Isabelle Sánchez Rose1
| RESUMEN
El documento presenta los resultados de una investigación dirigida a evaluar las agendas desarrolladas por el Conicit, como un mecanismo para la formulación de políticas públicas en ciencia y tecnología, a través del estudio de una experiencia particular como es el de la Agenda Salud en Estados Frontera. Se presentan los elementos conceptuales contenidos en la propuesta de agenda y se presentan los resultados generales del estudio realizado. |
ABSTRACT
The document presents the results of a research oriented to evaluate agendas developed by CONCIT as a mechanism devoted to create public policies on science and technology, through the analysis of a particular experience such as Health agenda on border states. Conceptual elements are included in the proposed agenda, and the general results found in the research. |
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A mediados de la década de los noventa, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) de Venezuela, inició una experiencia de política pública denominado las «Agendas de innovación». La agenda no parte de aplicar un modelo preexistente, sino de un intento por dar una respuesta local a los cambios que se prefiguraban en el contexto global, cuya única idea clara era orientar la investigación para contribuir a la solución de los problemas y mejorar la calidad de vida de la población, generando así un nuevo contrato social.
Desde el inicio de esta experiencia, en 1995, hasta finales del año 1998 se habían conformado 16 Agendas. El documento presenta los resultados de una investigación dirigida a evaluar las agendas a través del estudio de una experiencia particular como es el de la Agenda Salud en Estados Frontera, la cual se orientaba a la generación de conocimientos, tecnología e innovación para atender los problemas de salud pública y condiciones de vida en los estados de fronteras (Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Trujillo y Zulia).
La década de los 90’ se vio signada por profundas transformaciones que obligaron a un replanteamiento de la concepción de desarrollo y el papel que debía desempeñar la ciencia y la tecnología para responder a las exigencias del mundo globalizado. En este contexto, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas inicia el proceso de “repensar el CONICIT”, a mediados de 1994. El proceso se inicia con una consulta (intra y extra-institucional) centrada en la interrogante sobre “¿qué debe hacerse en materia de política de ciencia y tecnología para Venezuela?”. Una de las respuestas sobre la que hubo mayor consenso fue la necesidad de desarrollar estrategias y dispositivos novedosos que permitieran una verdadera articulación entre el conocimiento y la investigación con las necesidades y oportunidades de la sociedad (Rengifo, 1998).
Un año después se presentan los resultados de la consulta realizada en un documento titulado “CONICIT hacia un nuevo concepto, hacia otros modos”, en el que se define la nueva misión y los lineamientos propuestos para responder a las nuevas características del entorno. La nueva misión del Conicit consiste en: “... contribuir al desarrollo de los procesos de creación, difusión y uso del conocimiento científico y tecnológico, enlazando la investigación (científica y tecnológica) y el conocimiento con el país, mediante el diseño, promoción y coordinación de una amplia red de iniciativas, con participación de los diversos actores sociales pertinentes, para así potenciar la capacidad de innovación de la sociedad venezolana y mejorar la calidad de vida de su población, todo ello inspirado en principios de democracia, equidad y sustentabilidad ambiental y orientado a la promoción y la valoración social de la investigación y la innovación” (Conicit, 1996).
En el marco de este planteamiento, Conicit comienza a hablar del surgimiento de un nuevo contrato social cuyo propósito fundamental es que la investigación produzca resultados para la sociedad, convirtiéndola en un asunto de interés colectivo. En este nuevo contrato, la sociedad a través de fondos públicos apoya la investigación; apoyo que tiene que ser retribuido con soluciones. La rendición de cuentas pasa por la demostración de utilidad (Ávalos, (1996). Este contrato aparece en contraposición al contrato social precedente, caracterizado por el principio del “mecenazgo”, con el cual se financiaba la actividad científica, a cambio de que ésta satisficiera los criterios de calidad establecidos por la propia comunidad científica.
El clima de transformaciones conceptuales, organizativas y funcionales que abrió la búsqueda de nuevos modos, nuevos actores para nuevos tiempos y nuevos desafíos propició las condiciones para que la idea de las Agendas fuera tomando cuerpo como un programa de acción especifica.
