para enfrentar el reto exitosamente.
A continuación, definiremos algunos términos importantes para el contexto de esta investigación: acogida, inclusión social, Restablecimiento de Derechos y una generalidad del contexto colombiano.
que la llegada, por lo general en un contexto geográfico, social y cultural ajeno no se convierta en un espacio del recuerdo y reencuentro con sus temores, miedos, angustias e inseguridad como secuela por las situaciones de violencia que ha vivido, y lo han afectado en su dimensión biopsicosocial. Por tanto, hacer parte de la comunidad educativa debe convertirse en una escena liberadora, que trasmite positivismo, confianza en ellos y en los demás, que les ayude a recordar el lugar significativo que ocupan en el mundo, que son necesarios para su familia y todo el pueblo colombiano. Poner en evidencia, con manifestaciones tranquilas, con actos, que en efecto la escuela es el mejor espacio en la reconstrucción de sus proyectos de vida. Un sitio que, a través de su quehacer natural, es capaz de proveerle protección en el ejercicio pleno de su derecho a la educación, sin obstáculos o barreras; lo que implica “(…) el reto de neutralizar las circunstancias que generan riesgos para su cumplimiento, en un mundo guiado por las perspectivas e intereses de los adultos. Supone también activar las potencialidades de los menores para intervenir activamente en ese proceso” (Buitrago, 2007, p. 23). Acoger es propiciar el buen trato, gestos amables, calidez, honestidad y respeto; extender la mano, dar un abrazo, un tono de voz apacible, conversar, escuchar, comprender: saberse en él, en el otro.
La inclusión en la escuela de las víctimas del conflicto armado hace referencia a todos los esfuerzos, mecanismos y procesos mediante los cuales las comunidades educativas –en función de una apuesta política y social de la educación y en virtud de la normativa y la jurisprudencia vigente– logran la plena pertenencia de esta población a la vida institucional, social y cultural de la institución y de su contexto. La Convención de los Derechos del Niño (1989), de la cual el Estado Colombiano es signatario, dispone en su artículo 39 que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima (…)” (p.12). La inclusión, según se entiende aquí, hace referencia a esta reincorporación social de los niños, niñas y jóvenes que han sido víctimas del conflicto, que sucede en la escuela y que mediada por la fuerza vinculante de la normativa –como la referenciada más arriba y que por su jerarquía, el espíritu de sus disposiciones irriga el ordenamiento jurídico relacionado con la atención y reparación a las víctimas– es parte de su proceso de restitución de derechos.
Los procesos de restablecimiento de derechos que debe ser garantizados a las poblaciones víctimas del conflicto armado, a su vez como un derecho mismo, hacen referencia al conjunto de procesos y acciones articuladas, a través de las cuales la institucionalidad debe dar cumplimiento a sus deberes de respeto y garantía, en relación con los derechos vulnerados por la victimización en el marco del conflicto armado interno. En el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto el Decreto 1695 de 2013, por medio del cual se reglamenta la Ley 1620 del mismo año, dispone que este proceso hace referencia al:
“(...) conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos y, de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados (pp. 15 – 16)”.
La educación, además de ser un derecho, se presenta como la oportunidad y el espacio en el cual, a través de la acogida, la inclusión social y la protección se promueva la garantía de todo el espectro de derechos que han sido vulnerados a las niñas, niños y jóvenes víctimas del conflicto. Esa oportunidad podría ir encaminada a la consideración de su voz y su voto, especialmente con la incidencia que proveen los consejos estudiantiles donde ellos pueden ejercitar el liderazgo, mediante la promoción que sobre ello hagan sus educadores, y donde su accionar le permita reconocer, comprender y utilizar las vías legales que tutelan sus derechos.
