HOME | ÍNDICE POR TÍTULO | NORMAS PUBLICACIÓN Espacios. Vol. 37 (Nº 36) Año 2016. Pág. 7
Marcela FLÓREZ Romero 1; Abel M. CANO Morales 2
Recibido: 28/06/16 • Aprobado: 01/08/2016
2 Responsabilidad Social Empresarial
4 Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo
5 Herramientas de Gestión para la Transparencia Empresarial
RESUMEN: El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha tomado auge en los últimos años no solo para cumplir con la normativa existente, sino para impactar de manera positiva en los agentes que se ven afectados por la empresa (stakeholders). La manera como se desarrolle la RSE recae en manos de los profesionales de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, quienes deben buscar las herramientas administrativas que permitan operar a las empresas con total transparencia, lo que incidirá en su objetividad y competitividad. El propósito de la investigación es analizar el papel la responsabilidad social del profesional para la transparencia e identificar las herramientas de gestión que puede utilizar para conseguir su objetivo. |
ABSTRACT: The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) has flourished in recent years not only to comply with existing regulations, but to positively impact on agents who are affected by the company (stakeholders). How CSR development lies in the hands of the professional in economics, administrative and accounting sciences, who must find administrative tools to operate businesses with complete transparency, which will affect their objectivity and competitiveness. The purpose of research is to analyze the role of professional social responsibility for transparency and identify management tools you can use to achieve your goal. |
Actualmente en Latinoamérica y en especial en Colombia, se viene presentando un fenómeno de corrupción al interior de las organizaciones empresariales, el cual es más evidente en las empresas del estado, y ello ha puesto en tela de juicio, entre otros, a la burbuja bursátil, a los contadores, a los reguladores, a los políticos, los administradores, los abogados, los calificadores de riesgo, los auditores, las autoridades de control y los analistas, es preciso mencionar, que en una encuesta, realizada por El Tiempo y Napoleón Franco a 103 contadores públicos se encontró: que solo en el 10% de los casos, los estados financieros reflejan la situación económica real de las empresas, y que las desviaciones contables se orientan principalmente a: Mostrar menores utilidades para pagar menos impuestos y a mejorar la “salud de la empresa” para tener acceso a un crédito.
Cabe anotar que entre los que ordenan ocultar información tenemos a los propietarios con un 29%, seguido por los gerentes o presidentes de las empresas con un 26%, le siguen los directores financieros con el 17%, y las juntas las juntas directivas con un 15%, y aparecen también los Contadores, auditores, revisores con un 8%. Hecho que genera un cuestionamiento ético hacia estos profesionales, además porque existe una estrecha relación entre la responsabilidad social corporativa, y el gobierno corporativo; que establece que el manejo de la información contable y en especial de la información financiera, que debe ser suministrada por los profesionales de las ciencias administrativas y contables, como parte importante de su gestión al servicio de las empresas, y que dicha información debe ser fidedigna, transparente y confiable para efectos de una adecuada toma de decisiones gerenciales.
No obstante es preciso mencionar que el concepto de responsabilidad social, va ligado al concepto de Gobernabilidad Corporativa y tanto el uno como el otro se aplican sobre todo en las grandes empresas, aunque cabe anotar que en todos los tipos de empresas, sean estas públicas o privadas, incluidas las PyME y las cooperativas, deben existir prácticas socialmente responsables, al igual que algunas prácticas de gobernabilidad corporativa, situación que está siendo obviada por los profesionales de las ciencias administrativas, contables y económicas, que tienen la responsabilidad de administrar, analizar y presentar dicha información.
Es en este sentido donde la administración, la contabilidad, y la contaduría pública, adquieren dimensiones importantes. En razón a que la responsabilidad social profesional de los directivos y empleados de la empresa constituye todo un proceso de gestión de sus relaciones con diversos interlocutores (Stakeholders) que pueden influir realmente en la libertad de funcionamiento de la organización. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social profesional, deben considerarse una inversión y no un costo, del mismo modo que la gestión de la calidad; y es allí donde interviene directamente el sistema contable y financiero de la organización, ya que de este depende que las empresas logren adoptar un enfoque financiero, comercial y social integrado, que desemboque en una estrategia a largo plazo que minimice los riesgos relacionados con la incertidumbre.
