João Alcione Sganderla Figueiredo*, Cleber Cristiano Prodanov**, y Valdir Pedde***
Recibido: 18-03-2010 - Aprobado: 29-09-2010
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ABSTRACT: This study addresses the topic of sustainability as a central element in the discussion of economics, politics and, above all, social justice, moral and ethics of societies. It also shows the etymological crisis within the expression ‘sustainable development’: although a fallacious discourse about the possibility of sustainable economic growth is widely disseminated, nature does not have the actual capacity for this. Key words: Sustainable Development, Social Justice, Ethics |
La principal propuesta sobre el desarrollo sostenible se refiere a que los intereses por el medio ambiente deben estar conectados a la protección ambiental, teniendo obligaciones con las generaciones humanas presentes y futuras. En el año 1983 fue creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo con el objetivo de conciliar el desarrollo económico y la conservación ambiental; en el año 1987 esta comisión publicó el Informe Brundtland, titulado “Nuestro Futuro Común”, donde apareció el conocido concepto de desarrollo sostenible, como veremos adelante.
La idea principal de este documento surgió en los años setenta por Maurice Strong e Ygnacy Sachs a partir del concepto de ecodesarrollo en la primera Conferencia de las Naciones Unidas (Estocolmo, 1972). El concepto fue aceptado e incorporado en Río-92 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro – Brasil, 1992), sirviendo de base para la formulación de la “Agenda 21”, a la que, se han adherido 170 países.
Aparte de esta concepción política y en la búsqueda de una perspectiva teórica, científicos sociales como Weinberg, Schneiberg y Pellow (1996) plantean que según las calidades que la literatura de las ciencias sociales atribuye al concepto de desarrollo sostenible, éste ha sido considerado como inútil y sin importancia para el análisis sociológico. Los autores enfatizan adjetivos como, vago, vacío, impreciso e inexpresivo para hablar de desarrollo sostenible (1996: 262). Lo que falta para precisar el concepto, según Lelé 1, (1991: 607) es un debate serio del tema, pues la falta de un consenso o la disparidad conceptual dentro de una misma ciencia es lo que llama la atención. Si por un lado el desarrollo sostenible se tornó palabra clave de las organizaciones internacionales, un símbolo para los planificadores de desarrollo, una temática de conferencias del “sur al norte” y un eslogan de movimientos ambientales; por otro lado, el desarrollo sostenible está pasando por un peligro real de ser algo demasiado general, un término que todos rinden homenaje, pero que nadie definiría con precisión.
Ante la multiplicidad de conceptos de desarrollo sostenible, específicamente en las ciencias sociales, este trabajo analiza el mismo a partir de una visión “global-local” y en su dimensión normativa, ética, moral, y de justicia social. Para Skirbekk (1994) la noción de desarrollo sostenible es una cuestión normativa y que exigirá de una discusión constante sobre las prioridades éticas. Lafferty y Langhelle (1999: 25) siguen la misma dirección y hablan que el concepto de desarrollo sostenible está volcado hacia el futuro y que es normativo en la medida en que dice cómo el futuro debe ser. Jacobs (1991: 77-78) confirma el supuesto sobre la cuestión ambiental cuando afirma: ningún concepto de protección ambiental puede evitar juicios de valor; así, sostenibilidad es un concepto ético. Más que un desarrollo macro teórico, lo que se busca es plantear las dificultades de implantación de lo que se cree desarrollo sostenible.
Se analiza los impactos de interrelación económica, social y ambiental de la globalización, de características liberalizantes, en el ámbito global y local. La fundamentación teórica liberal se caracteriza por ser, antes de todo, una manera inteligible de concebir formas de organización de la realidad, causas de los acontecimientos, explicaciones para los problemas ocurridos, soluciones a tomar, teniendo en el mercado su telos (fin) y en la ley natural su fuerza motriz.
Pero las soluciones liberales pueden tener sus desdoblamientos prácticos impulsados por otros factores que no necesariamente se ajustan con la ley natural. De entre ellos podemos enumerar la mentalidad capitalista, forjada a través de los siglos (tal vez asimilada como elemento antropológico) que constituye en su base (que es también su suelo fértil) el despotismo del poder económico, emprendiendo sí es necesario guerras para suplantar la “tiranía política” y echando mano de soluciones mediáticas de eficacia silenciosa y continuada en ambientes donde las primeras son prescindibles.