La unidad de víctimas reporta a corte de febrero de 2018 un registro histórico de 8.650.169, de los cuales 6'904.424 son sujetos de asistencia y reparación. Dentro de estos el 29% son niños, niñas y adolescentes (NNA). En el departamento del cesar, que está situado en la parte nororiental de Colombia, La expulsión o el desalojo forzado de personas, los bloqueos y paros armados que imponen restricciones ilegales a las actividades económicas y políticas de las comunidades, reflejan que la disputa entre los distintos grupos armados por el control territorial, económico y político se caracteriza por las agresiones sistemáticas contra la población civil, fueron entre otros los hechos victimizantes más notorios. En la tabla 1
Tabla No. 1
Enfoque diferencial de víctimas
Enfoque Diferencial |
Grupos Etarios en Años |
||
Grupo poblacional |
0 a 5 |
6 a 11 |
12 a 17 |
Hombres |
13.848 |
23.088 |
27.363 |
Mujeres |
14.395 |
24.408 |
29.090 |
Grupo poblacional |
0 a 5 |
6 a 11 |
12 a 17 |
Afrocolombianos, raizales y palenqueros |
397 |
1.591 |
2.554 |
Indígenas |
115 |
885 |
1.604 |
Rrom o Gitanos |
4 |
362 |
553 |
Totales por Edades |
28.759 |
50.334 |
61.164 |
Fuente UARIV y Gobernación del Cesar octubre 2016
El diseño metodológico, se enfocó desde una doble perspectiva: cuantitativa y cualitativa. De la metodología cuantitativa se utilizó un análisis descriptivo y las tendencias generales de la población del diagnóstico realizado sobre la acogida e inclusión a niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas del conflicto en las instituciones educativas de Valledupar, Codazzi y Aguachica, del departamento del Cesar, región donde se desarrolló el trabajo de campo. También se asimiló a una afijación proporcional la distribución porcentual de la muestra adoptada para estos tres municipios mayores receptores de víctimas.
La metodología cualitativa se utilizó en el análisis del contenido y de contextos, que sirvió para clasificar el cuestionario aplicado por categorías o afinidad entre los objetivos que persigue cada pregunta y las respuestas de los encuestados. Las 18 preguntas se agruparon cuatro categorías así: Conocimiento de la norma (CN), Capacidad de respuesta institucional (RI), Adaptabilidad Académica (AA) y Formación de Maestros (FM)
El tamaño de la muestra fue 600 docentes, proporcionalmente distribuidos así: 50% de las instituciones educativas de Valledupar, 25% de Codazzi y 25% de Aguachica, para un total de 14 instituciones Tabla 2
Tabla No.2
Encuestas por institución
Muestra: Instituciones Encuestadas |
% |
Total |
|
Aguachica |
IE Colvalencia |
12,33 |
74 |
IE Jorge Eliecer Gaitán |
12,00 |
70 |
|
IE La Unión |
10,83 |
65 |
|
IE Sagrado Corazón de Jesús |
10,17 |
61 |
|
IE San Miguel |
9,00 |
54 |
|
IE Técnica Guillermo León Valencia |
8,83 |
53 |
|
Codazzi |
IE Francisco de Paula Santander |
6,83 |
41 |
IE las Flores |
5,83 |
35 |
|
Valledupar |
IE Bello Horizonte |
5,00 |
30 |
IE Francisco Molina Sánchez |
4,83 |
29 |
|
IE Joaquín Ochoa Maestre |
4,50 |
27 |
|
IE Milcíades Cantillo Costa |
4,50 |
27 |
|
IE San Joaquín |
4,00 |
24 |
|
IE Leónidas Acuña |
1,67 |
10 |
|
Fuente: Encuesta desarrollada por los autores.
Las gráficas que se ilustran en cada categoría corresponden a la marcación que hicieron los encuestados de forma general en los tres municipios.
Conocimiento de la norma: Esta categoría agrupó tres preguntas que directa o indirectamente se relacionan con la comprensión que deben tener los maestros en las IE sobre las políticas educativas y sociales existentes en el marco para la atención a víctimas del conflicto.