La responsabilidad social corporativa o empresarial (RSC o RSE, respectivamente y usado de manera indistinta) es interpretada como la voluntad de establecer compromisos éticos, por parte de las corporaciones y/o empresas, que van más lejos de las exigencias legales vigentes. El cumplimiento de las normas o los imperativos legales supone así, desde esta perspectiva, un mínimo indisponible para el sector empresarial. Porque, se considera que en el marco de la actividad empresarial se definen líneas de actuación de carácter voluntario, que también forman parte de la estrategia de las organizaciones, orientadas a la integración y reconocimiento de demandas actuales en diversas materias, entre ellas, las materias de contenido social y medioambiental (Rojas, 2016).
El concepto de “responsabilidad social”, por su parte, ha venido forjándose poco a poco durante la segunda mitad del siglo xx, principalmente en torno a los efectos colaterales de las empresas sobre la sociedad, y a la manera de gestionar dichos efectos de modo ético y sostenible, en el contexto de una mundialización industrial social y ambientalmente arriesgada (Vallaeys, 2014).
Uno de los principios básicos de la gestión e información reportada en materia de Responsabilidad social empresarial (RSE) es que se centre en los aspectos relevantes para la sociedad. Adicionalmente, la necesidad de realizar comparaciones entre empresas exige un esfuerzo sintetizador en la rendición de cuentas en RSE (De la Cuesta, Pardo & Paredes, 2015).
La RSE se basa principalmente en la relación que tienen las organizaciones con sus stakeholder o grupos de interés, que son aquéllos que están interesados o se ven afectados por las acciones de una organización, entre se encuentran principalmente: los competidores, proveedores, ONG’S, empleados, sociedad, estado, clientes y entidades financieras, buscando generar impactos positivos como resultado de su interacción.
El concepto de stakeholder o grupos de interés, se distingue entre una acepción restringida y otra más amplia. Por una parte, se limita a los grupos o individuos que se relacionan con la organización y, por otra, se concibe como todos los grupos o individuos de los cuales depende la supervivencia empresarial, ya que adoptan un papel de interlocutores válidos que pueden influir en las decisiones y actividades de la compañía, por lo que son considerados como agentes estratégicos capaces de promover la creación de riqueza e impulsar el crecimiento a largo plazo (Ortiz y otros, 2016).
Países Nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia, con Estados del bienestar muy desarrollados, se sitúan a la cabeza de los rankings existentes en cuanto a Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y sostenibilidad. Además de su alto grado de concienciación, sus empresas, más allá de la mera creación de valor económico, ellos buscan maximizar el bienestar del conjunto de la sociedad, invirtiendo hoy en el desarrollo de su actividad futura sin comprometer las necesidades de las próximas generaciones (Rojas, 2016).
En la actualidad existen varios organismos internacionales utilizan indicadores que para intentar establecer los criterios que deben tener las empresas para denominarse como Empresas Socialmente Responsable (ESR) sin que haya una normativa clara que indique cuales son los criterios más adecuados. Los indicadores más utilizados para medir la RSE son la base de datos del Observatorio de RSC; el “Pacto Global” de la ONU, “Directrices para Empresas Multinacionales” y los Principios del Gobierno Corporativo de la OCDE; y el Global Reporting Initiative (GRI) de la Unión Europea (UE).
El GRI (OECD, UNEP, United Nations Global Compact, ISO 1997) posee una aceptación generalizada a nivel internacional como principal estándar para el reporte de RSE, aunque deja fuera del análisis los indicadores relativos a gobierno corporativo; sin embargo, es precisamente el ámbito de gobierno corporativo en el que existe un mayor número de exigencias legales de reporte y, por tanto, de información proporcionada por las empresas (De la Cuesta, Pardo & Paredes, 2015).
Inicialmente se dará inicio a este trabajo, bajo el siguiente planteamiento. ¿Cómo puede el mundo entero estar hablando de responsabilidad social empresarial (RSE); cuando existen empresarios que se están utilizando prácticas con de escasa transparencia corporativa llevando sus empresas a otros países donde la mano de obra es más barata, y donde se explota constantemente al ser humano, desmejorándole su calidad de vida y sus condiciones laborales?.
La actual crisis mundial y los grandes escándalos financieros hacen que el tema de gobierno corporativo (GC) haya alcanzado especial relevancia para diversos colectivos. Así también, este tema ha despertado un gran interés en el entorno internacional, y surge como respuesta a la demanda de una mayor transparencia corporativa en el mercado (Briano y Saavedra, 2015).