En las condiciones así establecidas dispuestas (individualismo, productivismo y consumismo) se consideraría al mercado como la causa de los problemas ambientales, y al final sería el mismo mercado quién aparecería como la solución. Hay entretanto, concepciones que, aunque no son dominantes, están dotadas de una consistencia teórica y ofrecen una visibilidad que extrapolan la esfera económica, el mito de la ley natural y la antropología del individualismo. Según esas concepciones, las soluciones de mercado no poseen la propiedad de dar cuenta de los problemas ambientales y sociales que, conforme se ha visto, más bien se intensifican.
Efectivamente es lo opuesto de lo que se ha implantado desde la globalización liberal, la problemática del medio ambiente adelantó la perspectiva económica que tenía hasta finales del siglo XX hacia una perspectiva política. La perspectiva económica tiene una concepción en que los recursos naturales serian inagotables, habiendo siempre una posibilidad de sustitución ante los avances biotecnológicos. Durante muchos años la forma de producción se orientó por este paradigma en los países desarrollados y fue objetivo perseguido por países en desarrollo; en el caso de América Latina se debe destacar que se aplicaron programas económicos de sustitución de importaciones.
La posibilidad de escasez de recursos naturales, la desmitificación del entorno tecnológico y la percepción de la degradación ambiental podría llevar a la incompatibilidad entre las necesidades para la habitabilidad humana y las condiciones que el planeta tierra podría ofrecer. Empezó a plantearse el tema del fracaso de la industrialización y de la modernización en curso, obligando a repensar los rumbos de la economía para la emergencia de un planteamiento político de la cuestión.
El cambio empieza a surtir efectos a fines de la década de los setenta, no por una perspectiva política propia, sino porque la propia economía discutida en el ámbito de un estructuralismo político. La presión del movimiento ambientalista, la evidente contaminación generada por la industria en países europeos y el temor de perdida de la calidad de vida fueron algunas de las cuestiones que generaron debate desde una perspectiva política.
Sin embargo, otra vez prevalecía fuertemente el enfoque de la teoría económica; según las concepciones neoclásicas y, tal como se ha analizado, la cuestión de la preservación ambiental es indisociable o aún compatible con el desarrollo de la economía, que se alcanza de acuerdo a las leyes del mercado (más aún en su forma globalizada). Es decir, un progreso económico [que] propiciará el desarrollo creciente de tecnologías limpias que serán responsables directas de corregir los problemas ambientales.
Presentando contrastes, pero constituyéndose de manera general afín a esa problemática conceptual, surge el discurso de la ONU que se presenta en la publicación del “Informe Brundtland en 1987”. Las Naciones Unidas pasan a evidenciar el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza como riesgo económico y en relación al futuro del planeta, exhortando al paradigma del desarrollo sostenible. Una de las principales definiciones, base para planteamientos del desarrollo sostenible salió de Brundtland: (...) el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo).
Aproximando la cuestión ambiental a la preocupación con relación al hecho de que el desarrollo económico causaría daños al medio ambiente2 se estableció en el informe la preocupación respecto a que, el segundo podría tornarse en un freno para el primero. Así, la degradación ambiental genera preocupaciones al surgir como componente al desarrollo económico, planteamiento diferente de la concepción política que concebía el problema del medio ambiente como, originado por el modelo de civilización.
Suscitando controversias, divergencias y de cierta forma produciendo distorsiones interpretativas, el Informe Brundtland considera que la causa del problema ambiental estaría relacionado con las cuestiones políticas, económicas – de visión aún conservadora – y por extensión a la pobreza del tercer mundo, que estaría fuera de la capacidad de los recursos tecnológicos para generar riqueza3.
Mantener expectativas ante los planteamientos del Informe Brundtland es posible aunque la cuestión de los problemas medioambientales no pueda ser reprimida, menos aún revertida. Hecho que manifiesta una propuesta de cuño liberal en sus supuestos especialmente en las cuestiones de desarrollo económico y la creencia en la solución tecnológica. ¿Podría incluso acusarla de simplista, por su visión primitiva de la cuestión ambiental y conservadora por desconsiderar o por desconocer el problema real de los países subdesarrollados? ¿Es posible que los recursos naturales de los países pobres estuviesen siendo utilizados más allá de su necesidad? ¿Podríamos pensar el caso o el supuesto exceso en la utilización de los recursos naturales en países del sur, como parte de la cancelación de la deuda externa? ¿Este “exceso” no estaría contribuyendo para la acumulación de riquezas en los países desarrollados?