Figura 1
Conocimiento de la Norma
Fuente: Encuesta desarrollada por los autores
Hay que resaltar que los docentes de estos tres municipios tienen más ilustración de la ley 1448 de 2011 que de la sentencia T 025 de la Corte Constitucional Colombiana y sus disposiciones respecto a la garantía del derecho a la educación. En cuanto a el conocimiento de la asignación de cupos a todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas del conflicto que los solicitan el 75% de los encuestados dice estar enterados, pero afirman que eso solo lo aplican las instituciones de bajo nivel en pruebas saber o que están ubicadas en los sectores marginales de cada ciudad. Los resultados globales del proyecto muestran que existe desconocimiento de la norma por la mayoría de los encuestados, esto sin importar jornadas o ubicación de la institución, a pesar de existir un equilibrio entre el sí y el no porcentualmente hablando, y en términos estadísticos haber un empate técnico, en casi todos los casos, quienes la conocen no tienen claro las exigencias para la escuela, sobre todo en el campo de acogida e inclusión de NNA.
Capacidad de Respuesta Institucional: en esta categoría se agrupan 5 preguntas orientadas a conocer las capacidades con las que deben contar las instituciones educativas para disminuir el riesgo de revictimización de sus estudiantes y el mejoramiento de la garantía del derecho a la educación.
Figura 2
Capacidad de respuesta Institucional
Fuente: Encuesta desarrollada por los autores
Los procesos de difusión de información pública, educación y capacitación a docentes con relación al drama de las victimas el 79% de los encuestados en los tres municipios afirma que no los han recibido. No hay protocolo alguno definido ni explícito, ni implícitamente en los documentos internos de la institución, no conocen directriz y tampoco hay programación de actos culturales en pro de la inclusión. El análisis general de esta categoría permite concluir que las escuelas del departamento del Cesar no tienen capacidad de respuesta institucional a la inclusión social de NNA víctimas del conflicto. Carecen de estrategias de adaptabilidad, protocolo para la acogida y espacios de retención entre otros. Se ratifica el desconocimiento de la norma y por ende, pone en evidencia el descuido a que está siendo sometida la población victima dentro de los centros educativos y por tal razón la perdida de la misión de la escuela como reivindicadora de derechos y aportante directo en la construcción de la paz.
Adaptabilidad Académica: esta categoría agrupa los interrogantes direccionados a la obligatoriedad de ajustar los currículos escolares, modelo educativo, practicas académicas y evaluación, al interés superior de cada NNA, aplicando principios de derechos humanos.
Figura 3
Adaptabilidad Académica
Fuente: Encuesta desarrollada por los autores
Dentro de las particularidades de los municipios, con relación a la práctica pedagógica del docente, las encuestas muestran que solo el 34% diseña procesos diferenciados, 40% afirma tener en cuenta las características y capacidades de la población víctima, un 15% los identifica a la hora de evaluar y por último el 23% se refirió a la utilización de enfoque diferencial, de género y de derecho.
Respecto al consolidado, es obvio que la práctica docente no está orientada con los enfoques requeridos para esta comunidad, que habitualmente al ingresar a la escuela queda invisibilizada la población víctima y por ende ignorada. La presencia de NNA víctimas del conflicto en un aula de clases no cambia para nada la vieja rutina de oferta, horarios, pedagogía entre otros. Básicamente ellos deben adaptarse a los ritmos que muestra cada contexto y en muchos casos la deserción es el mejor camino.
ntegran esta categoría un conjunto de preguntas 6 en total, que indagan sobre las acciones del ministerio de educación, secretarias de educación e instituciones formadoras, en pro de la preparación del profesorado para el trabajo en terreno con población víctima.
Figura 4
Formación de maestros
Fuente: Encuesta desarrollada por los autores
La encuesta mostró que el 74% de los docentes encuestados no distinguen los NNA victimas que acude a su clase, el 82% no pertenece, ni a pertenecido a comunidades en torno a la atención educativa de la población víctima, el 94% jamás ha realizado procesos investigativos sobre trato diferenciado y el 96% de los profesores pone en prioridad recibir capacitación en este tema. La generalidad permite afirmar que el maestro colombiano no ha sido formado para favorecer la resiliencia de niños, niñas y adolescentes NNA víctimas del conflicto. La realidad del contexto es una y el transcurrir de la academia es otra, por eso los resultados arrojan un total desconocimiento de las características de esta población y del trato diferenciado que se debe tener hasta en la forma de evaluar.