Aunque la transparencia corporativa ha sido adoptada como uno de los principios rectores del buen gobierno por importantes instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Federación Internacional de Contadores y la Corporación Financiera Internacional (Briano y Saavedra, 2015).
Este hecho se viene presentando con las empresas inglesas, donde sus inversionistas han cambiado el concepto de empresarios por el de negociantes, pues cada día quieren mayores utilidades por su inversión y en el menor tiempo posible, cambiando la filosofía empresarial, puesto que generan un mayor desempleo en Inglaterra versus la explotación de la mano de obra de los hindúes; adicionalmente y basados en una filantropía utópica, recurren a la creación de fundaciones mediante las cuales pretenden justificar un proceso de responsabilidad social. buscando una mejor rentabilidad para sus inversiones, pues todos los recursos que dedican para el sostenimiento de las mismas; se los deducen de impuestos, es por ello que vemos como la contabilidad se ve convocada en términos de la responsabilidad social empresarial ya que es en los contadores en quienes recae la responsabilidad de justificar los recursos que son invertidos en procura de una retribución de las empresas hacia la sociedad, pero que evidentemente solo se queda en semántica y en demostraciones inocuas de RSE, mostrando un desconocimiento total del tema y de su relación con la gobernabilidad corporativa (Cano, 2006)
En los últimos años se ha tenido que afrontar diferentes cambios como la globalización no sólo económica sino de la información que ha llevado a una transformación de la sociedad trayendo consecuencias tanto positivas como negativas. En el campo empresarial lo negativo se ve reflejado en la falta de transparencia en las operaciones producto de la corrupción. En este punto es donde los profesionales de las Económicas, Administrativas y Contables como alternativa de solución en la transparencia empresarial, el Gobierno Corporativo surge como mecanismo para encontrar ese equilibrio entre los agentes (clientes, accionistas, inversionistas y otros aportantes de recursos),
El Gobierno Corporativo nace por la necesidad que tienen los inversionistas de tener mayor representación y por ende mayor control en el manejo de las organizaciones. Su concepto pasó de ser únicamente un aspecto financiero que buscaba la retribución de la inversión, orientándose además a los aspectos organizacionales que permiten que la toma de decisiones se haga en beneficio de los miembros de la organización.
Y es que existe un convencimiento generalizado de la utilidad del Gobierno Corporativo por ser reconocido por todos el valor que tiene una gestión adecuada y transparente en las organizaciones (Ortiz del Valle, 2016). El concepto de Gobierno Corporativo no es nuevo, ya desde principios del siglo pasado se estudiaba una ruptura entre los gerentes y propietarios.
Berle y Means (1932) indicaron en su estudio que los intereses de los gerentes pueden discrepar de los intereses de los propietarios, donde los primeros enfocan los objetivos hacia los propios para conseguir poder y prestigio, mientras que los accionistas les interesa solo los beneficios. Y siendo un control un aspecto fundamental, ha habido diferentes modelos (Bebchuk, 1995; Burkart, Gromb y Panunzi, 1998; Bolton y von Thadden; 1998) donde se estudian las posiciones de los inversionistas, que intentan obtener financiación cediendo la menor cantidad de control posible.
Por los problemas que pueden existir entre las partes de las empresas y por el interés de que los miembros del consejo mantuvieran el control de sus negocios, se crea “El informe Cadbury” (1992), trata tema importantes como la organización y responsabilidad de los administradores, la regulación de las auditorias y de la profesión contable los derechos así como las obligaciones de los accionistas. Según este informe, el Gobierno Corporativo es el sistema mediante el cual las compañías son dirigidas y controladas
Para Cadbury (2003) el Gobierno Corporativo consiste en mantener el equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales entre los objetivos individuales y los comunitarios. El marco de gobierno se establece con el fin de promover el uso eficiente de los recursos y, en igual medida, exigir que se rindan cuentas por la administración de esos recursos. Su propósito es lograr el mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los individuos, las empresas y la sociedad. El incentivo que tienen las empresas y sus propietarios y administradores para adoptar las normas de gestión aceptadas a nivel internacional es que ellas los ayudarán a alcanzar sus metas y a atraer inversiones. En el caso de los Estados, el incentivo es que esas normas fortalecerán sus economías y fomentarán la probidad de las empresas.