¿Podemos confiar y creer en cambios a partir de los “informes” presentados (Brundtland, Agenda 21, etc.)? La impresión es que estos informes no despliegan una estrategia clara. Sus intenciones se paralizan en el discurso de crear riqueza social sin degradar el medio ambiente. Un enfoque ingenuo, en que todos los dilemas mundiales y problemas de desarrollo pueden ser integrados en una gran síntesis que se resuelve a favor de la vida humana y del plantea tierra. Así, no es de extrañar que el término desarrollo sostenible se convirtiera en los últimos años en expresión favorita de las grandes multinacionales y de propuestas (planos electorales) de gobernabilidad de un país4.
Ejemplos de aplicabilidad de los acuerdos muestran resultados negativos, tales como5: el acuerdo de la cooperación internacional de Estocolmo, según el cual, los países ricos destinarían 0.7% del PIB para ayudar a los problemas de desarrollo en los países pobres; en Río – 92 este acuerdo no llegaba a la mitad, lo que resultó en el tema de recuperar el compromiso de Estocolmo. El resultado, después de cinco años, en Asamblea Especial de Naciones Unidas fue que esta ayuda estaba disminuyendo, llegando a un 0,2%6.
Es evidente que la cuestión ambiental está ligada a las cuestiones económicas, políticas y socioculturales. Principalmente en un modelo vigente de los impactos y patrones económicos y sociales de producción y consumo (intercomunicados por el comercio y por las finanzas que constituyen en amenazas para el medio ambiente), la cuestión ambiental y el modelo de desarrollo económico son variables equivalentes al menos en uno de los sentidos. Schlesinger (2000) plantea que abordar la cuestión ambiental en un sentido más amplio, implica cuestionar el modelo de desarrollo. La precaución y la crítica que se debe tomar es que la degradación ambiental es otra consecuencia de la acumulación del capital (interno y externo) causante de la pobreza y de la miseria de algunas regiones.
Los procesos de liberalización del mercado moderno logran agravar la situación. La adhesión a la economía globalizada genera la liberalización para el capital internacional, que a veces retira de los países subdesarrollados la autonomía de producción, profundizando la división internacional del trabajo que conduce de nuevo a un uso intensivo de materias primas para las exportaciones.
En esta dirección Sklair (1995) plantea que el capitalismo global, o específicamente las corporaciones transnacionales, son fuerzas dominantes, en mayoría, superiores a los Estados. Esas corporaciones a través de la internacionalización de la producción y del comercio comandan un mercado que fácilmente convierte las inversiones en los países pobres en más desarrollo para los países ricos. Para garantizarse ese proceso se involucran en la elaboración del plan político de los países anfitriones, condicionando la gestión de los gobiernos locales. Se presenta una inversión de valores, en que las reglas de mercado se establecen por las disputas de regiones (Estados) que facilitan la imposición de las empresas multinacionales o nacionales (de grande porte). Sobre esta realidad no hay dialogo y negociación: símbolo del mercado moderno.
En este escenario el Estado/Nación se deteriora, perdiendo poder y autonomía en la regulación de la economía local. Así, la capacidad de coordinación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de proyectos sociales son deseos de difícil aplicación, ya que, en su mayoría no se aproximan a la lógica de mercado aplicada por las multinacionales y sus países de origen.
Un caso típico de controversia y sobre lo que incidió fuertemente el actuación política de las empresas multinacionales se encuentra en la formación política de los países, que en su mayoría se caracterizan por legislaciones o atribuciones diferentes. En el caso de Brasil tiene que analizarse la relación entre Gobierno Federal y Gobierno de los Estados y como se constituye el plan directivo de políticas nacionales. Ejemplo que aclara estas relaciones es la libertad que cada Estado (Provincia) tiene de cotizar algunos impuestos o de subvencionar determinada inversión. Esto provoca una disputa entre Estados de un mismo país por inversiones locales, beneficiando así a empresas multinacionales que instalan su negocio donde hay la mejor oferta. Entre ellas están: exención de tributos (impuestos), donación del terreno, construcción de la planta, recursos naturales disponibles sin fiscalización ambiental (si hay que cerrar los ojos, se cierran), mano de obra barata, etc.
