Yajaira Freites
El proyecto de PPDS fue concebido originalmente por los científicos. Emergió a finales de los setenta, en el seno del Departamento de Medicina Experimental, cuando el entonces joven médico e investigador, Egidio Romano, se le ocurrió patentar algunos de los productos de su investigación en la hematología, pero no encontró tanto en el Instituto 2 como la industria farmacéutica venezolana un ambiente receptivo a su propuesta 3. Durante un año sabático en Canadá, en la Universidad de Alberta, observó la creación de empresas universitarias, destinadas a producir y comercializar ciertos resultados de las investigaciones. A su regreso entonces pensó seriamente en que el IVIC podía involucrarse con el procesamiento de plasma sanguíneo, si construyera una PPDS para tal fin (1978) (Freites, 1995:71). De esta manera, el IVIC satisfaría una necesidad, puesto que el país importaba los hemoderivados. Como puede verse el proyecto fue percibido como una respuesta a una necesidad del país identificada como tal desde el sector científico.
En consonancia con lo anterior, la factibilidad del proyecto fue percibida, en un primer momento, exclusivamente desde el punto de vista científico. El promotor juzgaba que la tecnología existía y que había en el país capacidades científicas para manejarla, puesto que se trataba de una tecnología aparentemente disponible y que su apropiación no requería “de gente de mente superior”, hoy diríamos con dominio tecnológico. El optimismo se basaba en que ya desde 1948 se conocía en la literatura científica los trabajos básicos sobre fraccionamiento de plasma y por tanto era un conocimiento del dominio público, supuestamente. Claro está, eso no implicaba que fuera lo mismo respecto al proceso industrial; las particularidades de la transferencia de tecnología no fueron percibidas en ese instante.
En cuanto a la materia prima, la sangre, estaba disponible; en ese entonces (mediados de los setenta) se contaba con un buen sistema de recolección de sangre, basada en la donación voluntaria. En Venezuela la ley prohibe la comercialización de la sangre, por tanto no en un objeto de lucro; pero faculta al Estado a procesarla industrialmente, pudiendo delegar en un ente como el IVIC el realizar esa actividad. En consecuencia, se contaba con la materia prima.
La justificación científica señalaba que el procesamiento de plasma sanguíneo permitiría que se usaran inmunoglobulinas producidas en el país, pertenecientes a sus gentes, que tendrían anticuerpos contra las enfermedades propias del país (Freites, 1995: 71). Con este argumento se tocaba la fibra sensible del nacionalismo.
Una justificación económica también fue desarrollada. Esta se sintetizó en: i) el ahorro de divisas para el país, puesto que dejaría de importarse un monto considerable de hemoderivados; y ii) el carácter estratégico de una industria de hemoderivados. Ambos puntos forman parte de la visión de la industrialización por sustitución de importaciones que había sido la orientación de la política promocionada por el Estado venezolano desde 1958.
El mercado como tal no aparece, pero se deduce de los documentos que la PPDS abastecería la demanda de entes de salud a cargo del Estado: la red hospitalaria del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); demanda hasta entonces satisfecha por la importación.
Finalmente, la existencia de la capacidad científica del IVIC en el área de la hematología, permitió justificar por qué el Instituto podía hacerse responsable de ejecutar el proyecto. Parte de ello se expresó en la escogencia de la tecnología que habría de usarse. Se decidió que era más conveniente para los intereses [del IVIC] el solicitar que se presentasen tecnologías llave en mano “turn key” (Callarotti y Romano, 1981:6). Pero esta conducta difería de la seguida por los industriales venezolanos, que simplemente compraban la tecnología sin mediar una evaluación. Los científicos promotores, ya a Romano se había agregado el ingeniero Roberto Callarotti, se impusieron la tarea de evaluar las alternativas que se les presentaban y entonces escoger; se trataba de un proceso consciente de adquisición, en términos de los objetivos que tenía el proyecto de procesar los más importantes productos del proceso de fraccionamiento de plasma sanguíneo (Freites, 1995: 73). Esta era una tarea que científicos del IVIC se sentían en capacidad de realizar. En ningún momento se habla en esa etapa de una transferencia de tecnología y por consiguiente de aprendizaje; y mucho menos de una relación entre la planta y los laboratorios del IVIC. En consecuencia, el proyecto no tendría que ir en contra de las directrices de la cultura de ciencia básica del Instituto.