Para la OCDE (2004) El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. También proporciona la estructura a través de la que se fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño.
El Gobierno Corporativo es una herramienta indispensable para garantizar el desarrollo sostenible de las empresas. En efecto, cada vez resulta mayor la importancia que los empresarios le atribuyen la distribución eficiente de las funciones de los distintos órganos de gobierno de las compañías, la adopción de marcos jurídicos que regulen adecuadamente dicha interacción y la gestión transparente de los negocios empresariales (Confecámaras, 2012)
Con las diferentes definiciones de Gobierno Corporativo se puede ver como una solución a los problemas de transparencia y confianza en el manejo de las sociedades, puesto que busca proteger a los miembros que la conforman, buscando con eso ser más productivos, competitivos y en un contexto más amplio vislumbran la organización como íntegra.
Si bien se puede observar entonces que el Gobierno Corporativo nació como mecanismo para conseguir la transparencia en forma de código de mejores prácticas, estas tienen variaciones en los países teniendo en cuenta sus diferencias culturales, económicas y legales. Al igual que en las empresas, puesto que no todas las empresas realizan la misma actividad económica y que algunas tienen particularidades que las hacen diferentes de las demás, se deben establecer guías para la implementación del Gobierno Corporativo, que ayuden a garantizar a todos los agentes, transparencia, objetividad y competitividad.
Por esta razón, Colombia, consecuente con su tradición histórica en materia societaria en favor de la protección de los inversionistas, también se sumó a los esfuerzos globales por elevar los estándares de Gobierno Corporativo de las compañías locales En 2001, la entonces Superintendencia de Valores expidió la Resolución 275, que en su época constituyó uno de los ejercicios más creativos y avanzados desde el punto de vista regulatorio , mediante la cual se promovía la adopción de principios de buen gobierno entre las sociedades listadas que tenían la intención de ser destinatarias de los recursos de los fondos de pensiones obligatorias. Posteriormente, en 2005 se expidió la Ley 964 que contiene una serie de normas de obligatorio cumplimiento para las sociedades abiertas. Finalmente, en 2007, la nueva Superintendencia Financiera promovió el grupo de trabajo intersectorial que produjo el Código País de Gobierno Corporativo destinado a las sociedades inscritas en bolsa (Confecámaras, Cámara de Comercio de Bogotá y Superintendencia de Sociedades, 2009) donde da una guía para la implementación del mismo.
Concretamente para el caso colombiano, se observa en general índices bastante bajos de Gobierno Corporativo y los esfuerzos por instituirlo se ven limitados por ciertos obstáculos, entre ellos están la falta de conocimiento sobre el concepto y utilidad del buen Gobierno Corporativo, profundo nivel de desconfianza internacional en los mercados financieros, los altos índices de riesgo país y niveles decrecientes de inversión extranjera directa e indirecta gran concentración de la propiedad, y por último y es el poco uso de estándares contables internacionales en las firmas (Benavides, 2003).
Sin embargo en Colombia se busca subsanar esas dificultades donde se cuenta con el apoyo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), que tiene entre sus objetivos apadrinar el desarrollo empresarial, y lo está haciendo promoviendo la implantación del Gobierno Corporativo en colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá y Superintendencia de Sociedades crearon la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia (2009) para que las empresas pudieran tomar esta guía como carta de navegación en su actividad.
En Colombia el Gobierno Corporativo es visto como una herramienta efectiva, que beneficia a todos los segmentos de la sociedad, al prevenir la fuga masiva de capitales, aumentar la competitividad, estimular el crecimiento económico, generación de empleo y preparar a las sociedades nacionales, para que afronten los retos derivados de los inevitables procesos de globalización (Benavides, 2003). Profundizando un poco más en la importancia de la adopción de estándares internacionales se tiene que éstos permiten a los inversionistas conducir un análisis preciso y actual del desempeño de una compañía (Cano, 2009)
El buen uso del Gobierno Corporativo sirve para poder direccionar a las empresas hacia la consecución de sus metas, puesto que delimita las funciones y responsabilidades entre los miembros de la institución, para mantener un apropiado equilibrio institucional. Y si bien las acciones repercuten a todos los miembros de la organización, es el compromiso de la administración puede hacer funcionar este mecanismo.