Tratándose de Brasil es posible que eso explique por qué el Sur esté más desarrollado que el Norte y también la insuficiencia argumental de que el clima es un factor determinante para el desarrollo del Sur. Esas condiciones se contradicen con el porcentaje de industrias que salieron del sur rumbo al norte en los últimos años. ¿Qué condiciones hay en norte para el desarrollo de la industria de calzado o para el sector cuero, que en los últimos años migran de forma alarmante, si no el desequilibrio causado por las relaciones políticas de las empresas multinacionales que indujeron la “guerra fiscal”?
Así cuestionando las relaciones entre “Estado/Estado Mayor y Estado/Nación” y más allá de los planos que preconizan soluciones tecnológicas para un desarrollo limpio, analizamos que es imprescindible conocer la realidad local. A partir del plano general y considerando el desarrollo de la globalización se percibe que hay facilidad de obtener tecnologías, pero lo que falta es un plano de aplicación que derive de acuerdos entre los Estados. Sí es imposible pensar en teorías regionales sin un análisis global, uno de los principales errores está en pensar en un “macro sistema” sin una aproximación a lo local o, aún más grave, sin generalizar propuestas teóricas en el nivel global.
¿Querer es poder? o ¿Pueden y no quieren? Planes de desarrollo sostenible no significa aplicación de la sostenibilidad. “Querer” un desarrollo sostenible y “poder” aplicarlo puede ser la clave para este planteamiento. Schlesinger (2000) parte del principio de que algunos sectores de la economía se fortalecen con la liberalización del mercado y con lo que se entiende por sostenibilidad. Ejemplifica la relación variante en el coste de un puesto de trabajo de la industria automovilística, construcción civil y textil: puede llegar a una cifra de veinte veces mayor de la primera en relación a tercera y de treinta veces mayor en la primera en relación a la segunda.
¿Qué quiere decir el autor con este ejemplo? La comparación entre la industria automovilística de un lado y la textil y construcción civil de otro expone de manera clara a lo que equivale la opción por el desarrollo sostenible. Los últimos producen elementos básicos como vestuario, vivienda, escuelas, hospitales etc. Agregando el tema de la apropiación de la administración pública de la sociedad se observa que en cuanto la construcción civil y la industria automovilística disputan por espacios de recursos naturales no renovables como hierro y aluminio, el estado favorece la producción de automóviles abaratando el coste de esas materias primas a través de incentivos fiscales y subversiones, dificultando el acceso de otro sector, que podría ser más sostenible7.
Se percibe que la crisis ambiental es el resultado de un estilo de vida técnico mecanicista que ignora la forma de vivir de las culturas. Así, la crisis ambiental se enreda en una crisis de la moral, de las instituciones gubernamentales, de la justicia y de las relaciones sociales indignas. De acuerdo con el filósofo Arne Naess8 (Noruega) creador de la propuesta sostenible ecología profunda en la década de los setenta, (momento de la generalización, gracias al avance de los medios de comunicación, del funcionamiento de los ecosistemas, lo que lleva a la sociedad a modificar sus creencias a la inagotabilidad de los recursos naturales, contribuyendo para el origen del ecodesarrollo9 y desarrollo sostenible) la cuestión ambiental debe ser conducida más allá de una óptica económica. Según esa concepción es la voluntad ilimitada de los o/de algunos hombres, la responsable de los problemas ambientales. Se trata de comprender en que ámbito se sitúa el desarrollo sostenible, que su posibilidad es política y ética, más de que puramente económica y financiera. El desarrollo sostenible debe constituirse más allá de las imposiciones del libre comercio y que su estrategia se encamine hacia un modelo de apropiación más igualitario.
En está dirección Acselrad y Leroy (1999) plantean que el debate ambiental no puede caer en una lógica simplista de la eficiencia económica a las dimensiones sociales del planeta. Que la cuestión ambiental no deberá ser solo parte de un proceso de “economización” del planeta, sino una ampliación del ideal de justicia. Estas crisis son claves para percibir que el desarrollo sostenible no puede ser pensado como la reestructuración de lo económico para coordinar el desgaste de la naturaleza actual, para el disfrute de las próximas generaciones. Es algo mayor, que debe orientar a una nueva racionalidad social y productiva, que potencie [reordene] la ciencia y la tecnología, pero que esté fundada en una nueva cultura de principios éticos de la política.