La agenda es un instrumento para el diseño y la formulación de una política pública en ciencia y tecnología orientada a satisfacer, de manera concertada, las demandas de conocimiento en los espacios de actuación de los actores sociales y productivos, ampliando así el campo social de actuación. Otra connotación del concepto, la concibe como un modo de gestión institucional en los cuales los procesos tecnológicos son constructivos e interactivos, las formas de organización son multinstitucionales e interdisciplinarias y los productos asociados a éstos son innovadores e insertados en el mercado y en la sociedad civil. Por último, este concepto remite al proceso mismo de las agendas del Conicit. Estas tres connotaciones permiten distinguir los tres niveles de análisis que pueden aplicarse a las agendas.
El núcleo básico que define las agendas es la noción de red: redes de actores que definen redes problemáticas para ser enfrentadas por redes de conocimiento, a partir de la confluencia de recursos y capacidades interinstitucionales, posibilitando la incorporación de las redes de usuarios-beneficiarios-clientes del proceso.
Las agendas constituyen un modo de gestión que promueve la participación como mecanismo para la construcción de política en ciencia y tecnología, apoyado en la comunicación, la confianza, la cooperación y la creación de sinergias. La participación de los más amplios y diversos sectores de la sociedad en el proceso de diseño, construcción y decisión de las agendas, le confiere legitimidad a los objetivos definidos entre los actores, a la inversión destinada para su funcionamiento, así como los potenciales beneficiarios de dicha inversión. Las agendas introducen un elemento inédito en el esquema de toma de decisiones dentro de la administración pública (Zavatti, 1998). Ahora, son varios actores los que participan en el diseño de las políticas y que establecen prioridades para la inversión. A través de este mecanismo se incorporan otros actores, públicos y privados, en la estructura de decisión, como socios del proceso.
En este punto es necesario destacar la importancia de la asociatividad para la sustentabilidad y viabilidad del mecanismo propuesto. Es en el espacio de construcción de las agendas donde los integrantes establecen sus compromisos, aportes y responsabilidades en la administración de los fondos y en el acompañamiento del proceso en todas sus fases. La viabilidad de las agendas se apoya en los vínculos que unen los distintos actores asociados a la red; la fortaleza de los vínculos que se establezcan entre los socios y aliados, garantiza el cumplimiento de los resultados esperados, al convertirlos en sus “dolientes” naturales.
La iniciativa para la conformación de una agenda puede partir de cualquier actor social que defina un campo problemático relevante, pertinente y oportuno, en torno al cual se estructure una red que articule recursos y capacidades. La agenda así definida establecerá proyectos de acción que traduzcan criterios, temas y demandas específicas, enmarcado dentro de un proceso de negociación entre los actores involucrados. El resultado es una demanda pública a las capacidades locales en forma de proyectos que son evaluados a partir de criterios de calidad profesional, factibilidad tecno-económica, pertinencia socio-económica y, también, del potencial de asociatividad, esto es, de articulación de redes socio-técnicas que generen dichos proyectos.
Pueden distinguirse dos tipos de resultados asociados a las agendas: los “resultados de las agendas” y los “resultados de los proyectos de agenda”. Los resultados de las agendas son principalmente los proyectos de acción identificados; mientras que los resultados de los proyectos de agenda, serían los productos que derivan de éstos. Es conveniente señalar que los resultados de las agendas, no necesariamente se expresan en términos de proyectos, pudiendo adoptar formas tales como: alianzas, convenios, redes, sistemas de información o proyectos de variada índole.
En las agendas es fundamental el tema de la transferencia de los resultados de los proyectos, constituyendo de hecho, uno de los criterios de elegibilidad de los mismos. La incorporación de los usuarios en los estadios de diseño y desarrollo de los proyectos le confiere a los mismos viabilidad y, desde cierta perspectiva, desarrollo “a la medida” de los clientes-usuarios (pudiendo incluso hablar de validación de los resultados). Los usuarios pueden entrar en el proceso en dos estadios: en el proceso de construcción de las Agendas, definiendo y “estructurando la demanda de conocimiento” y como usuario de los resultados finales de los proyectos de agenda. Sea cual sea la modalidad de su participación, su rol es primordial como demandantes de los productos de conocimiento, por el aporte al financiamiento de los proyectos y como receptores directos de los conocimientos y las tecnologías desarrolladas.