Analizando este concepto se puede concluir que las posibilidades de crecimiento el desempeño en el mercado de las empresas dependen de la manera como se administre, por lo que la ejecución de códigos de buen Gobierno Corporativo pueden aumentar la confianza de los inversionistas así como su productividad y competitividad.
Es claro hoy que la implementación de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Gobierno Corporativo (GC) se está extendiendo progresivamente en las empresas como consecuencia de las diferentes presiones que reciben del entorno social así como del desarrollo de su propia conciencia empresarial (González, Rodríguez y Herrera, 2015)
Se observa como muchos inversores institucionales promocionan sus intentos de influir en los compromisos ambientales y sociales de las empresas que cotizan en bolsa, también conocidas como las prácticas de RSE (Dyck, Lins, Karl y Roth, 2015) y es que ambos conceptos encuentran relacionados porque buscan el beneficio de sus stakeholders.
Los consejos de administración que hacen visible el gobierno corporativo en las empresas, también participan en las decisiones estratégicas de estos, entre las que cabe destacar el compromiso con la responsabilidad social corporativa (Martínez y otros 2015). Para alcanzar el crecimiento que es un tema tanto del GC como de RSE, los consejos de administración, empiezan a incluir en sus agendas de trabajo temas con los que se procura que las acciones de la empresa no solo no perjudiquen a sus stakeholders, sino que los beneficien.
El Gobierno Corporativo se ha venido acentuando como una de las mejores prácticas en relación con el medio donde se desarrollan las empresas modernas, por tal motivo es de acotar que la RSE se refiere a los Stakeholders y el GC tiene asiento en los órganos de alta dirección de la compañía, que para este caso se refiere a los socios o dueños de la misma (González, Rodríguez y Herrera, 2015). Las prácticas de Gobierno Corporativo fortalecen los órganos de dirección y control de las empresas (asamblea de accionistas o propietario, directorio y gerencia), al tiempo que definen reglas claras de juego entre los actores, e incrementan el nivel de transparencia y rendición de cuentas frente a grupos de interés (Bernal y otros, 2012)
En el actual contexto donde se desarrollan las ciencias contables, la Universidad a partir de la docencia, investigación y extensión, tiene un papel preponderante en la formación de un profesional integral, crítico, reflexivo y autónomo, con competencias para construir conocimiento a partir de la articulación de la teoría y la práctica (Durán, 2015).
En Colombia en la década de los noventa se realizó un estudio titulado “Historia de la Contaduría Pública en Colombia siglo XX” (Cubides y otros, 1991) en donde se analizó la Contaduría en Colombia desde su aparición en el siglo XIX hasta una época contemporánea. En una entrevista realizada por Pinzón (2011) por conmemoración de los 20 años de su estudio inicial, Cubides hace un reflexión sobre la evolución de esta disciplina, donde indica que “puede haber cada vez más contadores, economistas, administradores y otros profesionales que intentan desde su saber comprender los fenómenos económicos, pero si no se están construyendo herramientas que permitan leer las realidades de manera integrada, con el concurso de los diferentes saberes, los resultados de las investigaciones serán bastante precarios e incompletos”.
Con lo anterior podemos afirmar que los profesionales del de las ciencias Económicas, Administrativas y Contables deben conocer la realidad de su entorno para poder dar soluciones específicas a las necesidades de su área pues no todas requieren de las mismas acciones y no en todas se presentan los mismos problemas. Para logar esto, se necesita que desde su formación en las instituciones de Educación Superior, se establezcan como profesionales integrales, con gran sentido ético y con responsabilidad social para que puedan propender por el bienestar de la sociedad en general.
En el caso de la educación contable en Colombia, se ha coadyuvado a que los fututos contadores sean capaces de entender y de articular la praxis de su profesión, los marcos conceptuales que guían esta práctica y los límites de su saber con las contradicciones que subyacen el proyecto cultural de la modernidad (Rojas, 2012).
Uno de los principales retos por asumir es su actuación en asuntos de transparencia para evitar los casos de falta de ética en que se han visto envueltos en el país como el caso David Murcia Guzmán – DMG (2008), Interbolsa (2013) y algunas más recientes en instituciones prestadoras de servicios de salud como Salucoop, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO). Por estas malas actuaciones se comenzaron a realizar sanciones a los contadores públicos y firmas de revisoría fiscal que hayan podido tener algún papel en esos casos.