Teniendo como precedente el trabajo de campo realizado, se cree procedente y pertinente activar a nivel local, pero proyectando una incidencia nacional del siguiente protocolo, en aras de fortalecer las Estrategias de Adaptabilidad en las IE, que fortalezca la acogida e inclusión social de niños, niñas y adolescentes (NNA) Victimas del Conflicto. De esta forma la escuela será un verdadero escenario para la construcción de paz en Colombia. Se soporta en tres pilares fundamentales: el (APC): acción, permanencia y capacitación.
Es claro que, en materia de normas, disposiciones legales, sentencias, decretos, leyes y lineamientos, ha existido voluntad política por parte del estado para el restablecimiento de derechos de(NNA) víctimas del conflicto armado, se evidencia en el desarrollo teórico de esta investigación. El punto crítico se origina cuando un tema tan transcendental, por falta de una buena difusión pública, es desconocido por la mayoría de personas. Por ello se propone la creación mediante resolución de conformación expedida por el señor gobernador, del comité departamental de acogida e inclusión de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto en el sistema escolar y que estará conformado por el secretario de educación o quien este delegue, el representantes de las instituciones: unidad para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado (UARIV), instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), policía de infancia y adolescencia, secretaría de salud municipal, secretaría de salud departamental y 5 rectores, distribuidos por regiones: norte, centro y sur y los dos restantes por comunidades indígenas y afros, además 5 especialistas del área de psicorientación con el mismo criterio de selección de los rectores. Dentro de las funciones de este comité están:
Definir su propio reglamento operativo y de funcionamiento y establecer responsabilidades de cada una de las instituciones que hacen parte del comité.
Elaborar y difundir un plan de acción, que tiene a bien iniciar desde el diagnóstico hecho por esta investigación o realizar uno propio. Además, definir una planeación con cronograma específico para su implementación y gestionar la incorporación y asignación de recursos necesarios al momento de desarrollarlo.
Programar espacios de formación para el comité departamental y dar prioridad a la capacitación y acompañamiento de maestros, directivos docentes y administrativos de cada una de las instituciones educativas del territorio.
Asesorar y acompañar a los establecimientos educativos en terreno, orientarlos sobre la obligatoriedad de crear un comité de permanencia y volverlo funcional, en aras de facilitar la buena acogida y retención de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto en la escuela constructora de paz.
Desarrollar estrategias de comunicación masiva orientadas a promover que los establecimientos educativos sean escenarios seguros, protectores, inclusivos. Garantes de derechos y en especial el derecho a la educación.
Hacer monitoreo y seguimiento al desarrollo del plan de acción
Mantener comunicación y relaciones permanentes con las organizaciones que protegen los derechos de las víctimas del conflicto, especialmente niños, niñas y adolescentes en edad escolar.
Acompañar y retroalimentar a los maestros, quienes serán los encargados de sensibilizar a padres, egresados, acudientes, estudiantes, vigilantes, personal de servicios generales y toda la comunidad educativa sobre las disposiciones y compromisos que en materia de educación y de derechos humanos, exigen la sentencia T 025 del año 2004 y la ley 1448 de 2011 con relación a (NNA) víctimas del conflicto en la (IE). De esta forma estaría implementando formalmente los lineamientos del MEN.