Así, al modelo económico en curso, que está más allá del liberal, ya en el plan de la perversidad, presenta la alternativa del desarrollo sostenible de los recursos y del medio ambiente, especialmente de las formas sociales que se apropian de esos recursos. De esta forma el desarrollo sostenible debe partir de una posición democrática, en un proyecto de participación política, definiendo las formas de apropiación de renta, de la riqueza, de los recursos naturales, sociales y culturales. Hablar de sostenibilidad es sobrepasar cuestiones específicas de preservación ambiental, pero planteando una apropiación justa de los recursos naturales, siguiendo algunas cuestiones: ¿Qué producir? ¿Para quién y con que objetivos?
Teóricamente e independientemente del “poder”, la respuesta sería: desarrollar actividades productivas de bienes y servicios que respondan a las demandas básicas de las poblaciones y que generen al mismo tiempo el mayor número posible de puestos de trabajo, en detrimento de las actividades, incompatibles con la sostenibilidad.
Lutzenberger (1990) defiende posiciones muy próximas a Naess; entiende que es necesario sustituir las “tecnologías duras” responsables también de la degradación del planeta, porque originan más problemas de los que pretenden resolver, por “tecnologías blandas” que resuelven varios problemas al mismo tiempo mediante sistemas integrados10.
Así, la utilización de los recursos, la orientación y la evolución tecnológica deben ser seguidas por las instituciones mundiales en acuerdos que valoren el potencial actual y futuro de las necesidades humanas. La perspectiva de la integralidad y globalidad debe ser el principio de un desarrollo sostenible que alcance las dimensiones ecológicas, sociales y económicas.
Luego pensar en un desarrollo sostenible está más allá de buscar estrategias de producción y consumo (que es importante), pero también las formas de ser, estar y conocer. Esto pasa por las actitudes, seguidas por principios normativos que dependen de un mayor número de elementos. Herrero (2000: 109) plantea la necesidad del conjunto entre sistemas (naturales y sociales), dinámica de procesos (energía, materia e información) y escala de valores (ideas y ética); necesidad esta de valores necesarios para asignar y distribuir los recursos de forma equitativa, propiciando el desarrollo integral.
El problema del desarrollo sostenible no debe ser específicamente algo de responsabilidad estatal, pero sí puede el Estado ser el promotor de iniciativas que deben contar con los individuos, familias, empresas, asociaciones, ONG, etc... Los principios morales y éticos deben ser acordados por todos y las acciones políticas no pueden salir de esta línea.
Así, el entendimiento de un tema complejo como el desarrollo sostenible, requiere un cambio de cultura política, es decir, de valores, ideologías, princípios éticos. El concepto de sostenibilidad indica algo capaz de ser soportable y duradero, remitiéndonos a una idea de continuidad en el tiempo y en el espacio. Indudablemente, se trata de la emergencia de otro paradigma, para orientación de los procesos económicos y políticos, o sea, de una reevaluación de los relacionamientos de la economía y de la sociedad con la naturaleza, y del Estado hacia la sociedad civil.
Según Baquero y Cremonese (2006) una de las principales características del desarrollo sostenible, al contrario de la forma tradicional de desarrollo basada en la cuestión económica, se refiere no sólo a la protección del medio ambiente, sino, sobretodo, a las pessoas, sus necesidades y como ellas pueden ser satisfechas equitativamente en el contexto actual.
En este sentido, la integración y participación directa de los actores sociales se tornan fundamentales para que las acciones y proyectos desarrollados sean, de hecho, efectivos y sostenibles. Ello demanda la necesidad de que las instituciones y los individuos se involucren más fuertemente a favor de atender objetivos comunes, a través de una compreensión y reflexión acerca de un crescimiento social y económico sin agresión y consecuente degradación ambiental. De esa manera, importa que llevemos en consideración que el desarrollo sostenible exige un efectivo proceso de democratización de la sociedad, pues embasado por acciones colectivas que, a partir de la adopción de nuevos principios, pasan a gerenciar mejor los recursos naturales, sociales y económicos disponibles, visando revertir el actual cuadro de desigualdad social e inestabilidad ecológica.
Vol. 31 (4) 2010
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