La pertinencia y responsabilidad en la elaboración de los informes, la atención al cliente y la buena imagen ante inversores futuros, obligan la aplicación, por parte de la administración, de adecuadas metodologías. Entre las más usadas se encuentran la RSE, Gobierno Corporativo, Ley SOX, Accountability, Due Diligence y Compliance. Algunos de estos conceptos están relacionados con el buen gobierno y son elementos de los que se han ido dotando las organizaciones y que se sitúan por encima de las propias exigencias de organización en su propia concepción legal para conseguir un mayor acierto, eficacia y ordenación de la gestión de las misma (Palomar, 2016).
En Estados Unidos ante las crisis de empresas como Enron (2001) y WorldCom (2002), quedó en evidencia las empresas acomodan la información para poder publicar resultados altamente positivos cuando en verdad la empresa está perdiendo dinero (Rusbacki, 2004). Con esto las acciones presentarán un mayor valor al que en realidad tienen; al ponerse al descubierto, el precio de las acciones baja de manera rápida hasta llegar hacer quebrar a la empresa.
Motivado por estas acciones, la legislación americana posicionó, la Ley Sarbanes-Oxley (Committee on Financial Services, US House of Representatives, 2002) como una herramienta legal para fortalecer la responsabilidad individual y corporativa a través de estrictas auditorias financieras, códigos de ética y controles hacia las transacciones realizadas por personas internas a la organización. Esta Ley hace también referencia a la independencia de las auditoras y el gobierno corporativo para poder tener operar transparencia financiera (Gómez y López, 2006)
La creación de esta ley se justifica debido a que se repetían los fenómenos de corrupción en las empresas, se propuso entonces al Congreso el poder establecer ciertas normas o reglas de manera que permitan impedir que la información financiera de las organizaciones sea alterada de manera dolosa por ya sea bien por el Principal Oficial Ejecutivo, CEO por sus siglas en inglés (Chief Executive Officer) quien es el máximo cargo de dirección en una organización; o por el director de finanzas, CFO (Chief Financial Officer) máximo responsable en finanzas en una empresa. Estos cargos a menudo son ejercidos por los profesionales en las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y por el impacto que pueden tener en la organización, radica la importancia de que realicen buenas prácticas.
Las crisis en las empresas se ha producido en parte por las fallas en la comunicación entre sus tres actores: Dirección, Propiedad y Junta Directiva. El equilibro entre estos tres actores es precisamente es lo que busca el Gobierno Corporativo, que con la entrada en vigencia de estas leyes se convierte en parte de su plan de acción. Entre ellos debe existir unos buenos canales de comunicación que ayudarán a definir el rumbo que tiene que seguir una organización.
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son las herramientas que ayudan a solucionar las brechas de comunicación entre sus actores. Y son fundamentales en las operaciones de cualquier organización, desde los sistemas transaccionales hasta las aplicaciones enfocadas a la alta gerencia. Son los departamentos encargados de las TICs y de auditoria quienes son los responsables de ofrecer las diferentes herramientas y estrategias para poder hacer cumplir la ley.
El fin con el que fue creada la ley SOX, es que todas las empresas que cotizan en bolsa para generar informes y financieros precisos demostrar que los procesos que utilizan para generar esos informes están protegidos contra el fraude. Para los jefes de sistemas (Chief Information Officer, CIO por sus siglas en inglés) y los departamentos de TICs, significa que el cumplimiento de la ley SOX está estrechamente relacionado con los controles de seguridad y acceso. En otras palabras, lo que permite el acceso no autorizado a los datos financieros que se procesen o almacenen en sistemas informáticos amenaza directamente su capacidad para cumplir con dicha ley. Dentro de las secciones de la ley, existen tres que involucran directamente al departamento de TICs, que son la 302, 404 y 409 (Novell, 2016).
La primera habla de la obligación de generar reportes donde muestren el resultado financiero de la empresa y que este debe de estar avalado en cuanto a su integridad por el CEO y el CFO. La cláusula 404 dice que deben de existir procedimientos y políticas que aseguren la integridad de la información así como la disponibilidad de ella. Por último la cláusula 409 indica que toda organización debe notificar en menos de 48 horas. Cuando uno de los procesos de la cadena de proveedores no va a ser entregado a tiempo y esto afecte de manera seria las ventas de la organización (Cano, 2006).