Fortalecer o crear el comité de permanencia escolar en la institución educativa, integrado por: El rector, profesional psicorientador, coordinadores, un profesor de cada área, representantes de padres, estudiantes y egresados. Este organismo será el encargado de apoyar el proceso de adaptación y acompañamiento a los NNA víctimas del conflicto en la escuela, para que la capacidad de respuesta institucional sea una realidad y un compromiso como equipo e institución. Dentro de las funciones que se asignan están:
Visibilizar totalmente el tema a través de campañas de sensibilización al interior de la escuela, teniendo en cuenta que las víctimas atraviesan un drama humano y las responsabilidades éticas, sociales y humanas de cada uno frente a la problemática. Promover espacios de reflexión para los derechos de los diferentes grupos y estar libres de prejuicios basados en región, hechos victimizantes, edad, genero, etnia, etc.
Caracterización de los NNA víctimas del conflicto en cada grado con el objeto de garantizarle acompañamiento y apoyo en la obtención de logros académicos, facilitar su integración al grupo y ofrecerles condiciones adecuadas de permanencia, favorables para el desarrollo humano.
Identificación de los elementos que condujeron a su condición de víctimas y la clarificación de esos hechos, de tal forma que no se guarden en su imaginario como culposos o autogeneradores del hecho.
Explorar la forma de idear, crea, estructurar y construir una memoria con sus historias, para concientizar a la comunidad educativa, además de repercutir en la no repetición de los hechos, previendo que las víctimas de hoy puedan tener sentimientos de venganza, creyéndolos justificables en el futuro.
Crear el Observatorio Estudiantil, con monitoreo, revisión y alertas tempranas, que permitan activar los mecanismos e intervenir oportunamente alguna situación de deserción, vulneración de derechos o revictimización. Identificación de aspectos que han favorecido su adaptación y los que la han obstaculizado
Considerar la problemática nutricional de la población en condición de víctima, y establecer los mecanismos para solucionarla. Estructurar acuerdos o convenios con el bienestar familiar, unir esfuerzos en la elaboración y ejecución de planes y acciones encaminadas a mitigar las carencias de estos estudiantes.
Vincular las autoridades de salud, pues el estrés de los hechos, la reubicación y la estigmatización, genera a menudo enfermedades mentales, que de una u otra forma deben ser prevenidas, y cuando llegue el caso atendidas eficiente y oportunamente, concebido esto, como el restablecimiento del derecho a una vida sana.
Promover la interacción entre sus pares, y a la vez estrechar su integración, no solamente de ellos como sujetos de una misma condición, sino también de sus experiencias e historias, las cuales intercambiarían a modo de solidaridad postraumática, sirviendo esta estrategia de catarsis, para liberar sus emociones negativas, renovando las positivas con el nuevo andamiaje, dejando atrás lo traumático de su pasado y sirviéndoles para librar ideas reprimidas, suprimiéndoles muchos de sus miedos y sentimientos negativos enraizados de antaño, producto de esos dolorosos eventos
Generar espacios de integración para la comunidad educativa tales como, actos folclóricos, culturales, recreativos y sociales, tendientes al fortalecimiento de los valores de los educandos y a la erradicación de toda forma de discriminación.
Conmemorar al interior de la institución con repercusión en el sector donde esté ubicada las fechas más sobresalientes del calendario de derechos humanos a nivel local y mundial.
Fortalecer la política pública para la acogida e inclusión social de NNA víctimas del conflicto dentro de la institución a través de la incorporación del protocolo en el proyecto educativo institucional PEI (Rector y Consejo directivo).
El comité de permanencia de cada institución tendrá que presentar un informe mensual de actividades desarrolladas al comité departamental para la acogida e inclusión de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto en el sistema escolar. Este a su vez tiene la obligación de apoyar en cualquier contingencia que se presente en terreno, además verificar que se esté cumpliendo a cabalidad lo propuesto en el plan de acción anualmente.
