Espacios. Espacios. Vol. 30 (2) 2009. Pág. 29
Ana I. Malizia1 y Guillermo Lombera2
Recibido: 03-03-09 - Aprobado: 04-05-09
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La actual política nacional en ciencia y tecnología en Argentina ha sido el fruto de un difícil camino que, lejos de haber sido un proceso continuo y sostenido en el tiempo, ha sido traumático y plagado de obstáculos, producto de un país que se ha visto sometido a permanentes interrupciones en sus procesos democráticos. Esta situación, aunada a los constantes cambios en las políticas nacionales micro y macroeconómicas, ha conspirado a la hora de sostener políticas de estado en el tema a largo plazo.
Si bien existieron históricamente en el país numerosas actividades en el campo de la investigación científica, estas se caracterizaron por su carácter aislacionista, con escasa interrelación y continuidad. Sus inicios estuvieron signados por un contexto cerrado y cuasi elitista a nivel académico, sin reconocimiento alguno a nivel gubernamental y social (Martínez Vidal, 2005).
En los comienzos de este proceso de evolución interviene como disparador, predominantemente, la creación de instituciones de educación superior. Así, ya en la época de la dominación española (1613) se crea en Córdoba la primera Universidad del país. Con posterioridad, se crea la Universidad de Nacional de Buenos Aires (1821) y a partir del siglo XX y hasta la actualidad, nacen las distintas Universidades Nacionales argentinas.
En la década del 50, y a partir de los recursos humanos formados en instituciones universitarias nacionales y del exterior son creados, entre otros, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de la Salud y el Instituto Nacional de Microbiología Malbrán. En 1958, se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Al finalizar la década del 60 y durante la década del 70, a pesar de toda la acción desarrollada, existía en el país una profunda confusión intelectual acerca de la tecnología, sus relaciones con la ciencia y la economía, y sus fuertes implicancias sobre la política. A nivel académico, se inicia entonces el debate entre ciencia básica versus ciencia aplicada y ciencia nacional versus ciencia internacional. Este debate se derrama luego a otros sectores de la sociedad. En la década comprendida entre 1968 y 1978 se constata la relación entre la "inversión en I+D" y el "crecimiento económico". Persistía, sin embargo, una fuerte confusión intelectual que se vería en parte aclarada con la aparición del trabajo de Sábato y Botana (1968). En el se esquematiza la desarticulación existente entre sectores y sintetizó, en el llamado "Modelo del Triángulo", las interacciones entre los tres vértices definidos como: sector gobierno (SG); estructura productiva (ES) e infraestructura científica-tecnológica (ICT). El modelo destacó la necesidad y urgencia de analizar las interacciones (intra, inter y extra-relaciones) entre esos vértices. En 1969 se crean en Argentina el "Consejo Nacional de Ciencia y Técnica” (CONACYT) y la "Secretaría del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica" (SECONACYT), que en 1972 se convirtió en "Subsecretaría de Ciencia y Técnica" (SUBCYT), y desde 1973 en la "Secretaría de Ciencia y Técnica" (SECYT), luego “Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva” y actualmente “Ministerio de Ciencia y Tecnología”. Estas instituciones tuvieron como políticas coordinar el crecimiento institucional y los nuevos organismos creados y definir políticas en ciencia y tecnología.
En las últimas dos décadas del siglo XX, con el advenimiento definitivo de la democracia, comienza a desarrollarse en nuestro país una actividad de vinculación de los sectores científicos y tecnológicos con los sectores productivos. Si bien a nivel político gubernamental no existía una idea acabada de lo que significaban los objetivos y la estructuración de un sistema científico-tecnológico nacional, existía una actividad incipiente en estos temas, traccionada por integrantes del sistema académico universitario que habían logrado tener, a pesar de los avatares políticos de las décadas anteriores, una continuidad en el sistema. Las grandes discusiones de entonces giraban en torno a la estructuración de un sistema científico tecnológico cohesionado, la propiedad intelectual e industrial y la transferencia tecnológica, ó más precisamente “transmisión”, para desvincular el término de connotaciones estrictamente economicistas. Es entonces que entre 1988 y 1989 comienza a esbozarse un proyecto de Ley Nacional de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, destinada a promover un cambio favorable a nivel del desarrollo, social, cultural y económico de la Argentina en base a los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos. La Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica (23877)1 fue sancionada en 1990 y reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional en 1992.
Durante principios de la década de los noventa, el impulso a esa ley estuvo dado a través de las actividades de difusión, reglamentación y adecuación de sus normativas en instituciones de investigación. Se logró la adhesión de todas las provincias, se puso en marcha el Consejo Consultivo Nacional y se habilitaron Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT).
Si bien la actividad generada en aquellos primeros años fue intensa, no fue suficiente para que en la década del 90 pudiera cristalizarse un "Sistema de Ciencia y Tecnología" orgánico.