En el mundo anglosajón se utiliza el término “Accountability” para referirse a esa preocupación constante sobre las limitaciones y restricciones al poder, utilizando controles y contrapesos dentro de los ordenamientos jurídicos para impedir que el poder esté concentrado o fuera de supervisión por parte de la mayoría. El concepto político de Accountability no tiene una traducción específica en español y por ello, a veces se traduce como control, rendición de cuentas o fiscalización (Valencia y Karam, 2016).
Este instrumento empresarial ha adoptado un modelo de gobierno innovador y con participantes múltiples, permitiendo la intervención directa de sus miembros individuales y corporativos, que abarcan el sector empresarial, organizaciones de sociedad civil y el sector público de diferentes países de todo el mundo (Cano, 2004).
Por lo tanto y analizando las características de la economía actual la cual está basada en el desarrollo y fortalecimiento de ventajas competitivas que permitan a las organizaciones crecer, posicionarse y perdurar en el mercado-, han llevado a que cada día se haga más común la realización de negocios o alianzas estratégicas a nivel empresarial, (entre las cuales se destacan las fusiones y las adquisiciones de empresas) encaminadas a hacer la industria más fuerte, lo cual es de vital importancia a la hora de sobresalir ante posibles competencias, en las cuales debe prevalecer la responsabilidad social corporativa, como garante de que la información, y las acciones a realizar no afectaran a ninguno de los stakeholders comprometidos en el proceso (Cano, 2009).
Las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas implican, entre otros aspectos, la realización de una auditoría legal previa de la situación de la sociedad o grupo de empresas objeto de la operación. Dicha auditoría conocida como Due Diligence examinará el nivel de cumplimiento de las obligaciones legales de dichas entidades, incluyendo aquellas referidas a sus relaciones laborales, cuyas contingencias pueden repercutir en el precio final o en las condiciones de la adquisición (Tsuboyama, 2014). El Due Diligence permite determinar qué tan conveniente es realizar una alianza o fusión, mirando los aspectos legales, financieros, operativos, entre otros, que afectan el desarrollo de la empresa y contribuyen a su mejoramiento (Restrepo, 2008)
Por último, una herramienta que ha empezado a tomar relevancia en los últimos tiempos es el Compliance o también conocido como cumplimiento normativo, el cual tiene como objetivo el establecimiento de políticas, reglas y procedimientos que sean necesarios para garantizar que la empresa y todos sus agentes, cumplan con el marco normativo aplicable. En el marco normativo, no solo se incluyen los aspecto legales que se tiene hacia el estado como lo pueden ser las leyes, decretos y reglamentos, sino que también incluye las políticas internas, que establecen los compromisos de cumplimiento entre los stakeholders de la organización, en especial los códigos éticos.
En el Compliance se identifican los riesgos a los que se pueden enfrentar las empresas, una vez que se identifican, se diseña e implementan los controles necesarios de prevención; Estos controles deben ser monitorizados para sean eficaces, si aún persiste algún problema se debe actuar de manera resolutiva. Todos los miembros de la organización deben tener asesoramiento para desarrollar su labor en cumplimiento de la normativa legal vigente, tanto interna como externa.
El Compliance debe convertirse en un elemento que genere valor en la empresa, que evite el riesgo, y que establezca los mecanismos de control necesarios para contribuir a una mejor cultura empresarial; siendo vista como una inversión y no como un gasto. Quienes suele estar a cargo de la implementación y cumplimiento del Compliance son los profesionales del área de auditora, los cuales deben propender porque las diferentes áreas se articulen para conseguir los objetivos propuestos.
Son muchos cambios a los que se deben enfrentar los profesionales de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en el siglo XXI para lograr la eficiencia administrativa. Al haber sido salpicados por distintos casos de falta de transparencia se debe trabajar en recuperar la confianza entre los agentes de la organización. Y es aquí donde resulta necesario incorporar nuevas herramientas de gestión que ayuden a conseguir sus propósitos de actuar de forma ética ofreciendo trasparencia en su resultado:
En el mundo entero se viene hablando mucho sobre responsabilidad social empresarial (RSE), pareciera que se ha convertido en una moda, pudiéndose observar como las empresas están implementando sus programas de RSE. Surge entonces la duda sobre en quien recae la responsabilidad de estos planes, si es solo del estado, de las Empresas o de las Personas. En el caso de las personas, son los profesionales de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en manos de quien está la misión de guiar la gestión de la empresa hacia la transparencia, buscando tener un impacto positivo con sus Stakeholders (Grupo de interés).