Las justificaciones científicas, económicas y tecnológicas ayudaron a las autoridades del IVIC a conformar una proposición atractiva que le posibilitó, a la larga, el establecer alianzas estratégicas con la burocracia del Estado, en especial con la del MSAS y con los políticos en el Congreso que asignaban los fondos al Instituto. El construir esas alianzas era importante porque hasta ese entonces, el IVIC se había comportado como una organización interesada en el desarrollo del conocimiento básico, y por ello, sus nexos estaban más orientados al mundo de la academia. La nueva orientación de l IVIC, a pesar de seguir interesado en la ciencia básica, de buscar liderar y llevar a cabo un proyecto de utilidad mediante para el país, tuvo un impacto positivo en los grupos con los cuales se deseaba establecer esas alianzas estratégicas (Freites, 1995:76). Así durante las gestiones administrativas de Luis M. Carbonell (1979-1980) y luego de Miguel Layrisse (1908- 1984) el IVIC consiguió apoyo dentro del MSAS, así como los fondos iniciales para las primeras fases de la construcción física de la PPDS. Y el entonces Presidente de la República -Luis Herrera Campins- colocó la primera piedra del edificio (1982). En consecuencia, la iniciativa se mantenía dentro de los límites del ámbito académico; y los científicos tenían confianza en que ello pudiera continuar así.
La crisis económica que se desencadenará a partir de 1984 y que afectó el gasto del Estado venezolano del cual depende el IVIC, afectó las primeras inversiones en la planta, que le eran dadas a través del presupuesto del Instituto. La búsqueda de alternativas financieras a través de créditos de la banca pública y privada fue infructuoso, por cuanto aquella la veía como una empresa arriesgada, además propuesta por un grupo de científicos, que no tenían ninguna noción de los negocios; lo cual en cierta forma era razonable pensar así, dado la escasa vinculación en el país entre la academia y la industria, hasta ese entonces.
Pero la crisis también permitió poner atención en otro tipo de problemas que hasta entonces había sido soslayado ¿cómo la planta iba a ser construida y puesta en marcha dentro de la rígida estructura académico-administrativa del IVIC? Ya ésta mostraba como se podían perder oportunidades en esta primera fases del proyecto como era la contratación de obras, de personal, y como resultaba poco flexible para ejecutar de una manera mas fluida el poco presupuesto que le era asignado al proyecto.
Así en la búsqueda de tener un perfil económico atractivo y con visos de factibilidad, que permitiera acceder a fondos distintos a los otorgados por el Estado, se contrató un estudio como tal. Y es allí donde surge la idea de crear una empresa para construir y hacer funcionar la PPDS, en el cual el IVIC tuviera participación. Posiblemente ya la misma existiera en la cabeza de Romano dado su experiencia en la Universidad de Alberta; pero fue expuesta como tal en el estudio de factibilidad económica realizado por el Instituto de Estudios Avanzados en Administración (IESA, 1984:2), un instituto académico privado de prestigio en el campo económico y gerencial. Dado que el plasma sanguíneo era un asunto que concernía al Estado, propusieron una empresa privada pero controlada por el Estado, a través de la participación del IVIC y del Ministerio de la Defensa, dada la índole estratégica de la industria que se pretendía construir. Sería una empresa privada aunque con finalidad social, permitiría asegurarse que fuese manejada con criterio económico, asegurándose la recuperación de la inversión, pues su rentabilidad estaba asegurada ya fuesen los inversores el Estado o el sector privado; las ganancias serían canalizadas hacia su mantenimiento y a las actividades de investigación y desarrollo dentro de la misma o fuera de ella.
Así, el informe de viabilidad económica del IESA (1984), dio respetabilidad económica al proyecto científico, al asegurar su rentabilidad y la factibilidad de autofinanciarse una vez puesto en marcha. Este argumento junto con el de utilidad social del proyecto, fue usado por las autoridades que se sucedieron en la jefatura del IVIC, encabezada por Boris Drujan (1985-1988) para buscar alternativas financieras fuera del presupuesto del Instituto. A la par, Drujan pensaba que debía haber alguna forma institucional de mantener el proyecto de la PPDS dentro de la esfera de acción del IVIC, pero fuera de las restricciones de su estructura academico-administrativa.