La capacitación se propone como una actividad complementaria del proceso de permanencia, esta supone que el que hacer pedagógico debe estar orientado por los enfoques transversales para la acción; enfoque de derechos, enfoque de acción sin daño, enfoque diferencial, enfoque de género y enfoque territorial. En esta parte se hace necesario intervenir y oxigenar la práctica pedagógica del docente, para que esta sea contextualizada, incluyente, que tengan en cuenta las características y necesidades de las diferentes poblaciones a cargo, especialmente la víctima del conflicto que están en el aula y que además se incorporen procesos evaluativos diferenciados. Es evidente que los maestros son grandes garantes de la educación y la paz, no se deben mantener aislados, liderando procesos a ciegas, hay que invertir en capacitación de alta calidad ellos la requieren, con organizaciones idóneas y que tengan experiencia en postconflicto en otros países o regiones. Esta no se puede contratar con personas sin preparación con el afán de favorecer a los amigos cuya prioridad son las evidencias para gestionar los cobros y terminan cobrando millonadas sin aportar al proceso. Se trata entonces de afianzar capacidades en los docentes para incorporar en sus contenidos programáticos y en el ejercicio pedagógico acciones que favorezcan la reivindicación de derechos de la escuela. Un buen espacio para ello sería los días de realización de actividades de desarrollo institucional y de receso estudiantil, previstas en el calendario académico.
Otros factores que se deben tener en cuenta son: número de estudiantes que atiende el docente en un día, disminución del tamaño de los grupos. Con esto se facilita la identificación plena de todos sus educandos y de las necesidades de cada uno, al punto de ofrecer educación personalizada. De paso quedan también compromisos a los grupos de investigación y las instituciones del orden superior formadoras de maestros en Colombia, la buena docencia hay que alternarla con la investigación y la proyección social. El escenario de paz se convierte en un excelente contexto para investigar y hacerle aportes significativos a la sociedad. El docente actual y el nuevo deben utilizar prácticas pedagógicas de atención a la población víctima del conflicto en altas proporciones, da allí la importancia de acompañarlos a desarrollar estas competencias. También es necesario en materia de capacitación tener en cuenta a los niños, niñas y adolescentes que no han sido víctimas directas del conflicto y que ofician de compañeros de aula de la comunidad víctima, ellos son fundamentales dentro del proceso de acogida y aceptación exitosa, por tal razón se les debe organizar por grados charlas o conferencias formativas, constructoras de valores como la tolerancia, el respeto, la amistad entre otros.
Con la propuesta de protocolo se sientan las bases para llevar a la práctica los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional MEN para la acogida e inclusión social de niños, niñas y adolescentes NNA víctimas del conflicto. El punto de partida deseado son las escuelas públicas en el Departamento del Cesar, en ellas los estudiantes podrán sentir y vivir el verdadero restablecimiento de derechos en una escuela que por vocación y misión es protectora, vigilante de la no revictimización y que desde lo pedagógico profesa y practica los enfoques transversales para la acción y excelentes estrategias con el fin de lograr la integración de toda la comunidad educativa y su entorno.
Garantizarle la permanencia con calidad en la educación a estas personas, es contribuir con el fortalecimiento de sus dimensiones humanas, sociales y ambientales entre otras. Es impulsarlos hacia la construcción de un gran proyecto de vida, pensando en ellos, en su ser y en los demás de forma esperanzadora, rodeados de amor, respeto, tolerancia. Es ayudarlos a desarrollar la resiliencia para una cicatrización efectiva de todas las ausencias del estado y del maltrato recibido en las diferentes formas en estos más de 50 años de conflicto interno. De tal forma que tanto ellos como sus compañeros de aula hagan parte del producto de la escuela constructora de paz.
Se espera que desde la institucionalidad haya más responsabilidad frente a la difusión de información pública sobre los lineamientos y normas para la acogida propuestos por el ministerio y contextualizados por esta investigación en el protocolo. Es hora de afrontar las responsabilidades de estado que tanto se han delegado en las organizaciones no gubernamentales ONG
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GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN GIE
1. Magister en educación y licenciado en Matemáticas y física. (Departamento de matemáticas y estadística. Universidad popular del cesar). romeliogonzalez@unicesar.edu.co
2. Magister en educación. estadístico. (Departamento de matemáticas y estadística. Universidad popular del cesar). arnaldoperalta@unicesar.edu.co
3. Magister en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo (División de Gestión de la investigación). schneydermolina@unicesar.edu.co