Actualmente se menciona la existencia de al menos ocho Stakeholders (los competidores, proveedores, entidades financieras, ONG’S, empleados, sociedad, estado y clientes), los cuales cada uno tiene incidencia que en los procesos de responsabilidad social empresarial, y sus vínculos directos con los códigos de buen gobierno corporativo.
En el caso del Gobierno Corporativo, este permite a los inversionistas conocer la realidad económica de la empresa, su situación financiera real, brindar mayor transparencia y por tanto mayor confianza. La aplicación de sus principios es decisivos no solo para la competitividad y viabilidad y además contribuirá en la continuidad de las empresas en especial en la actualidad, donde se han hecho usos inadecuados de la autoridad.
Por la anterior razón los profesionales de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables deben hacer aplicación de los códigos de buen Gobierno Corporativo mediante los esfuerzos conjuntos de la organización, por ser una herramienta idónea para que se puedan recuperar los niveles de confianza en la inversión, lo que conseguirá mejorar la competitividad.
La ley Sarbanes Oxley (SOX), se crea con el objetivo de establecer los mecanismos que se necesitan para que la organización realmente cumpla con lo establecido en cuanto a la transparencia, y a las buenas prácticas corporativas. Y aunque esta ley lleva a las empresas a realizar mucho más trabajo, es indudable que hace que los profesionales de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables deben estar mucho más preparados, con una visión que abarque el panorama global actual y que sea más integral, donde la ética esté como vadera de su gestión, con lo que se contribuirá a contribuir a la alta gerencia y las entidades cumplan con sus obligaciones y objetivos.
El Accountability es un mecanismo que permite valorar conceptos más amplios dentro de una empresa, mostrando no sólo resultados financieros en términos cualitativos y cuantitativos y trata principalmente sobre la obligación de rendir cuentas a la sociedad.
Para la gestión de los profesionales de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables el Accountability proporciona efectivas herramientas para la realización de auditoria, ofreciendo formación y certificación profesional; comprometiéndose a la investigación puntera y a la propugnación de políticas públicas.
Con respecto al Due Diligence permite a fortalecer las alianzas estratégicas de las empresas buscado obtener beneficios y desarrollo que contribuirá al mejoramiento general. El papel de los profesionales de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables es examinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones legales de dichas entidades, para evitar que en las fusiones y adquisiciones no existan transparencia y buscando subsanar desfases y desequilibrios culturales y organizacionales.
Por último, el Compliance la cual es una herramienta moderna, que busca que todos los miembros de la organización conozcan y apliquen el cumplimiento normativo, tanto interno como externo para el desarrollo empresarial. Esta tarea es frecuentemente realizada por el área de auditoría, quien hace el control y seguimiento de los planes establecidos.
Es importante resaltar que la RSE, Gobierno Corporativo, Ley SOX, Accountability, Due Diligence, y Compliance, son herramientas que se aplican en el campo de la administración, contabilidad y finanzas y dan respuesta a necesidades específicas dentro de la organización, afianzando mucho más la relación que debe existir entre la contabilidad y la administración, pues en cada una es necesario la intervención de profesionales de ambas ramas para asegurar que su implementación de realice exitosamente en las organizaciones y cumplan los objetivos para los cuales fueron creadas.
Además, estas herramientas facilitan la apertura económica y las estrategias competitivas que se amplían para no salir del mercado. Con la aplicación de estas herramientas en el ámbito empresarial se pueden determinar las debilidades y amenazas, buscando con ello soluciones que reflejen la realidad y por ende permitan operar con mayor transparencia y por tanto mayor confiabilidad.
El reto de los profesionales de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables es continuar la preparación y el conocimiento sobre nuevas prácticas que contribuyen al mejoramiento continuo de las organizaciones. Aplicando los principios de la RSE y Gobierno Corporativo, conseguirán aumentar los beneficios a sus agentes de interés y lo que además le generará valor agregado a su gestión.
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1. PhD en Administración, Universidad de León (España), Posdoctorado en Gerencia para el Desarrollo Humano, Universidad de los Andes (Venezuela). Docente Investigadora, Universidad Libre Seccional Cúcuta
2. PhD En Administración Pública, American Andragogy University (USA). Jefe Programa de Contaduría Pública. Docente Investigador Universidad de Medellí. email: arcano@udem.edu.co