En parte como una respuesta a los problemas financieros y organizativos del proyecto, al interior del IVIC se había constituido a mediados de los ochenta un grupo de trabajo que funcionó como una interfase previa a la creación de Quimbiotec, la empresa; el grupo estudió las alternativas financieras destinadas a construir la planta, y empezó también a encargase de esta tarea también. El grupo concluyó que era el mismo Estado Venezolano quien debía financiar el proyecto de PPDS, y para acceder a sus fondos debía utilizarse la figura del crédito público. Pero el Estado venezolano es complejo y tiene varios entes encargados de financiar; entonces al grupo de trabajo le fue necesario identificarlos, detectar sus intereses y establecer los mecanismos de cómo el crédito público funcionaba. Así mismo, la administración de Drujan también intuyó que el proyecto la PPDS tendría futuro si se realizaba fuera de la estructura administrativa del IVIC, aunque no separado de aquel.
Dada la importancia de los aspectos financieros y las necesidades de construir una obra de ingeniería de ciertas dimensiones, se requerían de otros conocimientos y habilidades gerenciales para impulsar el proyecto en esta nueva etapa; el primer indicador de ello fue el cambio en la gerencia del proyecto. Del seno del grupo de trabajo, emergió el nuevo gerente del proyecto; un ingeniero civil, con experiencia en haber conducido su propia empresa de construcción y con formación de gerente: Bernardo Pérez Jurado; él, al igual que en una época Romano, asumió la conducción del proyecto; en esta etapa consistía en diseñar y llevar a cabo la estrategia de obtener los recursos financieros estatales y ejecutar la obra civil de la planta. A la larga él se convertiría en el gerente de Quimbiotec. Ocurrió entonces, una “delegación” 4 de las tareas hasta ahora realizadas por los científicos, pasando estos a supervisar el proyecto, que cada vez mas era el campo de acción de la interfase o grupo de trabajo.
Un integrante del sistema financiero regional, la Corporación Andina de Fomento (CAF) otorgó el primer crédito al proyecto, basado en que la existencia de una PPDS sería de utilidad para los países de la subregión (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) 5. Hasta ese entonces, el Estado Venezolano había financiado el proyecto por via indirecta: el presupuesto del IVIC; pero el aval de un ente financiero multilateral, impulso a que otorgara otros créditos públicos para la construcción de la planta. Pero se requería una vinculación financiera mas estable; ello se logró cuando en 1988 el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), un ente del Estado, accedió a ser el socio menor del IVIC al conformar una empresa pública, suscribiendo unas cuantas acciones, y aportando recursos financieros para el flujo de caja del proyecto. La empresa, que ahora en adelante se haría cargo del proyecto de la PPDS, se denominó Quimbiotec, C.A.; la construcción de la interfase se había completado.
Así la construcción de la interfase empresarial se revela como producto de un doble proceso; uno relacionado con el cambio en las condiciones económicas y sociales del país en las cuales el proyecto fue planteado; segundo, vinculado a la experiencia institucional de las autoridades del IVIC, quienes debieron cambiar sus enfoques organizativos en la medida que estás fueron enfrentándose a los problemas concretos de llevar a la práctica la creación de una PPDS.
2 Ya para ese entonces, los investigadores en la catálisis y la electrónica estaban por emigrar del IVIC. Los primeros al INTEVEP (1976), el instituto de investigación de la industria petrolera venezolana (Freites, 1984; Vessuri, 1984) y los segundos, crearon la Fundación Instituto de Ingeniería (1980) (Freites, 1984; Callarotti, 1997).
3 La ley venezolana de Propiedad Industrial, todavía vigente, prohibe el otorgamiento de patentes farmacéuticas, en razón de lo cual no hay ningún incentivo a la innovación, pero tampoco a la fabricación de medicamentos genéricos; y por consiguiente, se entiende que las empresas no estuvieran interesadas en la proposición de Romano.
4 A los científicos vinculados al proyecto les gusta hablar de delegación y no de traspaso.
5 Quimbiotec donó 10.000 cc. de albúmina humana a Colombia a raíz del terremoto de enero de 1999, que destruyó a Armenia, la zona cafetalera de dicho país; Vid. IVIC (1999).