Por razones de diversa índole, se produjo una parálisis e, incluso, retroceso en las políticas de ciencia y tecnología en Argentina y América Latina. En general Influyeron las interrupciones de los procesos democráticos, y más cercanamente en los 90, la aplicación del modelo neo-liberal y el proceso de globalización. No fue ajeno a este proceso el sistema educativo público argentino, que sufrió una degradación inusitada en todos sus niveles. En particular, las universidades nacionales argentinas subsistían con presupuestos ínfimos.
Respecto de las actividades de transferencia y vinculación tecnológica de las Universidades Nacionales, a fines de los noventa, se pone en marcha el Programa de Vinculación Tecnológica en las Universidades (PVTU), dependiente del Ministerio de Educación, con el objetivo fundamental de contribuir a la formación de recursos humanos especializados en el ámbito universitario y desarrollar metodologías de vinculación. Este programa, reunió a los responsables de gestionar las actividades de transferencia y vinculación tecnológica de las distintas universidades nacionales logrando generar, en la mayoría de ellas, las normativas de servicios a terceros. También permitió desarrollar distintas metodologías de encuentros, permitiendo la formación y capacitación de un número importante de representantes de las universidades nacionales.
En 1995 se promulga la Ley de Educación Superior (24.521)2, otorgando automáticamente el carácter de UVT a las Universidades Nacionales que, a partir de los mecanismos previstos por la ley, deberían dar agilidad administrativa a sus servicios y convenios con terceros.
En 1996, se crean, a nivel ministerial, el Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC), el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT). Se crea la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCT), con fondos provenientes del Estado Nacional y del BID, generando inicialmente el FONCYT (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología), y el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino).
Entre el 2000 y 2001 se produce una nueva crisis política de singulares proporciones, que sumerge al país en un nuevo caos político, económico y social. A pesar de los instrumentos generados hasta ese momento, la política científica y tecnológica nacional ingresa en un cono de sombra que diluye toda posibilidad de estructurar un verdadero sistema nacional de ciencia y tecnología.
A partir del 2002 se inicia una nueva etapa política, económica y social que genera una expectativa de cambio.
Con respecto a las Universidades Nacionales, en el mismo año, se crea el Programa para el Apoyo y Fortalecimiento de la Vinculación de la Universidad con el Medio Socio Productivo dependiente de la Secretaría de Políticas (SPU) Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Este programa respaldó fuertemente el desarrollo del trabajo a partir de la realización de una serie de encuentros nacionales y regionales, tendientes al fortalecimiento de la vinculación y a la conformación de una red de vinculación En el año 2003, y como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco de este programa se crea, en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y con el apoyo de la SPU, la red VITEC (Red de Vinculación Tecnológica de las UUNN) con el fin de promover un papel protagónico de dichas instituciones en la discusión de políticas de I+D. En el transcurso de estos años, dicha Red se ha avocado a recavar información acerca de la situación de las UUNN en cuanto a las normativas vigentes aplicadas en servicios a terceros y diferentes modelos de gestión que aplican las distintas UUNN. Si bien todas las universidades están trabajando en el mismo sentido, queda claro la enorme heterogeneidad imperante y la necesidad de generar un sistema común de informatización de la oferta tecnológica, la necesidad de generar indicadores de la calidad de la vinculación tecnológica, mecanismos de evaluación de dichas actividades, programas de formación y capacitación de recursos humanos en la temática, fuentes de financiamiento para proyectos y para constitución de oficinas de propiedad intelectual e industrial.
Vale destacar que durante el último bienio se asignaron mayores recursos para el desarrollo científico-tecnológico, que permitieron comenzar a subsanar algunos de los problemas acuciantes que presentaba la actividad: mayores fondos operativos; mejorar la eficiencia de la asignación de recursos y de sus sistemas de evaluación; comenzar a revisar los instrumentos de política, incentivando la demanda; etc. Estos cambios, si bien han comenzado, no se han producido conjuntamente en todas las instituciones que forman el complejo.
La Universidad Nacional de Mar del Plata fue creada el 30 de septiembre de 1975 por Ley 21.1393 (Mignone, 1998). La misma se constituyó sobre la base de la Universidad Provincial de Mar del Plata, que funcionaba desde 1961, y la incorporación de carreras provenientes de la Universidad Católica "Stella Maris", creada en la ciudad en 1958 (Dell’Oro, 2008). En la actualidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata está integrada por nueve Facultades en las que se dictan 78 carreras entre grado y postgrado. Asisten alrededor de 24000 alumnos y cuenta con diversos Institutos de Investigación, Centros de Especialización, Laboratorios, Centros de Cómputo, y bibliotecas generales y especializadas. La integran más de 300 grupos de investigación en diferentes temáticas, en los que se desempeñan docentes-investigadores formados en postgrados a nivel nacional e internacional y becarios de la propia UNMdP y de organismos nacionales de fomento a la ciencia y tecnología.
1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata
2 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata